El hambre que afecta a más de 870 millones de personas en el mundo se ha agudizado en los últimos días en la frontera norte de Colombia. Las recientes medidas de control del país vecino para evitar la salida de alimentos hacia Colombia han empezado a generar una crisis humanitaria entre los 40 mil indígenas asentados en la franja fronteriza, cuyo escalamiento puede llevarnos a una aguda crisis humanitaria en la península.

Desde hace décadas el extremo norte de La Guajira ha funcionado como una zona marginal, rural y suburbana de Maracaibo. Los alimentos no van en una sola dirección. Cuando el bolívar era considerado una moneda fuerte, los excedentes de la agricultura y la pesca wayuu, así como miles de cabras y ovejas, tenían como destino el mercado venezolano. Ahora Venezuela afronta un inocultable y agudo desabastecimiento interno, por lo que ha adoptado férreas medidas de control. En los círculos oficiales del vecino país suele culparse a los wayuu del desabastecimiento de estados como el Zulia. Esa apreciación injusta ha llevado a la estigmatización de los indígenas y al aumento de los incidentes entre estos y las fuerzas armadas venezolanas.

A todo ello habría que sumar los efectos del cambio climático. La península afronta hoy una prolongada sequía, debido a la cual no es posible contar en estos momentos con agua suficiente ni con la producción derivada de la agricultura familiar wayuu y la recolección de frutos silvestres. Viejas prácticas de recolección y consumo de alimentos como el trupillo y otros vegetales han caído en desuso y los nuevos patrones de consumo han minado la relativa autonomía alimentaria de sus habitantes. El precio de los alimentos provenientes de Colombia es tres o cuatro veces mayor que el de los obtenidos del otro lado de la línea limítrofe y su circulación se ve afectada por la dificultad en las vías de comunicación y la dispersión de los asentamientos de la población local.

Las autoridades colombianas preparan un plan de choque para la distribución de agua y alimentos, lo cual podría atenuar temporalmente la crisis alimentaria, pero no solucionarla definitivamente. Se requiere adoptar políticas integrales que incluyan el fortalecimiento de las actividades económicas tradicionales wayuu, el mejoramiento de las vías de comunicación, revalorar los conocimientos indígenas en materia alimenticia, propiciar el almacenamiento y facilitar el acceso económico a los alimentos colombianos de los grupos familiares más pobres.

El hambre es la manifestación más extrema de la pobreza y la privación humana. Actualmente el 59,1% de los hogares de La Guajira se encuentra bajo inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica de la población menor de cinco años es de 27,9%. Estas cifras deberían despertar una alarma nacional. Los organismos internacionales han dicho que el hambre no es una fatalidad a la que una parte de la humanidad esté predestinada. Es simplemente el resultado de la injusticia.

Por: Columnista invitado
Weildler Guerra Curvelo