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El modelo minero – energético, contrariamente a lo que pretende hoy mostrarse en la retórica del gobierno colombiano, tiene antecedentes que se remontan a más de medio siglo, en los años 50’s, tiempos en los que el Banco Mundial (BM) -al que algunos consideran como el intelectual orgánico del capitalismo- con su falacia del desarrollo colonizaba los territorios latinoamericanos y definía a Colombia como un país subdesarrollado que encontraría su salvación con el extractivismo.

 

Breve retrospectiva al conflicto minero – energético y las luchas por el agua en Colombia

 

Por: Danilo Urrea CENSAT Agua Viva Amigos de la Tierra – Colombia

“Wathever tomorrow brings I’ll be there with open arms and open eyes”

INCUBUS

 

Abordar los conflictos ambientales que hoy tienen lugar en Colombia por el modelo extractivo minero – energético implica, necesariamente, dar una breve mirada a la manera en que se vienen construyendo las condiciones de posibilidad para imponerlo desde lógicas no necesariamente unitarias, pero sí afines en su conjunto a intereses corporativos trasnacionales.

 

El modelo minero – energético, contrariamente a lo que pretende hoy mostrarse en la retórica del gobierno colombiano, tiene antecedentes que se remontan a más de medio siglo, en los años 50’s, tiempos en los que el Banco Mundial (BM) -al que algunos consideran como el intelectual orgánico del capitalismo- con su falacia del desarrollo colonizaba los territorios latinoamericanos y definía a Colombia como un país subdesarrollado que encontraría su salvación con el extractivismo. Así, ya en la mitad del siglo pasado se construían los primeros emprendimientos de megarepresas sobre el Río Anchicayá, en el departamento del Valle del Cauca, al suroccidente del país.

 

Posteriormente, los postulados del BM expresados en el Programa de Petróleo, Minería y Gas, se empezarían a materializar en emprendimientos mineros de gran escala, como los ubicados al norte del país, en los departamentos de La Guajira y El Cesar, con las explotaciones de carbón de El Cerrejón y La Loma, respectivamente. Luego de algunos años en que parecía generarse un mínimo proceso de industrialización en el país -manufactura e industria liviana-, diversificando de manera parcial la economía primaria basada en la explotación y exportación de bienes naturales, se empezó a aplicar con todo rigor la teoría neoliberal bajo la doctrina de la apertura económica. Con la llegada de la Constitución Política de 1991 -fruto del proceso de desmovilización del Movimiento Guerrillero 19 de Abril (M19), los conceptos de liberalización de los servicios públicos y la participación del sector trasnacional en el manejo de las aguas y la energía permitían vislumbrar lo que sería el futuro pensado por las aristocracias y burguesías para Colombia. En la década de los 90s estuvo al orden del día la entrada del capital extranjero y una progresiva reprimarización de la economía. En lo referido estrictamente al modelo minero – energético, y más puntualmente a la minería como una de las actividades de mayor atención de parte de los gobernantes en matrimonio con la inversión extranjera directa, se empezaron a entregar condiciones necesarias para la ampliación del modelo. Se realizaron las primeras reformas al viejo código de minas y se generó toda una estrategia de estigmatización y ataques directos a los pequeños mineros, principalmente a los del Sur del departamento de Bolívar, ubicado en el Norte de Colombia, dando paso a la represión de las resistencias, al desplazamiento y despojo que hoy nos es cotidiano.

 

En el inicio del siglo XXI, se puso en marcha la estrategia que sería famosa en los años posteriores, conocida como la construccion de las leyes del despojo. Con la expedición de la ley 685 de 2001, más conocida como el Código de Minas, escrita al sabor de intereses trasnacionales, y con la orientación y asesoramiento de las agencias canadienses ACDI y CIERI se declaró la actividad como de interés general y utilidad pública. Esta definición de la actividad minera ha sido estratégica para garantizar la entrada del modelo minero, no solamante en Colombia, también en diversas partes de América Latina. Con la puesta en marcha de una legislación para garantizar el despojo, desaparecieron paulatinamente las empresas estatales para el aprovechamiento minero, CARBOCOL y MINERCOL, limpiando así el camino para la entrada del modelo trasnacional. Con la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez, entre los años 2002 y 2010, se desplegó una nueva estrategia bajo la denominación de seguridad democrática. Ésta fue presentada, principalmente, como una estrategia contrainsurgente y aseguraba la victoria militar en 4 años frente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC1.

 

En esos 8 años de seguridad democrática se combinó la militarización de los territorios con la construcción de muchas otras leyes del despojo (leyes de aguas, forestal, estatuto rural, de aguas, de páramos2, etcétera) que entregaron resultados contundentes para la implementación del extractivismo. Entre el año 1997 y el 2008 se despojaron a sangre y fuego, principalmente por parte del paramilitarismo, un aproximado de 8 millones de hectáreas, dejando 4 millones de personas desplazadas de sus territorios donde hoy se instauran y proyectan grandes emprendimientos extractivos. Así, Colombia recuerda que el argumento referido a una estrategia constrainsurgente se convirtió en realidad en herramienta fundamental para garantizar la inversión extranjera directa y la corporativización del Estado colombiano, asegurando al mismo tiempo la impunidad en los crímenes económicos y ecológicos del aparato trasnacional.

 

En esas condiciones, el gobierno de Juan Manuel Santos (desde el 2010 hasta la actualidad y en perspectiva reeleccionista) presentó como el corazón de la economía colombiana a la locomotora minero – energética. Como se advierte, dicha locomotora no es una invención fabulosa del mandatario de turno, ha sido abonada desde modelos colonialistas impuestos por las Instituciones Financieras Internacionales -IFIS-, y garantizada en el pasado reciente del país sudamericano con seguridad democrática. El modelo actual y su analogía de engranaje moderno representado en la locomotora, presenta una clara falacia que quisiéramos ahora recrear.

 

Se presume a Colombia como un país minero, cuando las experiencias de minería, principalmente a gran escala, han resultado nefastas para el país tanto en aspectos sociales y ambientales como en aspectos económicos. La minería en el Norte colombiano ha dejado como consecuencia el desplazamiento de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas, problemas irreversibles para la salud comunitaria, conflictos ambientales por el agua y la soberanía alimentaria; y pérdidas estatales con transacciones de minas que fueron ofertadas a compañías trasnacionales por una cuarta parte de la inversión que se había realizado en ellas, como en el caso de El Cerrejón. Treinta años de gran minería son sinónimo de conflictos, muerte y destrucción.

 

A febrero de 2011 se habían solicitado en el país un número cercano a las 42.000 títulos, y la cantidad entregada para ese entonces fue calificada por Carlos Rodado, exministro de Minas y Energía, como una piñata minera, sin ninguna planificación estratégica ni control de parte del Estado. El gobierno Santos ha generado grandes cambios institucionales para continuar las garantías de imposición del modelo. Las transformaciones consisten, entre otras, en la construcción de agencias que reemplazan a los ministerios e instituciones estatales que otrora entregaban las licencias ambientales y los títulos mineros. El Ministerio de Ambiente no es ya el encargado en cabalidad de entregar la licencia ambiental, esta función ha pasado parcialmente a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA. Por otra parte, el Instituto Geológico y Minero -INGEOMINAS- ha desaparecido dando paso al Servicio Geológico Minero y la Agencia Minera, ésta última encargada ahora de entregar los títulos mineros. Estas modificaciones se consideran parte de la estrategia de corporativización del Estado, que paulatinamente va generando condiciones a los agentes trasnacionales para funcionar de manera más eficaz en su intento por hacerse con tierras para la exploración y posibilidad de explotación minera.

 

Como se sabe, las amenazas sobre los territorios se presentan justamente en importantes zonas de protección, como los páramos o los parques naturales, por su composición fisico – biótica y la gran cantidad de minerales de alta calidad que albergan. Al mismo tiempo, los territorios en los que se proyecta la minería son de configuración campesina e interétnica -indígena y afrodescendiente. Estas dos condiciones, territorios que deben ser objeto de protección especial por ser parte de la estructura ecológica que garantiza la superviviencia, y lugares de confluencia y habitar interétnica, constituyen elementos que entran en conflicto con el extractivismo actual.

 

Hace algunos años, los debates que se dieron en Colombia frente a la minería involucraban principalmente interrogantes sobre las regalías, la nacionalización y la distribución de la renta. Hoy ha habido un punto de giro considerable. Las comunidades, académicos, activistas, ambientalistas, etcétera, tienen como horizonte de debate y sentido la defensa territorial, y en ella fundamentalmente la lucha por el agua.

 

Un ejemplo de lucha vistoriosa por el agua. En el año 2010 la empresa canadiense Grey Star presentó el proyecto Angosturas con la intención de realizar una explotación de oro a cielo abierto en el Páramo de Santurbán, una cadena de alta montaña ubicada en el departamento de Norte de Santander, cerca a la frontera con Venezuela. El proyecto pretendía la explotación de oro a 3900 metros de altura, para obtener 7.7 millones de onzas de oro y 80 miloones de onzas de plata. Para esto utilizaría 1200 toneladas de cianuro al mes, y 230 toneladas de anfo al día. Rápidamente, la población de ciudades como Bucaramanga y Cucutá prendieron las alarmas por lo que podría significar una explotación de oro en el Páramo, y simultáneamente las articulaciones organizacionales y de procesos territoriales que un año atrás habían intentado cambiar la constitución para consagrar el derecho al agua, agrupados actualmente en el Comité de Defensa del Páramos de Santurbán, empezaron una campaña para enfrentar la amenaza al agua de más de 4 millones de personas.

 

De dicho proceso, que en febrero de 2011 resultó parcialmente victoriosa cuando la Grey Star retiró el proyecto a sabiendas que la licencia ambiental sería negada por el Ministerio de Ambiente, resaltamos los siguientes elementos, que caracterizan formas en las que hoy se expresa la lucha frente al extractivismo minero y por la defensa del agua, a saber:

 

a) Articulación urbano – rural para la defensa de las aguas y los territorios.

 

b) Diálogos campo ciudad desde la construcción de un proceso de educación popular ambiental.

 

c) Vinculación de nuevos sectores de la sociedad (académicos, activistas, estudiantes de secundaria, gremios, etcétera).

 

d) Debates públicos en diferentes escenarios (Cabildos abiertos, audiencias públicas, foros, etcétera).

 

En el mes de febrero del año 2011 más de 40.000 personas marcharon en la ciudad de Bucaramanga para exigir la negativa de la licencia ambiental, convirtiéndose esta movilización en el punto crucial para que el proyecto fuese retirado. La empresa Grey Star luego de su sonado fracaso despidió a toda la junta directiva y cambió el nombre a Eco oro, queriéndose mostrar como una asociación ecologista al tiempo que presentó nuevas solicitudes para explotar otras zonas del páramo. Por tanto, la victoria parcial debe ser un triunfo que debe mantenerse en resistencia.

 

 Hoy, la presión sobre los territorios y sobre las comunidades no cesa, la última tragedia que azota a la sociedad organizada en Colombia se materializa en la criminalización de la diferencia, y en las últimas semanas han sido asesinados compañeras y compañeros en oposición a los megaproyectos. Por esta razón hacemos un llamado a las organizaciones, procesos y movimientos sociales de diversas partes del mundo para ofrecer su solidaridad con quienes están hoy en defensa de sus territorios, de sus sueños, de la posibilidad de conservar y garantizar la vida de sus hijos e hijas. Y en memoria de Adelinda Gómez, César García y tantos otros hombres y mujeres que han entregado sus vidas por proteger la de los suyos y las nuestras, continuamos en articulación y luchando por mantener el metabolismo de vida que se contrapone al de muerte que oferta el modelo neoliberal.

 

1 Aunque durante los 8 años del gobierno Uribe las FARC fueron golpeadas estratégicamente con el aniquilamiento de varios de los principales cabecillas, la guerrilla no fue derrotada como se planteó por parte del gobierno de ese entonces. Los mayores golpes fueron propinados cuando el hoy presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, oficiaba como titular del Ministerio de Defensa. Con su llegada a la presidencia en el año 2010, Santos reconoció el conflicto armado interno (que nunca fue aceptado por Uribe Vélez), impulsó una ley de víctimas en el Congreso de la República, y en octubre de 2012 oficializó un proceso de paz con las FARC con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Noruega, entre otros.

 

2 No obstante la mayoría que tenía el partido uribista y sus aliados en el Congreso de la República, algunas de estas leyes perdieron en el debido proceso, y las que fueron promulgadas posteriormente se declararon inexequibles por la Corte Constitucional, entre otras razones por las violaciones a la consulta previa. Debe también reconocerse que la presión de las organizaciones, movimientos y procesos sociales llevaron a que estas leyes y su proceso de construcción fuesen revisados por la Corte, y su declaratoria de inexequibilidad fue también producto de la lucha social, a pesar de los altos niveles de represión y criminalización que se exacerbaron durante esos años. Más, lo que no se consiguió vía legisltaiva fue impuesto a través de los Planes Nacionales de Desarrollo, con las mismas características de los proyectos de ley.