Gracias a una acción de tutela instaurada por la Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca, el Juzgado Tercero Civil del circuito de la ciudad de Cali falló en favor de la protección de los derechos de 190 indígenas de la comunidad emberá katío que permanecen hacinados en una casa del barrio El Calvario de Cali.

 
Algunas de las lamentables situaciones que denunciaron el pasado 30 de enero a funcionarios de la Defensoría del Pueblo, indican que familias de 10 personas tienen que dormir en el piso en pequeñas piezas, las mujeres deben salir a las calles con sus niños a pedir limosna, hay enfermos sin atención médica, han sufrido agresiones físicas y que, tanto niños como adultos, aguantan hambre a diario.
 
Los indígenas se desplazaron hacia Cali en mayo de 2013 desde el municipio de Pueblo Rico (Risaralda), por las difíciles condiciones de orden público que los obligaron a dejar sus fincas y animales. Desde ese entonces, las familias han asegurado no haber recibido ayuda por parte de la Alcaldía, ni de la Unidad Especial para la Atención y Reparación de Víctimas del Conflicto Armado.
 
En sus piezas deben sentarse en el piso y allí mismo cocinar con leña lo poco que consigan. Han sido tan difíciles sus condiciones, que los afectados advierten que esta situación los hace sentir como si no fueran seres humanos.
 
“Es claro que la problemática del pueblo indígena emberá katío, que se encuentra desplazado en la ciudad de Cali, es grave y se constituye en una vulneración flagrante de sus derechos fundamentales”, indicó el Defensor Regional del Valle, Carlos Hernán Rodríguez.
 
Por esta razón, exigió que para garantizar los derechos de los indígenas “es necesario brindar atención humanitaria inmediata que consista en una reubicación que les garantice los mínimos de dignidad, garantizar la seguridad alimentaria de la población, fortalecer el área de salud, educación y utilización del tiempo libre” y, de esta forma, garantizar el registro para acceder a los beneficios de la ley de víctimas.
 
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali acogió los argumentos de la Defensoría del Pueblo y ordenó tutelar los derechos fundamentales a la vida digna y a la ayuda humanitaria de las personas en situación de desplazamiento de comunidad emberá katío que está hacinada en una casa del barrio El Calvario.
 
También ordenó que la Unidad Especial para la Atención y Reparación de Víctimas del Conflicto Armado, la Alcaldía de Cali y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), les brinden a los indígenas la atención humanitaria urgente que necesiten. Además, que sean inscritos en el Registro Único de Víctimas.
 
Por último, ordenó “hacer seguimiento a la situación humanitaria de dicha comunidad, debiendo proveer dicha atención humanitaria de emergencia especial hasta tanto se generen condiciones para el retorno o la reubicación definitiva de la comunidad”. Al respecto, la Defensoría del Pueblo seguirá acompañando a los indígenas y vigilando que se cumpla con la atención humanitaria, como se exigió en la acción de tutela.
 
Tomado de COLECTIVO INFORMATIVO SUSURRO Miembros de la Coordinación Colombia Europa-EEUU Nodo Nororiental (CCEEU)