Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Saquean empresas mineras  a países de la América Latina con el consentimiento de sus propios gobiernos, y dejan una estela de contaminación irreversible por el uso de sustancias como el arsénico, cianuro de sodio o el ácido sulfúrico para la concentración de metales, por el método de extractivo a cielo abierto.

 

 

Organizaciones No Gubernamentales en América del sur, hablan que al día se utilizan 80 millones de litros de agua para el lavado de la molienda de la montaña tras la aplicación 8 toneladas de explosivos.

 

La pulverización de los cerros libera partículas de metales pesados que se introducen al organismo del ser humano, y afecta los tejidos y el metabolismo de los habitantes de las zonas cercanas a los aprovechamientos.  Niños nacen deformes, brotan úlceras en la retinas y la piel sufre de hiperqueratosis.

 

La última resistencia son los pueblos, pero en centro y sur América, los gobiernos ajustan las leyes para evitar que protesten e impidan el acceso de la maquinaria en su territorio: se les criminaliza, agrede y detiene.

 

Según la ONG Mining Watch Canada, el gobierno de este país  juega un papel preponderante en esta depredación porque  el 60 por ciento las corporaciones mineras cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto con pocos requisitos, permitiéndoles esconder información y el 75 por ciento del total se registra en territorio canadiense.

 

En los países donde instalan sus proyectos, los negocios pagan solamente por impuestos por sus trabajadores y no por los metales que extraen. Y al comprar o rentar los terrenos, lo hacen por un valor inferior su precio comercial, detallan activistas de América Latina.

 

El extractivismo aumentó en los últimos años por el incremento en las demandas de algunos metales como el oro, la plata, cobre y litio para insumo de la industria automotriz y de telefonía celular, como en la de alimentos, el aluminio para la fabricación de latas.

 

El paraíso de las mineras

 

Una empresa minera en Canadá puede cotizar en la Bolsa de Valores  de Toronto con  más facilidades que en otros centros financieros en el mundo,  porque se les exigen menos requisitos como lo son las pautas voluntarias, reportar recursos minerales y menos informes.

 

 Jen Moore, encargada del programa para América Latina para Mining Watch Canada, asegura que también que existen ventajas tributarias: no pagan impuestos sobre inversiones fuera del país; existen relaciones exteriores armonizadas para servir la industria minera, que incluye la promoción diplomática, la cooperación internacional; impunidad en casos de abuso; fuerte dependencia sobre mecanismos voluntarios; poca implementación de la ley anti-corrupción, respuestas lentas a solicitudes bajo la ley de acceso a la información, y obstáculos para demandar a empresas en Canadá por violaciones fuera del país.

 

Moore habla de 12 casos en que funcionarios canadienses abren brecha o interfieren con gobiernos  o activistas, uno de ellos en España, en Guatemala fue en tres ocasiones, y en la Canadá misma una vez;  en Honduras y Ecuador presionaron los diplomáticos para la creación o reformas de una ley minera;  en Filipinas y Costa Rica también participan al promover o mediar en conflictos de empresas.

 

En el caso de México, relata Moore la presencia de funcionarios canadienses  fue en los estados de Chiapas y Morelos. En el primer caso, por medio de solicitud de acceso a la información al gobierno canadiense,  se dio a conocer que la embajada apoyó a la empresa Blackfire  Exploration que se le involucra en el conflicto por actividades mineras en que fue tiroteado el activista Mariano Abarca. Y en los documentos  se detalla que sabían de existencia de activista  antes de su asesinato.

 

En Morelos, habla Moore sobre  la intervención de la embajadora Sara Hradecky a favor de la empresa Esperanza Resources, mina que causó protestas de los pobladores, junto con el Gobernador Graco Ramírez.

 

Miguel Mijangos Leal, activista de la Red Mexicana de Afectados por la Minera (REMA), asegunda a Moore  en el tema las facilidades ofrecidas por el gobierno canadiense, al afirmar que  este 60 por ciento de empresas,  emiten acciones en Bolsa se inscribe en el Toronto Stock Exchange (TSX), en donde, entre 2007 y 2011, se destinaron 220 mil   millones de dólares canadienses al financiamiento minero, más de un tercio del total mundial.

 

La Bolsa de Toronto se ubica muy por delante de su competidor directo, el London Stock Exchange (LSE). En 2011, el 90 por ciento de las acciones emitidas por el sector minero en el mundo fueron administradas por el TSX.

 

Relatoría de la ONU y sus asegunes

 

En el documento “Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indíge­nas, James Anaya”, (A/HRC/18/35) para el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el año del 2011, hay un  reconocimiento explícito del daño en las comunidades nativas de los territorio del globo terráqueo  por la industria extractiva.

 

Da la razón que: “los proyectos de extracción de recursos naturales y otros grandes proyectos de desarrollo llevados a cabo en territorios indígenas o en proximidad de ellos constituyen una de las fuentes más importantes de abuso de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo”.

 

En otro informe, James Anaya, urge a los Estados a crear legislación para regular el modelo extractivista, por ser la única manera viable de garantizar que no habrá abusos por las empresas trasnacionales ni en su territorio ni en sus recursos naturales.

 

Fue en el reporte «Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya: Las industrias extractivas y los pueblos indígenas » (A/HRC/24/41), Consejo de Derechos Humanos, de 2013.  

 

“En el contexto de las industrias extractivas, la obligación del Estado de proteger los derechos humanos entraña necesariamente la existencia de un marco regulatorio que reconozca plenamente los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, así como los derechos que pueden verse afectados por las operaciones de extracción; que exija el respeto de esos derechos tanto en todas las decisiones administrativas pertinentes del Estado como en el comportamiento de las empresas extractivas; y que prevea sanciones y recursos efectivos cuando esos derechos sean vulnerados por actores públicos o privados. Ese marco regulatorio requiere leyes o reglamentos que incorporen las normas internacionales de derechos indígenas y que las pongan en práctica a través de los distintos componentes de la administración del Estado que rigen la tenencia de la tierra, la minería, la extracción y explotación de petróleo, gas y otros recursos naturales”.

 

Según Silvia Herrera, asesora de proyectos  para la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), Anaya, para solicitar el respeto de los pueblos indígenas, utiliza la herramienta legal, la debida diligencia, para que aplicar las leyes internacionales en el momento que la del Estado sea débil o nula.

 

Herrera refiere los estos fragmentos de los informes del Relator Especial y habla que aún y con estos mecanismos legales a nivel internacional, en el momento de la instalación de una empresa extractiva, no se les solicita si quiera audiencia para tener el consentimiento a los pobladores de los lugares donde pretende extraer minerales en América.

 

Cita los ejemplos de la etnia Ixil en Guatemala, de la comunidad afro-descendiente de Anchicayá en Colombia, e incluso de los Guarani-Kaiowá en Brasil.

 

“A pesar de lo anterior, y de los avances en el ámbito legislativo y jurisprudencial en varios países de la región (referente al Convenio 169 creado por la Organización Internacional del Trabajo), el desarrollo de proyectos sin el consentimiento libre, previo e informado – y sus consecuencias en materia de violación de los derechos de los pueblos indígenas- son aún una constante en América Latina”.

 

Reconoce los puntos a favor de las comunidades al Relator Especial, pero contrapone en el último informe, en el que habla Anaya de la “extracción preferida”, para lograr una asociación entre los nativos y las empresas, pues considera que en América Latina no existen las condiciones, al menos en el corto plazo,  para que se logre por el sistemático abuso de las negociantes mineras.

 

Otro de los puntos que critica Herrera sobre los informes del Relator Especial, es quién debe de hacer las consultas para aprobar la instalación de un proyecto extractivo, porque en reiteradas ocasiones, considera que el Estado o los gobiernos están  obligados  a que se realicen informados para ejercer su derecho de libre determinación; pero el último documento expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos toma otro rumbo, y da cuenta del apoyo a las empresas mineras.

 

Del informe de Anaya se extrae el fragmento: “En virtud de su derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas son libres de entablar negocia­ciones directamente con las empresas si así lo desean. De hecho, las negociaciones directas entre las empresas y los pueblos indígenas pueden ser la forma más eficiente y conveniente de llegar a acuerdos para la extracción de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas que respeten plena­mente los derechos de los pueblos indígenas, y pueden proporcionar a estos oportunidades de promover sus propias prioridades de desarrollo”.

 

Herrera habla que en el año del 2009, Anaya sostuvo una posición contraria a la de su último informe, y en ese documento refiere que es el Estado quien debe garantizar el proceso y respeto de los resultados de la consulta.

 

Asegura que las empresas deben efectuarla, pero en un carril distinto al de los gobiernos, porque el Estado debe garantizar la debida diligencia. “Las consultas y el dialogo encaminado a definir el modelo de desarrollo que va a afectar a estos pueblos no debe transferirse a otros actores, puesto que esto puede poner en duda la objetividad, la parcialidad y la efectividad de todo el proceso”.

 

Esta controversia, abre otra ruta informativa, porque miembros de la ONGs en centro y sur América, atestiguaron que en sus respectivos países, se informa a los pueblos sobre los daños de la minería, porque tanto los gobiernos como las empresas efectúan campañas para convencerlos que vendan sus tierras y permitan la extracción de minerales,  con prebendas o promesas que no se cumplirán: se les miente a los habitantes de las comunidades.

 

En este juego de campañas y contracampañas, las ONGs en América Latina se enfocan en socializar el daño de este mecanismo de extracción y en afinar las consultas, la única arma legal para impedir la instalación de un proyecto; la otra es la movilización campesina e indígena en los lugares.

 

El trabajo en México

 

Eleuterio Rodríguez trabajó durante seis meses en una mina en la sierra de Durango, estado norteño en México; su labor era auxiliar a un minero abriendo brecha en el subsuelo, pero sin casco, guantes y ropa  adecuada. Tampoco le entregaron un tapabocas.

 

Fumaradas de polvo le tocó tragar mientras taladraba su compañero las capas geológicas. De ocho horas en ocho, se le fue acumulando roca fracturada en los pulmones.

 

Alega que los pobladores del lugar saben dónde hay mejores vetas que las explotadas por las grandes mineras, pero prefieren burlarse de los geólogos que llegan al lugar a buscar los mejores tiros. Incluso lo hacen para evitar que sigan con la depredación de lo medio ambiente.

 

Eleuterio vive en la ciudad de Durango y trabaja barriendo banquetas y pintando casas o haciendo trabajos de jardinería porque perdió seis, el argumento: se le dijo que le pagarían directamente a su esposa; pero durante ese tiempo estuvo incomunicados de ella, y no supo que no cobró una sola quincena hasta que lo despidieron.

 

Su complexión física era exacta para el trabajo, sostener al que hace los boquetes, corpulento y alto, acostumbrado al trabajo duro y constante; por todo lo demás era desechable, y lo fue hasta que bajaron de la camioneta de la empresa en una de las calles de Durango.

 

No cree que alguna autoridad haga algo en su defensa, y por eso no interpuso denuncia alguna quiso que se le pagara lo que trabajó. Deja en claro que es demasiado el poder de las empresas mineras y su relación con los gobiernos, y perderá si comienza un juicio laboral.  Está esperanzado en encontrar algún empleo de custodio en alguna cárcel. Siempre y cuando guarde el secreto de haber ido explotado en una mina serrana sin goce de sueldo.

 

En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), existen solamente 52 juicios legales de trabajadores a empresas mineras.  Y Zacatecas registra 18 de ellos, y en Coahuila, Guanajuato, Hidalgo y Baja California sur son 5; Chihuahua y Sonora con 3; Sinaloa y San Luis Potosí con 2; y con uno, Tamaulipas, Michoacán, Nayarit y el Estado de México.

 

Al respecto Miguel Mijangos, representante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP),  habla de una disputa entre los dos sindicatos mineros en México, uno liderado por Napoleón Gómez Urrutia, y el blanco de Carlos Pavón, nacido para adelgazar los derechos laborales y en los contratos  durante la administración federal panista: “no respetan antigüedad, pagos por accidentes y otras prestaciones que históricamente están vinculadas a los derechos laborales patronales”.  

 

En el tema sindical, refiere la pugna generala creación de secciones de ambos mandos en varias minas, y el ejemplo son en la Sierrita de Galeana en el estado norteño de  Durango y en Carrizalillo, en  Guerrero. “Ello genera un ambiente  hostil en la contratación de trabajadores, pues la empresa empuja a que sean por la vía del sindicato de Carlos Pavón, pues para ellos significa menos pagos en todo. Pero, por otra parte, el sindicato de Gómez Urrutia normalmente le gana la partida en el tribunal a la empresa y también establece su sección”.

 

Los acuerdos extralaborales se dan por el divisionismo de los sindicatos, y al final, incide en pocas demandas o juicios contra empresas mineras, dice.

 

El outsoursing  viene a la alza en México, y considera Mijangos que dejan en indefensión a los trabajadores más que si los subcontrataran, porque ahora la empresas buscan a empleados que no sean sindicalizados, y se genera competencia por los espacios desvaneciendo las prestaciones laborales.

 

Esa falsa competencia laboral hace que tanto la empresa, como los sindicatos y los administradores del  outsourcing abusen, y si algún trabajador reclama se le despide o lo amenaza despidiendo a amigos o familiares, dice al ejemplificar que así sucede en Carrizalillo,  y por esto ya no realizan demandas.

 

Defender lo sagrado

 

En la zona wirrarica, se encuentran detenidas toda actividad de extracción de las 78 concesiones aprobadas, y 38 son administradas por First Majestic y Proyecto Universo trae las restantes 40 por la empresa Revolution Resources. Y una filial de Frisco, empresa  de Carlos Slim Helú.

 

Es una zona protegida,  la reserva Ecológica y Cultural de Wirikuta desde el año 1994 aún así existen 22 aprovechamientos mineros, abarcando aproximadamente 98 mil hectáreas de las más de 140 mil que forman la reserva, el 70 por ciento. 

 

La movilización es pacífica y  es importante de la unidad de los pueblos y con las ONGs que luchan contra la minería, dice  Santos de la Cruz, integrante del Frente en Defensa de Wirikuta.  Y el primer logro que menciona es la no extracción mientras se valora en los tribunales  la razón jurídica.

 

No hay respuesta efectiva del Gobierno mexicano, y es por eso que las movilizaciones y los recursos legales han servido, asienta.

 

Y habla sobre uno de los problemas que vive el movimiento de defensa, porque las empresas mineras y los funcionarios de los municipios cercanos, y principalmente de Real de Catorce  siembran la  noticia falsa en la zona, “porque nos ponen como los malos, que nos queremos adueñar de su patrimonio. Lo hacen para causar problemas y dividirnos. Nosotros nos hemos acercado a ellos con éxito y se generó el movimiento”.

 

El apoyo institucional al extrativismo

 

Existe una Ley en la que se prohíbe a los propios nacidos en el territorio argentino el trabajar el modelo de extracción a cielo abierto. “Todas las concesiones tiene que ser entregadas a empresas extranjeras”, dice Carla Díaz Moreno activista de provincia de La Rioja.

 

También el Estado gaucho, otorga 30 años de estabilidad fiscal, -dice-, lo que se traduce en el no pago de impuestos ni de insumos para la extracción de minerales. “Y encima son subsidiados por el Gobierno nacional”.

 

Del total de impuestos declarados, a estas empresas se les reintegra entre un 8 y un 10 por ciento de lo tributado, asegura Díaz Moreno.

 

Recuerda que en Famatina, el saqueo viene desde la presencia de los españoles y luego por los ingleses, y ahora las trasnacionales buscan comenzar con la minería a cielo abierto. “La lucha en Argentina es en toda la cordillera de Los Andes. Nuestro pueblo ha logrado unirse y sacarse  a la minera de encima. Se ha logrado frena a las empresas. Tenemos las desventaja que el gobierno nacional impulsa y avala la imposición de la minería en los pueblos”.

 

El conflicto andino

 

El Coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca Tupayachi, relata que en Perú la resistencia civil es alta, y en los últimos años lograron la destitución de dos funcionarios del gabinete nacional, y alude a los casos de Minas Conga  y Tía María, en la gente se opone a la actividad minera.

 

Existen más conflictos, y uno es porque la gente solicita a las empresas mineras beneficios para los habitantes, ganancias por la extracción o fuentes en empleo;  otros para evitar la depredación de los recursos naturales de la zona, asienta.

 

Con el auge de los metales en la última década por el aumento de los precios se generan importantes ingresos que van a dar al gobierno, que es ineficaz para administrarlos y mejorar el servicios de educación, salud, o ser competitivos, alega.

 

Resume que la Defensoría del pueblo registra en Perú 220 conflictos y  el 55 por ciento están vinculados a la actividad minera.

 

 El coordinador Regional en América Latina del Revenue Watch Institute,  Carlos Monge, habla de los principales problemas generados  en el país andino son de resistencia y convivencia, los últimos con una complejidad importante, porque las comunidades se enfrentan al ambiental y social generado por la instalación de megaproyectos mineros.

 

Monge reconoce que la resistencia logró poner a su favor el espacio político en cada región,  y se vinculan. “En el caso de Tía María, la municipalidad jugó un rol importante para detener la actividad minera por el proceso de consulta con los instrumentos legales”.  

 

En Conga hubo muertos y heridos por el conflicto de resistencia. “Se reprime a las personas que están en contra de la actividad minera”.  Habla de la estrategia de los campesinos peruanos, pues rotan su presencia en el lugar para impedir el paso de maquinaria, y les permite la vigilancia de hasta 500 personas de permanentemente y evitar que se vacíen por las empresas mineras las lagunas ubicadas a 3,000 metros de altura.

 

En Perú existe la figura del Gobernador regional, y es otro pilar en el que sostiene la resistencia pues es un campesino o un maestro del lugar el que ocupa el cargo, afirma.

 

Pero, también existen los mineros populares, pues son habitantes de las mismas comunidades dedicadas a la extracción de minerales, y es el espacio, en el centro-sur del territorio peruano el lugar donde más se practica esta actividad sin el control adecuado de sustancias tóxicas, “es una minería sucia y se usa el arsénico con las manos, y en las casas, lo que hace más daño que incluso la gran minería”, advierte.

 

 Lo promueven como país minero

 

En el caso colombiano, se promueve la extracción de minerales como la vocación colombiana, con eco en las empresas de este tipo, pues en 2004 el registro es de mil 200 licencias y en el 2013 se contabilizan 9 mil 400 para hacer exploración, dijo Fabio Velázquez Carrillo, director de la Unidad de Proyectos de la Fundación Nacional por Colombia.

 

Dentro del programa de desarrollo de este país, la minería tiene un papel preponderante como un ingreso financiero, admite. Y en los lugares donde se han solicitado licencias y las aceptadas, se ubican en lugares habitados incluso.

 

Uno de los mecanismos para lograr esta cifra de concesiones, es que el gobierno nacional de Colombia contrapone principios constitucionales –asegura-, sobre el respeto al medio ambiente y las poblaciones que son minorías, y el movimiento social es constante para evitar que la minería a cielo abierto se efectúe.

 

Advierte otra amenaza: la minería artesanal, y explica que en Colombia existe una tradición ancestral para la extracción minera de metales como el oro, y genera también daño ambiental y se comenzó ya con el debate sobre los mecanismos de control ecológico y su regulación.

 

La violencia no queda fuera de esta vorágine colombiana de explotación mineral, porque afirma que pequeñas mafias de narcotraficantes lavan dinero al hacerse pasar por mineros. Incluso, se forman grupos paramilitares que obtienen ingresos por medio del comercio de metales.

 

Ejemplifica, Velázquez Carrillo, con el municipio de Piedras por la resonancia lograda en la opinión pública y en a clase política de Colombia, porque el alcalde del lugar llamó a una consulta popular para  saber si estaban a favor o en contra que la minera asentada en este sitio arrojara los desechos de los procesos de exploración en predios cercanos, y el resultado fue claro, porque el 99 por ciento se opuso.

 

Y comenzó el debate legal en todo el país, porque se habló que este mecanismo de no contaba con la validez jurídica. “Lo que repercutió es lo simbólico de la posibilidad de reaccionar la soberanía popular para negarse a una empresa”.   Y anuncia una secuencia de consultas para saber si las comunidades desean o no la instalación  de las mineras en su territorio, y comenzar con una nueva forma de resistencia.

 

Se quedan sin agua

 

En el caso de El Salvador, su principal problema es la depredación del agua por la actividad minera en su propio territorio, como en la frontera con Guatemala y Honduras, advierte Edgardo Mira activista.

 

Entonces, para los salvadoreños la única forma de conservar el vital líquido para las comunidades es prohibir la minería metálica, porque en la frontera guatemalteca hay 90 proyectos y en los linderos con Honduras, son 40 más, lo que acabaría con el agua circulante en El Salvador, y se coordinan con organizaciones de los dos países para detener las concesiones colindantes.

 

Asegura que se socializa con las comunidades  para lanzar la Ley Especial de Prohibición de Minería Mecánica y erradicar esta actividad.

 

Frenar por fisuras en la Ley

 

El caso guatemalteco fue explicado por Jorge Grijalva, integrante del Colectivo Selva Madre,  y no solamente aplica en la minería, sino también en la agricultura. En el caso del modelo extractivo, asegura que se han detenido proyectos porque se logra la defensa legal validando lagunas legales y permite frenan el comienzo de la extracción, pero igual la resistencia civil;  hace ya dos años no se les permite la entrada.

 

 Luego del Golpe de Estado, campo libre

 

En Honduras, tras el golpe de Estado por Porfirio Lobo en 2009, se generó la posibilidad de de 860 proyectos mineros, y el 60 por ciento ya son concesiones, además que la Ley garantiza las ganancias de las empresas.

 

Pedro Landa, coordinador en la Coalición Nacional de Redes Ambientales, explica que para evitar protestas o eliminar a los hondureños que se nieguen a permitir el libre paso de las compañías mineras, se tipificó como delito el bloquear carreteras, estrategia recurrente para evitar el paso de maquinaria para la extracción de minerales. Incluso, es causa de cárcel el atentar contra la libre empresa.

 

El hondureño asegura durante el proceso de gestación de la Ley Minera, tuvo injerencia de asesores de Canadá y Chile. Lo que se tradujo en un 60 por ciento de territorio permitido para la extracción de oro y plata principalmente.

 

Los consorcios mineros, pagan al Estado el 6 por ciento de sus ganancias, y el gobierno, 2 por ciento lo invierte en la policía y el ejército, fuerzas armadas que persiguen a los opositores de los megaproyecto para extraer metales. 

 

Y recuerda, como en el caso colombiano, narcotraficantes solicitan las concesiones, pero no las usan, solamente lavan dinero por medio de la Ley de Transparencia de la Industria Extractiva del país centroamericano.

 

Juan Armendares, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, refiere que esta actividad implica el militarismo contra el pueblo por la petición de las empresas mineras al criminalizarse la estrategia para detener el saqueo del subsuelo.

 

Plantea el daño a todo lo viviente en los puntos geográficos de los proyectos, incluso a nivel celular, porque en el momento que se liberan los metales pesados atrapados en las presión de la corteza terrestre, son inhalados y van directo a los tejidos, incluso de los órganos reproductivos, y ahí las malformaciones en fetos.

 

Habla sobre dos casos en específico: Carrizalillo en México y Valle de Siria en Honduras los daños a la salud de los habitante del lugar, son irreversibles,  pues hay personas con úlceras en la córnea e iris irritados en los ojos; procesos de envejecimiento prematuro en la piel, también hiperpigmentación y la hiperqueratosis; alopecia, la sindactalia, que son dedos unidos.

 

Refiere el término coloquial de la “rasquiña” como otros de los daños colaterales de la explotación minera: un deseo irrefrenable de rascarse durante todo el día y en la noche también, los que adquirieron, no duermen.

 

Cooperativismo disfrazado

 

En Bolivia, durante los años 80 se hicieron cambios en las leyes para fomentar la minería artesanal, y una forma de trabajar de manera corporativista en los pueblos, pero 20 años después,  con los precios de los metales a la alza, esta forma de subsistencia se convirtió en un problema porque abarca el 60 por ciento de la actividad minera nacional, y el gobierno, solamente un 11 por ciento. El resto son empresas canadienses, japonesas, suizas y belgas.

 

El miembro del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Javier Gómez, refiere el crecimiento desmedido del gremio minero  que sigue sin pagar impuestos pero aumentó su producción por la demanda de metales existente en el mundo y son 200 mil personas trabajando.

 

Habla también de la voracidad de los extractores locales afectan al sector agrícola. “Son empresas tapadas por lo que ellos llaman corporativo de trabajadores, pero en realidad son empresarios, en buena parte, que sobreexplotan la actividad de los empleados”.

 

En Bolivia la fuerza política más importante es la de los mineros, porque controlan más del 60 por ciento de las concesiones. “Están exentos de todo pago, de toda norma ambiental. Y desplazan a otro tipo de economías agropecuarias”.   

 

Escrito por SDP Noticias

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