El intento de sancionar el Proyecto de Ley de Minería y Metalurgia, al interior de la asamblea legislativa plurinacional, elaborada  sin participación de todos los sectores del pueblo boliviano, ha generado reacción de diversas organizaciones, enfrentamientos y, peor aún, ha cobrado vidas. 
 

 
Ante esa coyuntura adversa a los derechos humanos, la sociedad civil, instituciones, organizaciones y naciones indígena originarias y campesinas nos auto convocamos en la Mesa de Diálogo “Efectos y alcances del Proyecto de Ley de Minería y Metalurgia” para analizar y discutir sobre los efectos, riesgos y alcances del mencionado proyecto de ley. Evento realizado en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA, el día dos de abril del año en curso.
 
Como representantes de la sociedad civil tenemos la obligación de denunciar que esta propuesta de ley, lejos de velar por los intereses del pueblo boliviano, se constituye en un instrumento que beneficia los intereses del sector cooperativo, empresariado nacional y transnacional, atentando contra la vida y biodiversidad, el derecho humano al agua, a vivir en un medio ambiente sano, los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, la defensa del medio ambiente y la Madre Tierra,  legaliza la criminalización de la protesta. En suma es un proyecto que va contra la Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado Boliviano que protegen y garantizan los derechos humanos.
 
1. Derechos individuales y derechos colectivos:
 
a.) Socializar e informar en ámbitos locales, nacionales e internacionales, en los foros sociales, así como por medios de comunicación, el análisis realizado sobre la vulneración de derechos individuales y colectivos que genera el actual proyecto de Ley de Minería y Metalurgia.
 
b.) Remitir a los órganos del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) las observaciones, propuestas y posicionamientos institucionales (CONAMAQ, BOCINAB, REGANTES y otros) respecto a la vulneración de los derechos fundamentales y derechos de los pueblos indígenas, establecidos en el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia.
 
c.) Exigimos que la Comisión de Pueblos Indígenas y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se pronuncie respecto a los alcances del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia sobre los derechos individuales y derechos colectivos.
 
d.) Exigimos que el Gobierno Central respete el derecho a la participación, genere instancias, espacios de diálogo con todos los sectores de la sociedad Boliviana particularmente con las organizaciones indígena originaria campesinas, regantes para elaborar participativamente un nuevo proyecto de Ley de Minería y Metalurgia  
 
2. Madre Tierra y Recursos Naturales.
 
a.) Exigimos que el Gobierno genere espacios de debate para construir colectivamente la Ley Marco de Agua Para la Vida y la Ley de Consulta Previa Libre e Informada, con carácter prioritario antes que el tratamiento y aprobación de la ley de Minería y Metalurgia.
 
b.) Convocamos, con carácter de urgencia, la realización de una Cumbre Nacional en Defensa de la Madre Tierra, el Medio Ambiente, recursos naturales y el agua, con representantes de organizaciones indígena originario campesinas, regantes, y de la sociedad civil para elaborar estrategias de lucha conjunta y determinar acciones a seguir.
 
c.) Exigimos la paralización de tratamiento del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia en tanto la misma no sea consensuada y socializada con todo el pueblo boliviano en su conjunto.
 
d.) Exigimos que los capítulos de consulta previa libre e informada, así como el uso de aguas no debe estar incluidos en el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia puesto que esta no puede regular derechos individuales y derechos colectivos. El Gobierno debe respetar los estándares internacionales referidos a consulta previa libre e informada.
 
e.) Proponemos la conformación de una coordinadora en defensa de la Madre Tierra, el medio ambiente, recursos naturales y el agua. 
 
3. Política Económica.
 
a.) El actual Proyecto de ley de Minería y Metalurgia profundiza el modelo extractivista neoliberal, fomentando la dependencia económica, beneficiando a cooperativistas, empresa privada nacional y transnacionales, en perjuicio de los intereses del pueblo boliviano en su conjunto. El gobierno tiene que implementar, en serio, la muy anunciada industrialización de materias primas.
 
b.) Exigimos que se elabore, de manera participativa, una política minera que sea equilibrada, racional y sostenible. Que se nacionalice y con preferencia se industrialicen los recursos mineralógicos, metálicos y no metálicos en Bolivia. Los pueblos en defensa de nuestro territorio vamos a defender nuestros recursos, así vamos a poder tener mejor salud y  educación. 
 
c.) El gobierno central debe nacionalizar toda la minería, con urgencia la Mina San Cristóbal, puesto que la transnacional Sumitomo, se lleva todos los beneficios económicos dejando migajas para el país.
 
d.) Exigimos al Gobierno Central, a los gobiernos departamentales y municipales implementar políticas que fomenten el desarrollo agropecuario de las comunidades indígena originaria campesinas.
 
e.) En el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia se debe incorporar mecanismos de justa redistribución y definir porcentajes de regalías mineras para que las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, en cuyo territorio se encuentren operaciones mineras, se beneficien de manera directa y preferente con recursos económicos, los cuales serán administrados según sus normas y procedimientos propios.
 
Llamamos a todo el Pueblo Boliviano a sumarse en la defensa de la Madre Tierra, recursos naturales, el agua, los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos
 
Es dado en la ciudad de La Paz, a los dos días del mes de abril del año 2014
Por la defensa de los derechos humanos y de pueblos indígena originario campesinos, firman CONAMAQ
 
La Paz – Bolivia, 2 de abril de 2014
 
Resolución del Consejo de Gobierno del CONAMAQ frente al Proyecto de Ley de Minería y Metalurgia
 
El Consejo de Gobierno del CONAMAQ orgánico, frente al intento del gobierno de aprobar una nueva Ley de Minería y Metalurgia  que viola los derechos de los pueblos indígenas y de la madre tierra  denuncia que: 
 
Primero: El proyecto de la ley de Minería y Metalurgia fue redactado, en secreto, por actores mineros, aglutinados en la denominada “comisión minera”, entre ellos representantes de la minería estatal (COMIBOL, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia – FSTMB, Sindicato Minero de Huanuni), la minería privada (Asociación Nacional de Mineros Medianos y la Cámara Nacional de Minería CANALMIN, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras – FENCOMIN), e instituciones mineras (Ministerio de Minería y Metalurgia y la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera – AGJAM). Sin ninguna participación de otros actores importantes que serán afectados por esta ley como el sector indígena originario campesino, regantes, sistemas comunitarios de agua potable, comunidades afectadas por la actividad minera, defensores de derechos humanos y sociedad civil en general.
 
Segundo: Con la aprobación de ese proyecto de ley se sobrepondrá el derecho minero a los derechos colectivos y privados. El denominado “actor productivo minero” gozará de derechos de uso sobre recursos del área como materiales de construcción, maderas, leña, etc. (art. 107); así como de derecho de paso y uso de áreas superficiales por medio de la propiedad agraria o privada (art. 108); derecho de superficie sobre propiedad agraria por acuerdo o expropiación para construir: inmuebles, ingenios, dique de cola, etc. (art. 109); derecho de uso de agua de dominio público y privado existente en el área minera.
 
Tercero: Se criminalizará el derecho a la defensa del territorio así como el derecho a la protesta empleando la fuerza pública (art. 100) y llevando a cabo procesos judiciales (art. 103) ante movilizaciones o bloqueos, de las comunidades indígena originaria, que quieran impedir el inicio de actividades de explotación o soliciten la suspensión de actividades mineras (art. 99. II; art. 103).
 
Cuarto: Nuestros territorios y comunidades indígena originario serán invadidos por actividades mineras, puesto que el proyecto de ley autoriza la explotación minera en todo el territorio nacional, esto es en TIOC’s, parques nacionales, áreas protegidas y áreas forestales (art. 227), así como en lagos, cementerios, población urbana, lugares arqueológicos (art. 93 III y V).
 
Quinto: El derecho fundamental de los pueblos y naciones indígena originario a la consulta previa, libre e informada, queda reducida a tres simples reuniones (art. 218. I, art. 219, II) orientadas a implementar la explotación minera. Si no se llega a acuerdos favorables al actor productivo minero, el ministro de Minería y Metalurgia elaborará una resolución ministerial que se considera definitiva e inapelable (art. 222). Se atenta, de manera institucionalizada, contra el derecho a la libre determinación de los pueblos indígena originarios, puesto que no se reconoce el derecho a veto ante actividades mineras que se quieran implementar en nuestros territorios (art. 215).
 
Sexto: Para ser sujetos de “consulta previa”, se exige a las comunidades indígena originaria certificación de existencia precolonial y dominio ancestral del territorio, demostrar que se conservan nuestros patrones culturales propios, así como nuestra identificación como parte de una nación o pueblo IOC (art. 216. I). Ante la falta de certificación, no seremos tomados en cuenta como sujetos de consulta.
 
Por tanto expresamos nuestro total repudio al Proyecto de Ley de Minería y Metalurgia porque vulnera todos los derechos establecidos en la CPE tales como el derecho al agua y salud, al medio ambiente saludable, protegido y adecuado, al derecho a la propiedad privada individual o colectiva y a los derechos de la naciones y pueblos indígena originarios como son la libre determinación, el territorio, autogobierno y el derecho a la consulta previa, libre e informada. Atentando en definitiva a la consolidación del Estado Plurinacional.
 
Es dado en el décimo septimo aniversario del CONAMAQ, La Paz 22 de marzo de 2014 
 
JALLALLA CONAMAQ  
JALLALLA AUTODETERMINACION DE LOSPUEBLOS INDIGENAS