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Agoniza la educación colombiana

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo –OCDE-, cada tres años realiza una evaluación sobre la calidad de la Educación, que se conoce como el Informe PISA, que es la sigla en inglés del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes.

Las pruebas PISA, se realizan a estudiantes de 15 años, a solicitud de los gobiernos, para evaluar el rendimiento en tres áreas: matemáticas, lenguaje y ciencias naturales; aunque también mide otros temas afines como la solución de problemas, técnicas de información y estrategias de estudio.

En diciembre de 2013, se dieron a conocer los resultados de las pruebas realizadas en 2012, para Matemáticas, Lenguaje y Ciencias. De 65 países que se evaluaron, Colombia ocupó el puesto 62, estos resultados se consideran como un desastre para el gobierno de Santos, dado que en 2009 el país había quedado en el puesto 52.

Este balance de 2012, además de evidenciar la pésima calidad educativa, también muestra la inequidad social que reina en Colombia, donde jóvenes de altos ingresos, estudiantes de los colegios privados, aventajan considerablemente a los de bajos estratos, quienes estudian en los colegios públicos. Así mismo, es escandalosa la brecha entre la educación que se brinda en las ciudades, con respecto al campo. Lo peor de todo es que somos el país con la mayor inequidad de género en el mundo, al tener la mayor brecha entre los hombres y las mujeres evaluados.

Comenzando abril, el informe PISA clasificó a Colombia en el último lugar en la prueba sobre Solución de Problemas, es decir, en la capacidad para solucionar imprevistos, ingeniar alternativas y resolver problemas de la vida cotidiana.

Independientemente de los cuestionamientos que pueda tener esta metodología de evaluación, ella brinda un sistema de comparación entre los países y permite hacerle seguimiento a la efectividad de las políticas educativas nacionales, frente a unos estándares internacionales.

Si del 2009 al 2012, Colombia cayó 10 puestos, quedando en los tres últimos países y si nuestros estudiantes son los peores del mundo en creatividad, este periodo equivale al del gobierno de Santos, lo que cuestiona su ofrecimiento electoral de la Paz Total, donde promete que en el 2025 seremos “el país más educado de América Latina”. Esta oferta quedará en demagogia cruda, si el régimen no cambia radicalmente las políticas vigentes.
Intensificado las recetas neoliberales, los gobiernos de Santos y Uribe, le han quitado el carácter de derecho fundamental a la Educación y la han convertido en una mercancía, que se ofrece en forma estratificada, de acuerdo a la capacidad adquisitiva del estudiante, donde obtiene más calidad, quien pueda pagar más y queda excluido, quien no tenga los ingresos suficientes, para concurrir al mercado educativo.

El régimen ha implementado un nuevo modelo educativo, funcional a la inversión extranjera, a la transnacionalización de la economía y a la producción de mano de obra barata y medianamente calificada, para la exportación y para los procesos productivos subsidiarios, que le permiten a este tipo de países. Por esto, en el Plan de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para el Capital”, el capítulo sobre la política educativa Santos lo reduce a la producción de “capital humano”, y en el Ministerio de educación no colocó a una persona pedagoga, sino a alguien que ha hecho carrera en una Cámara de Comercio.

Con la privatización de los servicios públicos y en especial de la Educación, ésta se volvió un negocio, donde el principal parámetro de medición es la rentabilidad y la ganancia para los empresarios. Es por esto que la educación pública está herida de muerte y se degrada la calidad educativa en general. El problema no son los estudiantes de 15 años, evaluados en las pruebas PISA, porque la crisis del sistema educativo colombiano es en todos sus niveles: preescolar, primaria, secundaria y superior.

El gobierno de Santos, elude su responsabilidad en esta agonía educativa que padecemos, acusando a los gobiernos anteriores y a la poca calidad de los docentes. Aunque es verdad que ésta es una crisis heredada, también es cierto que este gobierno ha contribuido a agravarla, acrecentando la privatización y los presupuestos para la guerra, al tiempo que reduce los del bienestar social.

El magisterio, más que ser el causante de la crisis educativa, también es otra víctima de las políticas gubernamentales. Ser docente, es una de las profesiones más desvalorizadas por el Estado, además de peligrosa, por los salarios de hambre y la ausencia de un sistema de escalafón único, por las precarias condiciones de trabajo y la inseguridad permanente, por la falta de capacitación y estímulos profesionales, porque han vuelto las plazas docentes en piñatas politiqueras, en detrimento de la mística profesional del maestro; por la pérdida de estabilidad laboral y de los derechos sindicales, por la persecución a la cátedra crítica, que se paga con el despido, la cárcel, el destierro y la muerte.

En el 2011, el gobierno de Santos presentó un proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, de la Educación Superior, que pretende acelerar la privatización, la desnacionalización, la pérdida de calidad y la autonomía. Este atentado contra la educación, obligó a un levantamiento del movimiento estudiantil en todo el país, que incluye a la totalidad de las universidades públicas, así como a un alto número de universidades privadas.

En medio de este Paro nacional universitario, se creó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil –MANE-, que logra conducir las jornadas de protestas, implementando formas muy novedosas de manifestación, con que ganan la simpatía y el respaldo popular, hasta lograr que el gobierno retirara su propuesta de reforma. Luego la MANE se dedicó a discutir y elaborar una propuesta alternativa a la Ley 30, en todas las universidades. Pero el gobierno se negó al debate y al diálogo, sobre las políticas educativas y la construcción democrática de una nueva ley, y optó por ir implementando sus decisiones, con medidas administrativas.

La Educación colombiana está agonizando, por culpa de las políticas neoliberales del régimen. Pero, el movimiento estudiantil y magisterial se encuentra en pie de lucha, exigiendo una Educación Pública, de Calidad, Crítica, Autónoma y Libertaria. Que no esté al servicio del capital y su ganancia, sino en función de construir la nueva nación, la paz, la democracia, la cultura, la soberanía y la felicidad del pueblo.

Por esto, la educación también es parte importante, en las reivindicaciones que plantea el Pliego Único de exigencias, que elaboró la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular, junto a la convocatoria de un Gran Paro Nacional, para que el gobierno ofrezca soluciones efectivas a las inmensas necesidades del pueblo.

FABIO DORADO