Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Paramilitares construyen  carretera de Nuevo Antioquia a La Hoz y Rodoxalí. El abogado Darío Blandón del partido Centro Democrático utiliza las redes sociales para intimidar a líderes de Jiguamiandó y calumniar a Justicia y Paz. Yomaira Mendoza intimidada por enésima vez.

 

Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace Colombiane

Colombia Vive! Onlus

       

                      

 

Corte Penal Internacional

Exp. OTP-CR. 266/07

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso 12325

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia

 

Al responder citar fecha y asunto de la AU

 

Narni,  mayo 14 de 2014

 

 Asunto: Paramilitares construyen  carretera de Nuevo Antioquia a La Hoz y Rodoxalí. El abogado Darío Blandón del partido Centro Democrático  utiliza las redes sociales para intimidar a líderes de Jiguamiandó y calumniar a Justicia y Paz. Yomaira Mendoza intimidada por enésima vez.

 

Lamentamos tener que dirigirnos, nuevamente, otra vez en menos de una semana,  a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, para dar cuenta de amenazas, intimidaciones, calumnias a miembros de las comunidades que acompañamos. Y pese a nuestro deseo de no desgastar la atención de quienes se dedican a velar por los derechos humanos a nivel internacional, la gravedad y sistematicidad de las mismas nos obligan a dar cuenta de los sucesos.    

 

CASO COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

 

Domingo 20 de abril de 2014,  hacia las 11:30 horas a la altura del kilometro 40 entre la vía Tunja-Bucaramanga, una patrulla de policías  interceptó el vehículo en el que se transportaba ARLEY TUBERQUIA, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Los policías al identificarlo como miembro de la Comunidad de Paz, le insultaron y le cuestionaron que transitara por dicho lugar. Los  uniformados lo trataron con palabras soeces y se refirieron a los miembros de la comunidad como  “guerrilleros que se camuflan con los derechos humanos”.

 

Jueves 24 y viernes 25 de abril de 2014, presencia de muchos paramilitares en el corregimiento la Osa del Municipio de Tierralta (Córdoba), concretamente en las  veredas las Claras, Murmullo Alto y Alto Joaquín.  

 

Miércoles 30 de abril de 2014, hacia las 7:30 horas detonó un artefacto explosivo en el casco urbano de San José justo a la hora de apertura de la escuela que allí funciona. 

 

Últimas semanas,  los paramilitares vienen construyendo una carretera entre el casco urbano de nuevo Antioquia y las veredas Rodoxali y la Hoz pertenecientes al corregimiento de San José. Las acciones de los paramilitares pasan por desapercibidas ante las autoridades, en efecto, hace tan solo unas semanas la Comunidad de Paz denunció la apropiación de tierras por parte de los paramilitares en la vereda Rodoxali sin que hasta el momento las autoridades colombianas hayan dado cuenta de acciones para detener el accionar paramilitar en la zona.

 

Igualmente, queremos evidenciar ante los organismos internacionales, la naturalidad y convicción con la que las altas jerarquías militares de la Brigada XVII han  justificado los abusos y arbitrariedades de la fuerza pública en relación con la detención arbitraria de Wber Areiza el 8 de febrero del presente año.

 

En la carta con fecha del 20 de febrero de 2014, en la cual el Coronel ERNESTO JOSE CORAL ROSERO de la Brigada XVII explica los hecho al Coronel RAFAEL AVILA SALAS Jefe de Estado Mayor Séptima División, carta enviada en copia también a nuestra organización y otros acompañantes internacionales de la Comunidad; éste  presenta a los miembros de la Comunidad como un grupo de maleducados y gritones. Dicho Comandante, exactamente,  explica que a Wber no lo detuvieron sino que su retención se debió a un procedimiento de rutina, debido a la alteración del orden público y, literalmente, describe que: “seguidamente se acerca un grupo de personas procedentes de la Holandita quienes rodean al personal militar y de manera abusiva toman fotografías de los mismos, gritando de forma grotesca que porque lo estaban deteniendo…”. No  es la primera vez que las altas jerarquías militares, en sus comunicaciones a las organizaciones internacionales que acompañamos a la Comunidad de paz,  pretenden contrarrestar el abuso de la fuerza por parte de sus efectivos, a través de descripciones en las que se culpabiliza a la comunidad o se hace una representación negativa de ésta;  convirtiendo a las víctimas directas de violaciones de los derechos humanos en victimarios o culpables de las mismas, o más bien, intentando desprestigiar a la Comunidad ante sus acompañantes internacionales.    

 

Igualmente, hemos recibido un informe con fecha del 17 de marzo del 2014, cuyo título es: “REPORTE DE APARENTE RETENCION ILEGAL DEL SR WBER ARIZA. EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE APARTADO. EL DIA 11 DE ENERO DE 2014, CONFORME A LA INDAGACIÓN REALIZADA POR EL EUQIPO [sic] TERRITORIAL DE LA REGIÓN URABÁ DE LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DIH Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL”. En dicho documento de la Gobernación de Antioquia se presenta la versión del CORONEL QUINTERO Comandante de la Base del Corregimiento de San José de Apartado, adscrito a la Brigada XVII, quien exactamente afirma que: “Efectivamente el día sábado 11 de Enero del presente año, se estaban adelantando unas labores de pesquisas, inteligencia e investigaciones toda vez que el pasado miércoles 08 de Enero había estallado un petardo de mediano poder explosivo en el Corregimiento de San José, ocasionando pérdidas materiales y zozobra en la comunidad”. Con este tipo de comunicaciones observamos una falta de rigor inamisible en los testimonios y fechas, lo cual nos aumenta la desconfianza en la seriedad de las investigaciones, puesto que algo tan fundamental como es la coincidencia del día, ni siquiera corresponde con la información que nos llega de la Comunidad.

 

CASO CACARICA

 

Primeros días de mayo 2014.  El  miembro del partido Centro Democrático Darío Blandón ha amenazado e intimidado, a través de mensajes implícitos en su cuenta de Twitter a MARCO VELÁZQUEZ, ALIRIO MOSQUERA Y LAS LIDERESAS ROSALBA CÓRDOBA Y JAHAIRA SALAZAR, integrantes de Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad de Cacarica, CAVIDA.

 

Así mismo, en uno de los mensajes en su cuenta de twitter expresó, literalmente,: “Marco velasquez,si alguien en rio cacarica resulta asesinado, incluyendolo a usted, son tus similares, farc u ong justicia y paz”.

 

En mensajes similares, dicho político también acusó a MARCO VELAZQUEZ de ser parte de la guerrilla de las FARC, de estar involucrado en cultivos de coca, de ser un falso testigo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de participar en crímenes y, de  robar dineros públicos. Estos mensajes, se incrementaron  luego de que, MARCO VELAZQUEZ se negara a rendir falso testimonio en  contra de la Comisión de Justicia y Paz.  Igualmente,  semanas antes, el mismo político Darío Blandón afirmó  que la Comisión de Justicia y Paz asesinaría a Rosalba Córdoba, Yajaira Salazar, y Alirio Mosquera, para responsabilizar al ejército de dichos crímenes.

 

Como ya lo denunciamos en la acción urgente enviada el pasado 6 de mayo, este político junto a la representante electa a la cámara del mismo partido, María Fernanda Cabal , también,  aprovechando el asesinato de ADAN QUINTO, iniciaron una campaña de desprestigio en contra de CAVIDA, Justicia y Paz y, otros defensores y organizaciones,  acusándolos de haber sido los responsables del mismo. Ante lo cual, solicitamos a los organismos internacionales que persuadan al gobierno colombiano para acelerar las investigaciones con el fin de identificar lo antes posible los responsables de dicho asesinato, y de esta forma poder poner fin a esta campaña de desprestigio en contra de organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas constantes de las señalizaciones de estos políticos que como hemos visto,  utilizan cualquier medio, ahora las redes sociales, para desprestigiar y amenazar a las víctimas.   

 

Como ya lo hemos verificado en nuestros  registros del Observatorio,  las calumnias y señalamientos configuran una estrategia para desprestigiar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, es urgente que la Comunidad internacional vete este tipo de actuaciones de los políticos, y en cambio,  los invite a demostrar y dar pruebas de sus acusaciones de acuerdo con los procedimientos en el marco del Estado de Derecho.

 

Caso CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ

 

 Lunes 5 de mayo de 2014.  MANUEL DENIS BLANDÓN, elegido recientemente como Representante Legal del Consejo Mayor Jiguamiandó fue amenazado de muerte por medio del siguiente mensaje: “cuidese por que ya que ganó la representación legal lo que sigue ahora es el plan de asesinarlo”. MANUEL DENIS fue elegido por amplia mayoría para ese cargo el pasado 27 de abril en la cuenca de Jiguamiandó. La elección fue ordenada por la Corte Constitucional de cara a la restitución material de los territorios que se encuentran en riesgo por empresarios dedicados al cultivo de palma, a la ganadería,  al sector del banano y a la minería.

 

Martes 6 de mayo de 2014.  En horas de la mañana  la reclamante de tierras, YOMAIRA MENDOZA, constató la sustracción de fotografías de sus hijos de 18 y 15 años de su bolso personal y, de  dos escritos en las paredes de su vivienda con mensajes de intimidación.  Una hora después de verificar lo sucedido, YOMAIRA también recibió un mensaje de texto del número de celular: 3188801594 en el que afirman que están dispuestos a devolverles las fotografías, siempre y cuando esté con el líder, también amenazado, Enrique Cabezas.

 

Lunes 5 de mayo de 2014.  YOMAIRA MENDOZA,  recibió  otros mensajes de intimidación que se referían a la visita del embajador de Noruega a la comunidad y  en los que también  la amenazaron de muerte.  

 

Desde el mes de enero YOMAIRA MENDOZA es víctima de una intensa persecución con seguimientos, amenazas mediante SMS, seguimientos, y ahora con registro y hurto de objetos personales. Como ya lo hemos informado en otras comunicaciones, la declaración de YOMAIRA MENDOZA ante la Fiscalía contra empresarios del Curvaradó implicados en el posible asesinato de su esposo y en el robo de sus tierras, entre los cuales está el empresario bananero y ganadero Antonio Lopera Lopera, son los antecedentes de las amenazas.

 

Pese a que el subdirector seccional de Fiscalias de Quibdó nos haya informado, el pasado 7 de mayo, que se han abierto los archivos de noticias criminales relacionadas con las amenazas a YOMAIRA MENDOZA, seguimos sumamente preocupados por la repetición de las  agresiones. El siguiente cuadro revela la gravedad de la situación en la que vive YOMAIRA. 

 

Víctima: Yomaira Mendoza

 

FECHA: 2014. 01. 21 – AGRESIÓN: AMENAZA INTIMIDACIÓN – LUGAR: Curvaradó (Apartadorcito) – PRESUNTO RESPONSABLE: Desconocidos

 

FECHA: 2014.02.26 – 2014.02. 27 – AGRESIÓN: AMENAZA INTIMIDACIÓN – LUGAR: Curvaradó
(SMS celular: 3205920226) – PRESUNTO RESPONSABLE: Desconocidos

 

FECHA: 2014.04.16 – AGRESIÓN: AMENAZA INTIMIDACIÓN – LUGAR: Curvaradó (SMS celular: 3138801594) – PRESUNTO RESPONSABLE: Desconocidos

 

FECHA: 2014.05.06 – AGRESIÓN: AMENAZA, INTIMIDACIÓN INRRUPCIÓN EN PROPIEDAD PRIVADA, SAQUEO DE OBJETOS PERSONALES – LUGAR: Curvaradó (SMS celular: 3138801594) – PRESUNTO RESPONSABLE: Desconocidos

 

Frente a los hechos anteriormente presentados, esperamos que los organismos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, en el marco del  Derecho Internacional, realicen las acciones permitidas ante el Gobierno colombiano para dar fin a la  sistematicidad de violaciones a la dignidad humana en Colombia. Igualmente solicitamos al actual Gobierno para que se persone en el proceso de investigación, aclaración y judicialización de las violaciones que denuncian las comunidades rurales de Colombia.

 

Agradecemos su amable atención,

 

Andrea Proietti

 

Presidente Rete Colombia Vive! A nombre de los miembros de la Red y de su  Consejo Nacional:

Abogado Francesco Tartini (Treviso), Giuseppe Coscione (Genova) y Simona Fraudatario (Roma).

 

Con copia a:

Presidencia de la República de Colombia, Vicepresidencia de la República de Colombia, Ministro de la Defensa, Ministro del Interior, Ministro de Justicia y del derecho, Fiscal General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Departamento de Policia Urabá, Comando de la Brigada XVII.

 

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Rete Italiana di Solidarietà, Colombia Vive! Onlus  

 

Sede legale: Comune di Narni, Ufficio per la Pace, Piazza dei Priori,1

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Fax ++39 0744 715270

E-mail: reteitalianadisolidarieta@gmail.com

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