Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Acción Urgente: desaparición forzada como arma política y de guerra contra la población civil

Corte Penal Internacional
Exp. OTP-CR. 266/07
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso 12325
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia

Al responder citar fecha y asunto de la AU

Narni, julio 15 de 2014

Asunto: Paramilitares en connivencia con Fuerzas Oficiales utilizan la desaparición forzada como arma política y de guerra contra la población civil; continúan las acciones paramilitares a favor de empresas del banano, ganaderos y palmicultores en el Chocó sin que haya medidas por parte del Gobierno.
 
El joven BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, retenido el 31 de agosto de 2013 y, posteriormente, desaparecido por fuerzas paramilitares en la vereda La Hoz del corregimiento de San José de Apartadó ya fue puesto en libertad. Sin embargo, ningún organismo colombiano se ha pronunciado al respecto. Después de la  desaparición del joven BUENAVENTURA,  la CIDH lo hizo  beneficiario de las medidas cautelares MC-301-13 Colombia para evitar daños irreparables a su persona.
 
Los daños irreparables a los que aluden las medidas cautelares de las que el joven goza ya están hechos, ahora solo queda que los responsables de tan miserable delito y violación sean condenados. No podemos permitir que  ESTE TIPO DE VIOLACION FLAGANTE CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA QUEDE EN LA IMPUNIDAD. Sobre todo cuando es de conocimiento público que los paramilitares sin ningún tipo de discreción  actúan en connivencia y coordinación con la Brigada XVII del Ejército Nacional en la zona. Buenaventura ya está en libertad pero no salvo y sano como lo esperábamos. Es evidente que la tortura y los tratos indignos que ha debido soportar en sus casi 12 meses de cautiverio lo acompañarán de por vida a él y su familia.
 
Consideramos al Estado colombiano responsable de ésta gravísima violación de la Convención Americana de Derechos Humanos y de múltiples tratados internacionales contra la desaparición forzada de personas y de respeto a los derechos humanos fundamentales. Por ello debe ser obligado a sancionar a sus agentes responsables, a reparar los daños sufridos por la víctima, sus familiares y su comunidad; y a tomar medidas eficaces de no repetición, principalmente, mediante el desmonte de la estructura paramilitar que perpetró el crimen.
 
El  sacerdote jesuita Javier Giraldo por medio del derecho de petición dirigido al Presidente Juan Manuel Santos el 17 de septiembre del 2013, solicita su intervención para, como escribió literalmente el sacerdote, “ordenar la entrega sano y salvo del joven BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, secuestrado por tropas paramilitares quienes actuaban a pocos metros de tropas oficiales en la vereda La Hoz, el pasado 31 de agosto, en un contexto en que los mismos paramilitares propalaron por toda la región su estrecha unidad de acción con las tropas oficiales” (…) y “sancionar a todo el personal que tomó parte en el ilícito y tomar medidas eficaces para conjurar la alianza criminal que se da desde hace muchos años en esa zona, entre las fuerzas armadas del Estado y los grupos paramilitares”. Sin haber obtenido respuesta alguna del Jefe del Estado a pesar del prolongado período de desaparición.
 
Un Estado que permite las desapariciones forzadas en su territorio, sea por omisión o complicidad, difícilmente puede emprender procesos de paz  que conduzcan a una convivencia pacífica en el respeto de la dignidad humana y por ende en el respeto de los derechos humanos.
 
A continuación, presentamos detalle de los hechos que han suscitado  violaciones a la dignidad y a los  derechos humanos a miembros y comunidades que acompañamos en el último mes.
 
                        CASO COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Desde mediados de junio del 2014 la estructura paramilitar que continua activa en Batata (Tierralta, Córdoba) ha amenazado de muerte a WALTER SERPA, miembro de la Comunidad de Paz y coordinador en la vereda Alto Joaquín en Tierralta, Córdoba. Allí los paramilitares han mostrado una lista de personas para asesinar, entre ellas dos personas de la misma vereda. A WALTER lo señalan de ser el responsable de coordinar con la guerrilla la utilización de maquinarias agrícolas, pero dichas maquinarias elementales para el sustento alimenticio son las que la Comunidad de Paz adquirió hace varios años para sostener los retornos comunitarios.
 
El viernes 20 junio de 2014 se registraron varios disparos en la vereda de  Arenas Bajas. Según informaciones de los campesinos de la zona, se ha visto un grupo de paramilitares patrullando el área.

El lunes 30 de junio de 2014 un grupo de militares se acantonó en el asentamiento de nuestra Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza, violando espacios privados y particularmente espacios de vida y de trabajo de la Comunidad de Paz donde no debe permitirse la presencia de ningún arma.

El jueves 3 de julio de 2014, hacia las 12:00 horas, OVIDIO TORRES AREIZA, reconocido paramilitar,  ingresó al asentamiento de San Josecito, propiedad privada de la Comunidad de Paz. Durante su paso por el asentamiento se le vio portando un arma corta. Ovidio, quien ha trabajado para la Brigada XVII del Ejército, participó en el hurto del computador de la Comunidad de Paz el 30 de junio de 2006, comprobándose luego que había sido inducido a cometer dicho delito mediante ofertas monetarias por paramilitares vinculados a la Brigada, como Ovidio Cardona Borja y Elkin Tuberquia, quienes le transmitieron el interés de la Brigada en apoderarse del computador, ofreciendo una atractiva remuneración, quedando luego decepcionados al no encontrar allí nada de interés para la elaboración de sus montajes.
 
El sábado 5 de julio de 2014, hacia las 5:30 horas, se registraron en San José de Apartado fuertes detonaciones de artefactos explosivos seguidas de al menos 30 minutos de disparos y ráfagas. un civil resulto gravemente herido por el impacto de los disparos.
 
El lunes 7 de julio de 2014, en el casco urbano de San José, presuntamente, los militares  detonaron un artefacto explosivo.   Según, pobladores del caserío dichos explosivos son colocados por los mismos militares, pues en varias ocasiones han sido vistos en cuando los  colocan.  Ese mismo lunes 7 de julio un poblador de San José fue interceptado por un militar, quien en forma airada le anunció que hay un plan del ejército de  comprar un terreno al Señor Jaime García para construir una base militar en los linderos del asentamiento principal de la Comunidad de Paz en San Josecito, y si el Señor García no les vende el lote, entonces será desterrado nuevamente de la región. En años anteriores Jaime García, propietario del terreno había sido obligado a desplazarse.
 
                                        CASO CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ
Las denuncias que nos llegan desde estas comunidades son bastantes y muy detalladas,  por lo que mencionamos los hechos más relevantes y adjuntamos los links desde los cuales se puede profundizar en el contexto de los mismos, para entender su complejidad y verificar la sistematización de los delitos y las violaciones.
 
Martes 17 de junio de 2014, instalación de un retén de paramilitares a pocos metros del perímetro urbano del caserío de Pavarandó. En éste, tres hombres vestidos de civil, portando armas cortas impidieron  la libre circulación vehicular. Los cuáles, luego de corroborar las identidades de los pobladores y compararlos con un listado autorizan su circulación. Repitiendo el mismo formato de la dinámica paramilitar de años anteriores. Entre las personas afectadas por estas operaciones ilegales se encuentran las comunidades indígenas Embera y los afromestizos que habitan en Jiguamiandó y en Curvaradó. http://justiciaypazcolombia.com/Reten-paramilitar-en-Jiguamiando
 
Miércoles 18 de junio de 2014, se conoció que el empresario ocupante de mala fe, Darío Montoya, empresario ganadero se apropió de más territorio colectivo del Consejo menor de Andalucía, Curvaradó. Darió Montoya realizó una transacción ilegal con el comisionista de tierras Julio Causil, testaferro del extinto paramilitar Vicente Castaño. Dicha transacción, en contra de la ley 7O, desconoce al mismo tiempo, las órdenes de la Corte Constitucional que pretende proteger la propiedad colectiva.  El mismo empresario cedió,  a los militares, unos terrenos  arrebatados a la comunidad de afrocolombianos  en los que actualmente se instaló la base militar del batallón Selva 54, de la Brigada 17.
http://justiciaypazcolombia.com/Empresario-amplia-ilegalmente
 
Martes 24 de junio de 2014. Algunos peones enviados por los bananeros, ganaderos, palmeros, beneficiarios del despojo violento, como Claudia y Antonio Argote, coronel (r) Luis Felipe Molano, Juan Guillermo Gonzales y Restrepo Girona, han destruido bienes de los integrantes de los consejos comunitario de Curvaradó y Pedeguita y Mansilla.
 
Así mismo, en predios del consejo comunitario de Caracolí, territorio del Curvaradó, los vaqueros destruyeron la cerca que divide los predios individuales de la empresa Tukeka, pertenecientes a  la familia Argote, en provecho propio. Esta familia pretende volver a ampliar su propiedad individual, por la vía de facto, después de que su demanda,   para intentar adueñarse de parte de los territorios colectivos adjudicados al Consejo Comunitario del Río Curvaradó, contra el INCODER fue rechazada [expediente No. 36.313 (110010326000 2009 00010 00)].

Mientras que los trabajadores del coronel (r) Luis Felipe Molano, Juan Guillermo Gonzales y Restrepo Girona, destruyeron vallas de identificación de las Zonas de Biodiversidad en Bijao Onofre. http://justiciaypazcolombia.com/Empresarios-ocupan-nuevamente

25 de junio de 2014. La Comisión de Justicia y Paz, recibió una comunicación de Wilson Devia, de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien inició un proceso contra los reclamantes de tierras Yomaira y Enrique, supuestos protegidos, sin dar respuesta a las solicitudes materiales de protección. Así mismo, la Fiscalía General de la Nación no ha informado  sobre la identificación de los responsables de 78 mensajes de texto, de los seguimientos ilegales y de las amenazas en Curvaradó, Apartadó y Bogotá contra los líderes y la Comisión.  Cada vez se incrementan más las llamadas intimidatorias sobre los familiares de los líderes de restitución de tierras de Jiguamiandó y Curvaradó.
 
Viernes 26 de junio de 2014. Continúan las amenazas a líderes de Curvaradó. Las víctimas de las amenazas son: Orlinda y Oscar Cabezas, hermanos de Enrique Cabezas, Yomaira Mendoza y Enrique Cabezas, y la misma Comisión de Justicia y Paz. Las amenazas de texto se hicieron desde el celular no. 3217255820 y como en otras denuncias señalamos como  presuntos autores intelectuales a los empresarios William Ramírez, Darío Montoya y Antonio Jesús Lopera. Los cuales se han apropiado de tierras en Apartadocito, Llano Rico, El Cerrao, y San Rafael y parte de Andalucía.  http://justiciaypazcolombia.com/nosotros-deninguna-manera
 
Jueves 3 de julio de 2014, nueva amenaza  de muerte a ENRIQUE PETRO líder, reclamante de tierras del Curvaradó.  “la muerte allega” fue el mensaje pintado en una pared de su casa. Así mismo, la Comisión Intereclesial ha confirmado que “Dummi Ruiz”,  reconocido paramilitar  se mantiene rondando  alrededor de la finca de ENRIQUE PETRO en el Curvaradó.  El presunto asesino es del círculo de Julio Causil, de quien ya nos hemos referido como el sujeto con quien Darío Montoya ha hecho negocios fraudulentos para apropiarse de los territorios del Consejo de Andalucía, Curvaradó. http://justiciaypazcolombia.com/Nueva-amenaza-a-reclamante-de
 
Domingo 6 de julio de 2014. Amenazan, por enésima vez,  al líder Enrique Cabezas al salir del Foro sobre Víctimas, en Villavicencio. El líder Enrique Cabezas supo que sería asesinado por hombres armados que se encuentran en esa ciudad. El líder se encontraba allí para participar en el primer Foro sobre el punto de víctimas acordado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en la mesa de La Habana.
 
En un mensaje de texto del teléfono 3217255820 le advirtieron a través de su hermana Orlinda Cabezas de su asesinato, identificando con precisión sus movimientos y los de Yomaira Mendoza, la otra lideresa que se encuentra amenazada por los mismos ocupantes de mala fe que se valen de estrategias paramilitares para el mantenimiento de sus empresas en Curvaradó. Desde hace más de dos meses Enrique y Yomaira se encuentran en condición de un tercer desplazamiento. La Unidad Nacional de Protección, no ha respondido eficazmente a las medidas solicitadas, entre ellas el cambio de uno de los escoltas que no actúa con idoneidad, ni a la solicitud de un vehículo blindado para la protección de ellos, mientras se encuentran en Bogotá. http://justiciaypazcolombia.com/Amenazan-a-lider-Enrique-Cabezas
 
Por todo lo anterior, solicitamos urgentemente a los organismos internacionales que persuadan al actual Gobierno para que se persone en el proceso de investigación, aclaración y judicialización de las violaciones que denuncian las  comunidades y, sobre todo, para que tome medidas a favor del esclarecimiento de la legalidad de las actuaciones de las siguientes personas, sobre las cuales recaen muchas denuncias que las señalan como presuntos responsables de ocupantes de mala fe que se quieren adueñar, por la fuerza, de los territorios que nos les pertenecen: Darío Montoya, Julio Causil, Claudia y Antonio Argote, coronel (r) Luis Felipe Molano, Juan Guillermo Gonzales, Restrepo Girona, William Ramírez, Antonio Jesús Lopera y  “Dummi Ruiz”. Este último parece ser que trabaja como sicario, bajo órdenes de Julio Causil. Algunos de éstos nombres también son  registrados como poseedores de mala fe en el INFORME TÉCNICO, de julio del 2012, ELABORADO POR EL INCODER, EN CUMPLIMIENTO DE LOS AUTOS 045 Y 112 DEL 2012, PROFERIDOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL. http://colombialand.org/wp-content/uploads/2013/01/INCODER_CURVARADO.pdf
                                                      CASO CACARICA
 
Viernes 27 de junio de 2014. Ante las sistemáticas agresiones y violaciones de derechos humanos realizadas tanto por  militares como por paramilitares en los municipios de Turbo, de Río Sucio y Unguía, y en los territorios colectivos de Cacarica, Salaquí y Truandó; y ante la indiferencia y/o ineficacia del Gobierno nacional ante los hechos, hacemos eco de la carta enviada al presidente Juan Manuel Santos  y a su gabinete, el 27 de junio pasado en la que con lujo de detalles, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, les plantean el estado del arte sobre la sistematicidad de los hechos violentos en tierras del Cacarica: Montajes y difamaciones contra líderes de CAVIDA y Comisión Intereclesial; actividades empresariales sostenidas con operaciones paramilitares; ocupación y base militar en territorios colectivos del Cacarica. Así mismo, solicitamos a los Organismo Internacionales que indaguen sobre la legalidad de la base militar denominada “La Unión” ubicada en la frontera entre Panamá y Colombia instalada en predios colectivos de las comunidades negras. http://justiciaypazcolombia.com/Montajes-y-difamaciones-contra
 
Martes 1 de julio de 2014.  Campaña de estigmatización contra Javier Giraldo Moreno, S.J.;
Alberto Franco Giraldo, CSsR.; Danilo Rueda y Abilio Peña Buendía. Se vuelven a repetir las mismas estrategias de años anteriores. Difamaciones coordinadas por un conjunto de políticos y empresarios afines al  proyecto político – económico del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez,  y difundidas a través de medios de comunicación cercanos a éstos. Como se ha verificado en otras ocasiones, estas campañas se llevan a cabo para desacreditar la labor humanitaria y la defensa de los derechos humanos que realizan estos sacerdotes y abogados. En el link se describe y presenta la cronología de los hechos y los responsables de los mismos. http://justiciaypazcolombia.com/El-poder-de-las-tinieblas
 
Jueves 3 de julio de 2014. Se conoció que el Coronel (R) Fernando Mojica expresó que iba a sacar a los acompañantes de la ciudad  de Buenaventura. La delicada afirmación coloca en riesgo a 7 defensoras y defensores de la Comisión que prestan sus servicios en el sector Puente Nayero, barrio La Playita, Buenaventura.
 
Así mismo, continúan las intimidaciones y atentados contra otros defensores de los Derechos humanos. A pesar de las medidas cautelares que cobijan al Padre Alberto Franco y Camilo Aguilera, y las provisionales otorgadas por la Corte Interamericana para Danilo Rueda, la situación de riesgo no se resuelve, y los mecanismos de persecución se cualifican, gracias a la impunidad en que persisten las operaciones ilegales del DAS y de algunos efectivos militares.
 
Por ello, insistimos que no basta con asignar escoltas y medidas puntuales de protección a las víctimas, es fundamental que los organismos internacionales de defensa de derechos humanos persuadan al Gobierno y a las Fuerzas militares de éste país sobre la importancia de respetar los límites que impone la ley y la doctrina internacional de los derechos humanos, pese a las diferencias ideológicas y políticas. Las altas jerarquías  militares de Colombia, cuyo poder es innegable, deben entender  que la labor que realizan los defensores de los derechos humanos más que estar en contra de las instituciones es garantía del estado constitucional del sistema político. Un Estado constitucional se caracteriza, precisamente porque la constitución sirve de límite a los poderes de facto.  También solicitamos que se medie ante el Gobierno nacional para que atienda la solicitud de la Comisión Intereclesial para realizar  una reunión de carácter urgente con  ellos, ojalá, directamente con el Presidente Juan Manuel Santos.
 
Las dinámicas de años atrás en las que el poder de las armas, de las calumnias, de las amenazas siguen siendo la ley que impera en los territorios de las comunidades que acompañamos, y las víctimas, también, siguen siendo las mismas. Por ello, apelamos a los niveles más altos de los organismos internacionales de tutela de los derechos humanos para que intervengan en el caso colombiano, el cual es de extrema gravedad, sobre todo porque verificamos que los hechos que aquí denunciamos se han estructurado como parte de la maquinaria de gobierno.

Esperamos entonces que en el marco del  Derecho Internacional se realicen las acciones permitidas para que el Gobierno colombiano ponga fin a la  sistematicidad de violaciones a la dignidad humana en Colombia.
 
Agradecemos su amable atención,
Andrea Proietti

Presidente Rete Colombia Vive! A nombre de los miembros de la Red y de su  Consejo Nacional:
Abogado Francesco Tartini (Treviso), Giuseppe Coscione (Genova) y Simona Fraudatario (Roma).
 
Con copia a:
Presidencia de la República de Colombia, Vicepresidencia de la República de Colombia, Ministro de la Defensa, Ministro del Interior, Ministro de Justicia y del derecho, Fiscal General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Departamento de Policia Urabá, Comando de la Brigada XVII.

Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace Colombiane
Colombia Vive! Onlus
 

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