Conclusiones del foro regional ambiental del Tolima realizado el 1 y 2 de agosto
Las organizaciones participantes y convocantes del Foro Ambiental del Tolima, Saberes y luchas en defensa del territorio, realizado en la ciudad de Ibagué los días 1 y 2 de agosto de 2014, rechazamos totalmente la imposición de la política minero-energética del gobierno nacional y demás proyectos que atentan contra los derechos de las comunidades y la naturaleza. Denunciamos el matrimonio del gobierno nacional con las multinacionales, en contravía del querer, sentir y pensar de las comunidades.

Ante el despojo y saqueo de los territorios, nos proponemos romper de una vez por todas, los modelos de dominación y guerra que se roban el presente y futuro de nuestros hijos e hijas. Necesitamos un país y un gobierno de colombianos y para los colombianos. El pueblo habla, el pueblo mandata.

Las organizaciones participantes y convocantes del FORO AMBIENTAL DEL TOLIMA, Saberes y luchas en defensa del territorio, realizado en la ciudad de Ibagué los días 1 y 2 de agosto de 2014, rechazamos totalmente la imposición de la política minero-energética del gobierno nacional y demás proyectos que atentan contra los derechos de las comunidades y la naturaleza. Denunciamos el matrimonio del gobierno nacional con las multinacionales, en contravía del querer, sentir y pensar de las comunidades.

La nación colombiana como soberana suprema, no puede ser convidada de piedra en la definición del manejo y aprovechamiento de la riqueza y patrimonio natural del país, pues estos son indispensables para el buen vivir de las comunidades. En este sentido el Estado debe ser garante de los derechos del pueblo colombiano y no mero agente de los intereses del gran capital.

Desde este escenario se exige el retiro de las empresas mineras, hidroeléctricas, petroleras, de semillas transgénicas, entre otras, que se encuentran en estos momentos en el territorio tolimense.

Consideramos que:

1. La política minero-energética del Gobierno de Juan Manuel Santos desconoce los derechos de las comunidades, violenta la democracia, los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la dignidad de las comunidades imponiendo un modelo de saqueo, despojo, violencia y degradación ambiental sin precedentes.

2. El gobierno nacional desconoce el clamor popular, las demandas y protestas comunitarias que rechazan la imposición de modelos extractivos contaminantes que atentan contra el derecho colectivo a un ambiente sano, democracia local y participación de las comunidades en el rumbo de sus territorios.

3. Desde el modelo de desarrollo nacional imperante se beneficia el interés particular de las empresas mineras, petroleras, hidroeléctricas, en contravía del interés general. La economía debe estar al servicio de la gente y no la gente al servicio de la economía.

4. Desde el gobierno nacional se promueve el saqueo, despojo y entrega de los recursos naturales a intereses foráneos, en contra del interés y bienestar de todos los colombianos. Se actúa y legisla en contra del país.
5.    Las multinacionales minero-energéticas que hacen presencia en el territorio tolimense tienen prontuarios nefastos en el tema de derechos humanos y contaminación ambiental. No tienen ningún arraigo por el país y mucho menos por el interés de las comunidades.

6. La acción organizada, unificada, coherente y permanente de las comunidades son la única posibilidad real para detener la cultura de muerte, desigualdad y degradación ambiental que se impone desde el modelo económico imperante.

7.Es evidente que cada día se acelera más la política minero-energética de saqueo en el país, copando diferentes territorios, minando y atomizando la acción social con proyectos de desarrollo que no atienden las necesidades de las comunidades locales.

Teniendo en cuenta lo anterior, proponemos:

1. La defensa de la vida, el agua, el territorio, los derechos comunitarios y la dignidad humana, son la base de articulación de este proceso social.

2. Fortalecer y articular los procesos de educación popular, la participación permanente y vinculante, que permitan entender los impactos sociales, ambientales, culturales y económicos de los proyectos minero-energéticos que se quieren imponer unilateralmente desde el gobierno nacional en nuestros territorios.

3. Promover y fortalecer los procesos de organización social, desde el entendido que el poder social es el único capaz de derrotar el poder económico y político de los corruptos que defienden el interés de multinacionales y sectores minoritarios de la sociedad en contra del interés de los campesinos, indígenas, negros y comunidad en general.

4. Fomentar procesos de comunicación permanente entre las organizaciones y con la comunidad en general, que permitan informar sobre las acciones y procesos que se desarrollan, sus problemas, avances y retos, con el fin de cohesionar las acciones del movimiento social y ambiental.

5. Generar mecanismos de articulación y coordinación permanente entre el movimiento social y ambiental con la Universidad. El conocimiento debe estar en función de los derechos sociales, humanos, culturales, económicos y ambientales de las comunidades. Este actuar conjunto debe promover el mejoramiento de la calidad de vida de todos los sectores sociales, en especial de los más desfavorecidos; la legitimación de la Universidad como institución social; desarrollo de proyectos de investigación y formación en consonancia con las necesidades y apuestas de las comunidades.

6. Construir espacios de encuentro, intercambio, construcción social que potencien la movilización social y la defensa efectiva del territorio, la soberanía y el derecho al buen vivir de los habitantes del departamento y la región. Nos mantenemos atentos y en pie de lucha.

7. Exigir al gobierno nacional el respeto por los mecanismos de participación ciudadana, popular y decisoria, la democracia local, las consultas populares, la autodeterminación de las comunidades, la implementación de zonas de reserva campesina, la ampliación de los resguardos indígenas y el derecho de los campesinos a la consulta previa.

8. Nos comprometemos por la construcción permanente y futura de un modelo de desarrollo social, ambiental, económico y cultural que promueva el respeto por la dignidad humana, los derechos humanos de las comunidades y los derechos de la Naturaleza. El agua nos convoca y obliga a organizarnos y defenderla porque es la esencia de la vida.

No podemos olvidar en ningún momento que los impactos negativos en lo social, político, económico, cultural y ambiental que generan los proyectos minero energéticos son PARA SIEMPRE.

 

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

 

FIRMAN

Universidad del Tolima, Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Constituyentes por la Paz, Marcha Patriótica, ASTRACATOL, ASOPARAMO, Asociación de Usuarios del Acueducto Delicias Convenio, Veeduría Ambiental del Norte del Tolima, Comité por la Consulta Popular del Espinal, ASOAGROAMBIENTAL, Corporación Observatorio Socioambiental de la Provincia de los Nevados CORPONEVADOS, Asociación de mineros tradicionales ASTRA, ASTRACATOL, ASI, ASTRALIMON, ASOHERMOSAS, COSAJUCA, Fundación de Derechos Humanos y Voces por el agua, Asociación de mujeres indígenas, Cabildo Patio Bonito, Colectivo Alternativa, Observatorio Ambiental, Asociación Tienda Comunitaria La Esmeralda, ASACOL, CRIT, ACEU, Unión Patriótica, Cabildo Verde, CORMINCAIDATTOL, Asociación Nuevo Liderazgo Campesino, Resguardo Idarquito ACIT, Resguardo Indígena Vuelta del Rio, Unidos por el sur, USOCOELLO, USOSALDAÑA, ASITABA – SIGMA MUJER, Grupo Semillas, Comité por la Consulta Popular Piedras, Herencia Natural, Estudiantes y Docentes de los programas de Lic. En Ciencias Sociales, Técnico Profesional en sistemas de monitoreo agrícola, Derecho, Sociología, Medicina veterinaria, comunicación social, Ingeniería Forestal, Tecnología Forestal, Ingeniería Agronómica, Biología, Ciencias Políticas, Maestría en Territorio, Conflicto y cultura de la Universidad del Tolima, Estudiantes de la universidad Distrital y Universidad Nacional.

Ibagué – Tolima, 2 de agosto de 2014.
Fuente: http://www.colectivodeabogados.org/Declaracion-de-Ibague-Conclusiones