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Asociación de Cabildos Indìgenas del Cauca

April 24, 2024

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La RED POR LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS DEL CAUCA, pretende a través de estos dos Boletines Trimestrales de 2014, no solo divulgar datos e información como resultado de un monitoreo y seguimiento a los hechos vinculados a la afectación de los derechos humanos en el departamento del Cauca, también busca fortalecer este espacio como el medio incluyente y dinámico hacia la promoción, difusión y defensa de los mismos.

 

Crítica situación humanitaria en el Cauca

 

 

En el primer trimestre de 2014, el Cauca presentó uno de los más altos indicadores de eventos bélicos, a pesar de la tregua unilateral de las Farc a finales del año 2013 e inicios de 2014, situación que se confirma a partir de la información registrada en la base de datos del Observatorio de Derechos Humanos y derecho Internacional Humanitario de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.
 
Según el Sistema OCHA Monitor desde el 2009, el Cauca es el departamento con mayor número de acciones armadas por año, tendencia que persiste en el primer trimestre de 2014. En el mes de marzo se registraron 31 acciones bélicas en el Cauca, más de la tercera parte del total registrado a nivel nacional y aunque la intensidad del conflicto en el país ha variado, el problema humanitario mantiene su impacto respecto de los desplazamientos masivos, las limitaciones a la movilidad de la población y las restricciones a las actividades de la población civil.
 
En estos 3 primeros meses de la post‐tregua de las Farc, en los departamentos de la Costa Pacífica (Nariño, Valle, Cauca y Chocó) concentró el mayor número de desplazados. En febrero se presentó un aumento del 20% de la actividad armada en todo el país respecto de enero, sin embargo en Cauca, Arauca y Antioquia el comportamiento fue similar a períodos anteriores, con el ingrediente que las amenazas por paramilitares se incrementaron en un 193% respecto del mes de enero, lo que seguramente tuvo relación con la proximidad de las elecciones de Cámara y Senado. Así mismo, los desplazamientos se presentaron fundamentalmente en comunidades afros e indígenas de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander (1.294 personas en la Costa Pacífica).
 
Según la “Corporación Nuevo Arco Iris”, el año 2012 fue el año más violento de los últimos años (59 acciones bélicas por mes), lo que es ratificado por el Boletín Informativo de OCHA en el año 2013, que nos ilustra acerca de la disminución de la intensidad del conflicto, pero con acciones de guerra de un 48% en combates y un 17% en hostigamientos, siendo los departamentos más afectados el Cauca, Antioquia, Arauca y Caquetá en su orden, asintiendo además en que la acción ofensiva por parte de la fuerza pública fue continúa a pesar de la declaración del cese unilateral de sus acciones por parte de la guerrilla de las Farc. Así mismo la continuación de las prácticas de desplazamientos, confinamiento, violencia contra reclamantes de tierras, minas antipersonales, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, urbanización de la violencia y el creciente impacto de los grupos paramilitares, lo que ellos denominan GAPD (Grupos armados post ‐ desmovilización), se dieron en estos meses de 2014.
 
Destaca también esta información, que en el año anterior las Farc participaron en el 62% de las acciones bélicas y el ELN en el 9%; 29.697 fueron víctimas de desplazamiento masivo y cerca del 90% de estos desplazamientos, se concentraron en los departamentos del Cauca, Valle, Nariño, Chocó y Norte de Antioquia, con la connotación que las ciudades más expulsoras fueron: Buenaventura, Medellín y Tumaco, la que sola expulsó 8.300 personas en 2013. Es importante destacar que desde 1985 según los registros de RUV (Registro Único de Víctimas) existen 5 millones 966.211 víctimas del conflicto armado y de estas 5 millones 2000.000 de desplazamiento forzado de las cuales 80.000 son expulsadas el año 2013.
 
En este mismo año el PAICMA (Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas) registró 359 víctimas con un promedio de 30 víctimas por mes y OCHA establece un acumulado de 270.000 personas víctimas de confinamiento, entendido este como la restricción a la movilidad, el acceso a cultivos de consumo, caza, pesca, comercio, la inseguridad alimentaria y la limitación a servicios esenciales como la salud y la educación básicamente.
 
Es importante entender la participación de la Comunidad Internacional y del Sistema de Naciones Unidas desde lo humanitario en este conflicto interno, pues han venido reforzando sus enfoques en DDHH y Protección, activando mecanismos de alerta temprana e incidencia en DD HH en términos de información y acompañamientos regionales, no sólo respecto del conflicto armado sino también en las movilizaciones campesinas y populares de 2013 y 2014 donde han jugado un papel significativo hacia el tratamiento coactivo y de fuerza que el Estado le ha dado a estas.
 
Resaltamos también como en Enero de este año (2014), el Consejo de Estado condenó a la Nación por los daños causados en propiedad civil y religiosa debido a la ubicación de puestos de policía en sitios poblados, como también al Ejército Nacional por un caso de un accidente de un civil con MUSE (munición sin Explotar); que son casos emblemáticos de la difícil situación en términos del conflicto armado que vive el país y que se dan frecuentemente en todo el territorio nacional, principalmente en los departamentos donde las confrontaciones armadas son más constantes como el departamento del Cauca.
 
Mirando este comportamiento del conflicto en nuestra región y luego de escuchar al primer mandatario departamental TEMÍSTOCLES ORTEGA y a los mandos militares y policiales del departamento; el primero hablando de la delicada situación de violencia en el norte del Cauca y los otros hablando de los refuerzos y el aumento del pie de fuerza de militares y policías, es visible que la estrategia estatal hacia la solución sigue cifrada en la Consolidación y la Acción militar y de guerra, con acciones cívico‐militares como las que se vienen desarrollando en muchos de los municipios del Cauca por un lado y por otro, con la intensificación bélica, donde quien lleva la peor parte de estas confrontaciones es la población y las comunidades fundamentalmente rurales.
 
Sin embargo, las amenazas paramilitares se hacen más permanentemente, los “sitios” a comunidades por actores armados permanecen (Tacueyó, Jambaló, Toribío, Inzá, Guapi, Argelia) , las confrontaciones se sienten sino más contundentes igual de agudas que las que se presentaron en el año 2012, los hostigamientos y los embates armados se hacen más aterradores, sin mostrar avances de paz reales en la región, pues el conflicto y su inclemencia en el Cauca parece que no escucharan las voces de Paz de la Habana y los clamores que la población colombiana y caucana hacen; pareciera que la paz que tanto anhelamos en vez de acercarse se alejara más.
 
Por otro lado, a la par que se abre la compuerta legal, ambiental y territorial para que entren al Cauca en toda su extensión geográfica la Empresas Transnacionales a explotar nuestro oro, la bauxita, la madera, el carbón, el agua y la energía eléctrica y próximamente el petróleo, además de las enormes problemáticas que ya acarrean las comunidades respecto de la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito; se abren posibilidades de inversión económica para el Cauca. En el pasado mes de enero se realizó un Consejo de Ministros en Popayán donde se aprobó un CONPES, el cual destinó para el Cauca el valor de 1,9 Billones basado en 257 acciones, dineros que según el Gobernador del Cauca son adicionales a los ya concedidos para el Contrato Plan del Norte del Cauca y lo que se ha definido por concepto de Regalías.
 
Para el departamento y los Caucanos es la primera vez en toda su historia que el gobierno nacional destina recursos en ese sentido para ambiente, desarrollo productivo, desarrollo rural integrado, turismo, vías y educación. La enorme pregunta que nos hacemos después de todo el escepticismo que se ha vuelto cultural, es “¿de eso tan bueno si dan tanto?”, o habrán otros intereses estratégicos en nuestro olvidado departamento; no vaya a ser que en medio de todos estos proyectos esté inmersa la entrega de nuestras riquezas y soberanía al inescrupuloso capital foráneo y devastador.
 
La defensa de nuestro territorio, la defensa de nuestros derechos económicos, sociales, culturales, de medio ambiente y de paz, está intrínseca en los cuestionamientos, preguntas y consultas previas que deben circular por nuestras comunidades, nuestras organizaciones sociales, para que desde nuestras opiniones y propuestas como constituyente primario se sepa qué va a suceder con el futuro de nuestro departamento y la lucha por vida digna de nuestras gentes.

LEER BOLETÍN COMPLETO: http://publish.indymedia.org/media/2014/09//978939.pdf

 

El Macizo Colombiano, fábrica de agua del país, amenazado por la minería ilegal
El Presidente Santos se pronunció a través de diferentes medios de comunicación de Popayán sobre el continuo diálogo que el Gobierno nacional realiza con Organizaciones y Comunidades de todos los sectores, principalmente con los campesinos y los indígenas, en dicho pronunciamiento el primer mandatario expresó que “no habían razones para el paro”, haciendo referencia al paro agrario de Agosto de 2013.
 
Sin embargo, diferentes sectores de la sociedad colombiana convinieron en que era necesario llevar a cabo una nueva movilización por los derechos fundamentales del campesinado, los afrodescendientes, los indígenas y sectores urbanos, bajo la orientación de los acuerdos pactados en la ciudad de Bogotá en la “CUMBRE AGRARIA ÉTNICA, CAMPESINA Y POPULAR”. Un pliego de exigencias en esa dirección fue entregado al Gobierno Nacional desde el mes de Abril de 2014.
 
Varios puntos fueron destacados en las exigencias agrarias, interétnicas y populares, tales como el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos; tierra, territorio y ordenamiento territorial; derechos políticos, sociales, minería, energía y ruralidad; cultivos de uso ilícito; relación campo ciudad; paz, justicia social y solución política del conflicto interno. A lo anterior se suma, el rechazo a la implementación del Censo Agrario que no tiene en cuenta, entre las personas a censar, al campesino como participe real y habitante rural.
 
El Pliego presentado al Gobierno nacional exige entre sus puntos, generar la discusión mediante la conformación de una MESA ÚNICA DE INTERLOCUCIÓN. Aprobada oficialmente a través del Decreto 870 de 2014, además de cinco puntos generales de discusión como: un fondo de economía campesina, un esquema diferencial en que el Departamento de Planeación Nacional prioriza la ejecución de proyectos, de acuerdo con las necesidades de las comunidades, garantias a las organizaciones de la Cumbre y aceptación de la Mesa como espacio único de discusión sobre el pliego presentado.
 
Es de destacar que a pesar de estos esfuerzos unitarios, se movilizaron también en el mes de mayo otros sectores campesinos como “Dignidad Cafetera”, quienes adelantaron hechos sociales importantes en el país y en la región.
 
Otros hechos de movilización indígena y afro en el norte del Cauca, se expresaron mediante jornadas de movilización agraria durante este periodo. Las comunidades hicieron visible la enorme problemática suscitada por la explotación minera ilegal y “legal”, fundamentalmente por comunidades afrodescendientes en varios municipios nortecaucanos. Situación agravada con la tragedia de 12 mineros muertos por la avalancha ocurrida en la Vereda San Antonio el día 30 de abril, que obligó al Gobierno Nacional a tomar la decisión del cierre de estas minas y sentarse en Santander de Quilichao con organizaciones y comunidades afectadas para encontrarle salidas reales a dichos problemas.
 
El movimiento social caucano mostró madurez, tanto en sus propósitos, como en sus métodos de acción social a través de importantes foros, reuniones con otros sectores sociales. Tal es el caso de la reunión con los gremios caucanos, la academia y la iglesia regional; foros realizados en gran parte de la geografía caucana, acuerdos populares y puesta en escena de la discusión con el Estado colombiano de inaplazables reivindicaciones sociales y políticas, tanto regionales como nacionales.
 
En este período, correspondiente al segundo trimestre, se presentó la coyuntura nacional de movilización social preelectoral a la que se unió el magisterio colombiano y los trabajadores de la justicia con paros cortos, pero que posibilitó negociaciones específicas con el Gobierno nacional. Habitantes de varios asentamientos de Popayán también se movilizaron durante el mes de mayo logrando generar debate sobre sus problemáticas con los gobiernos regional y local.
 
Un trimestre activo en acciones sociales, pero permeado por un sinnúmero de conflictos y problemáticas, de agudización en cuanto a violaciones de derechos y, por supuesto, de expectativas y desarrollos comunitarios frente a la paz y la solución al conflicto armado e interno en la región y el país.
 
La gran minería y la minería ilegal no cesan en ser las causantes de estragos en la Costa Pacífica, en el Macizo Colombiano, en el norte del departamento y también en otras regiones.
 
El Cauca es un departamento solicitado en concesión en más del 60% de su territorio total, ante el avance sin control de una locomotora minera arrasadora y sin escrúpulos para adelantar su cometido. En zonas del Macizo donde ya existe una titulación del 30%, cada vez arriban más retroexcavadoras, “de propiedad de gente de Antioquia y de la Costa Atlántica”, según versiones de líderes maciseños.
 
Esta situación condujo a una reunión en el mes de abril en procura de que las autoridades departamentales, nacionales y la Agencia Nacional Minera centren su atención a una problemática que crece y afecta a la población y su entorno.
 
Se requiere atención desde el gobierno, sobre todo en lo concerniente a documentación y procedimientos para la expedición de títulos mineros, para luego, según se decida, analizar con las comunidades afectaciones y requerimientos.
 
La desventura de lo sucedido en Santander de Quilichao, hizo que las autoridades ambientales y de gobierno tuviesen que atender no solo dicha emergencia, sino ponerle cuidado a las recomendaciones que con antelación habían hecho la Defensoría del Pueblo y entidades regionales como la Secretaría de Gobierno departamental, advirtiendo insistentemente sobre los riesgos a que estaban expuestas las comunidades afectadas de Santander y de muchas zonas mineras del Cauca.
 
Otro aspecto relevante que se abordó en esta coyuntura fue el de la Paz. A nivel institucional, en la región se instaló la Red de Alcaldes y Gobernadores por la Paz, Capítulo Cauca y Valle, evento al que asistieron el Ministro del Interior y el Alto Comisionado para la Paz, como resultado de este encuentro queda la tarea de abrir participación comunitaria con respecto a las temáticas que se están discutiendo en la Habana.
 
De igual forma, en la Asamblea Departamental, durante la instalación del segundo período de sesiones ordinarias, se presentaron proyectos de Ordenanza con el fin de reordenar el Consejo Departamental de Paz como un escenario de participación de las distintas fuerzas sociales, políticas, académicas, económicas, y religiosas del departamento.
 
Desde la Gobernación del Cauca se propició la instalación de la Mesa de Post-conflicto en el mes de junio. De parte del movimiento social se persiste en el apoyo y fortalecimiento de esta iniciativa.
 
Uno de los temas que enmarcó la movilización de mayo fue el de la paz. Se logró una primera reunión entre los sectores movilizados y sectores gremiales y de la Iglesia, reunión que de forma fructífera avanzó con la propuesta de nuevos encuentros en forma propositiva y de común acuerdo.
 
En el mes de junio se desarrolló un Encuentro del Movimiento Social por la Paz donde hubo la participación de Organizaciones y Procesos de la Cumbre Agraria Étnica, Campesina y Popular del Cauca, con el fin de avanzar hacia el FRENTE COMÚN POR LA PAZ por la solución política al conflicto armado y la construcción de paz con justicia social, según expresaron los dirigentes sociales en dicho evento.
 
Sin embargo todos estos esfuerzos, parece no fueran suficientes para enfrentar la dura realidad que continúa sufriendo el Cauca. El conflicto armado es permanente, como lo es también la guerra desinformativa, tal como sucedió con la afirmación del ejército de haber neutralizado una “trampa mortal de fabricación artesanal” tipo tatuco, hallado en los predios del “Centro Educativo La Primavera”. Atentado atribuido a las Farc, información que luego sería desmentida por el Alcalde de Suárez Rubén Devia, cuando dice: “no se han encontrado explosivos en ningún establecimiento educativo de nuestro municipio, lo que hubo fue la presencia de unos artefactos lejos del sitio mencionado”.
 
La inseguridad para las comunidades en las zonas rurales no disminuye. Las fumigaciones continúan, tal como sucedió en la Costa Pacífica en territorios de los Consejos Comunitarios Afro de López de Micay los días 18, 19, 20, y 21 de mayo de 2014 en forma indiscriminada y perjudicando los cultivos de pancoger.
 
Siguen los desplazamientos, principalmente en el Pacífico caucano, ocasionados por enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las Farc, con más de 200 familias desplazadas hacia la cabecera municipal de Guapi.
 
Número de desplazados que se suma a los datos que entregaría la UARIV (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas) de la Defensoría, que reportan que el 48,1% de desplazados se concentra en Nariño, Valle, Cauca y Chocó. De los 25 municipios con mayor expulsión del país, 6 están en el Cauca: Suárez, López de Micay, Argelia, Timbiquí, Guapi, El Tambo.
 
Otras problemáticas siguen presentes en este período, entre ellas los conflictos interétnicos e intersociales por la tierra; el desempleo y las permanentes alzas de la gasolina, las amenazas a líderes siguen al orden del día.
 
Las violaciones a los derechos humanos no bajan en cifras, tal como lo indican los datos que de este período entrega nuestro Observatorio: el reclutamiento de menores, la ley de víctimas en vez de ser una solución para estas en el Cauca es un tema sumamente complejo, las víctimas de los paramilitares temen su regreso al término de sus risibles condenas.
 
Para completar este difícil cuadro, se instaló en Popayán una sala de interceptaciones telefónicas y electrónicas la cual será operada por la Fiscalía Seccional Cauca a través
de un equipo GSM-PRO que puede rastrear e intervenir entre 100 y 250 números al mismo tiempo, además de grabar conversaciones de voz, detectar mensajes de texto y hacer la manipulación del número de celular, lo que se convierte en una gran amenaza en contra de los derechos ciudadanos.

 

 

RED POR LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS DEL CAUCA
redporlavidacauca@yahoo.com