Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

En la audiencia en el Congreso quedó claro que el proyecto de Ley de Baldíos no gusta, pero quienes más se oponen son los Llaneros quienes ven amenazadas tierras que por décadas les han pertenecido.
En las cercas de varias fincas en Puerto Gaitán y San Martín en el Meta, apareció en abril colgado un documento oficial del Incoder que identifica las 172 fincas que el Estado considera suyas y que se propone recuperar. Por esta vía, los laneros que llevan viviendo allí cuarenta, cincuenta o sesenta años se enteraron que el gobierno los considera ocupantes indebidos. Y que les van a quitar sus tierras.

A don Eliseo Enciso le contó su hijo, a quien le entregaron la resolución que inicia proceso de recuperación de baldíos de la finca el Veladero. El viejo murió en septiembre en medio de la pena y de la indignación. ¿Ocupantes indebidos? ¿Ladrones del tierras? ¿Nosotros que hemos hecho nuestra vida aquí?

Llaneros de pura cepa. Él y su hermano Ulpiano hacían parte nada menos que de las Cuadrillas de San Martín, el ballet ecuestre declarado patrimonio cultural de la nación, con más de tres siglos de existencia, y cuyos jinetes tienen que ser raizales, descender de alguna de las familias del municipio. Los Enciso llegaron en los años 60 a lo que hoy es la vereda los Kioscos y compraron mejoras de dos predios, el Veladero y los Canelles con escritura pública registrada. Cada uno se casó con una hermana Quevedo.

Apolineo Enciso, padre de Eliseo y Ulpiano, era coplero y compositor de canciones llaneras. Tocaba cuatro y tiple
Apolineo Enciso, padre de Eliseo y Ulpiano, era coplero y compositor de canciones llaneras. Tocaba cuatro y tiple
La segunda generación creció en ambos terrenos colindantes, cada uno de aproximadamente 7 mil hectáreas, donde además de ganado, tenían caballos, marranos y cultivaban yuca, plátano y piña. Abrieron algunos caminos carreteables, que antes requerían dos días para atravesarlos y llegar a la cabecera, que entonces era San Martín, pero desde 1984 es Puerto Gaitán.   Llevar el ganado a pie significaba una odisea por la sabana de 15 días, incluido el paso por el río Manacacías que para atravesarlo construyeron un planchón.

Las dos familias lograron que sus hijos estudiaran. Luz Mery es tecnóloga de sistemas y su prima, Sonia, veterinaria. Y en la tercera generación, predominan los abogados y los ingenieros ambientales. Un ejército de defensa, lo llaman Sonia y Luz Mery, porque desde finales de los años 90, no han tenido un momento de resuello entre visita y visita de foráneo que viene a preguntar por la tierra y lo que hay debajo, en el subsuelo o encima, sembrado. Algunos llegan armados, otros uniformados con overol, otros se presentan como funcionarios públicos.

En 1998, los paramilitares secuestraron a don Ulpiano y a Mariana, su esposa. A ellos, como a muchos otros, los usaron como carne de cañón con pañuelos blancos cuando sobrevolaban esas tierras los helicópteros del ejército. De milagro regresaron vivos, con dolor de haber visto tanto crueldad y con la fobia por los Tigres del Norte, que los armados escuchaban drogados a todo volumen.

Los Enciso abandonaron las fincas. De noche intentaron sacar los animales. Por el camino se quedaron varios terneros. Cada tanto regresaban con discreción a cuidar las casas y el ganado que quedó. Fracciones paramilitares en guerra dinamitaban las casas para impedir que el enemigo las ocupara. Lo mismo sucedió en la finca Veladero.

En 2006, regresaron por su cuenta. Tuvieron que reconstruir la casa, las cercas, las plataneras. Y el gobierno no ayudó ni para una puntilla, recuerda Sonia. Luego sí apareció, cuando llegaron de las petroleras. Primero a hacer sísmica 2D, luego 3D. Dinamitaron la tierra, la dejaron llena de huecos. Mientras tanto, las familias lograron que el Incoder les reconociera algunos de los títulos que hacen parte de los predios, pero no todos. Sobre sus fincas, el gobierno le dio licencia ambiental a Pacific Rubiales a finales de 2013 para el enorme bloque CPE6.

El petróleo está muy profundo y no han podido sacarlo con la contundencia esperada y eso ha impedido que el proyecto despegue. La familia Enciso teme la llegada de la población flotante que acompaña esta industria y que en otras regiones llaneras, los antiguos habitantes ven esta posibilidad con desazón. Una realidad que cambia las dinámicas sociales, la plata se gana más fácil que trabajando el campo y hay nuevos nichos para prostíbulos y drogas.

Don Eliseo tenía estas preocupaciones en la cabeza, cuando su hijo lo alertó de la amenaza, podrían sacarlo de la tierra. Y como si esto no fuera suficiente, hace dos semanas, una señora se presentó en la vereda como funcionaria del Instituto Colombiano Agustín Codazzi con supuesta autorización para realizar estudios. En la Junta de Acción Comunal la comunidad le exigió explicaciones, que ella respondió de forma somera. El 20 de noviembre entraron nuevos funcionarios del IGAC, valiéndose de la puerta menos vigilada de la finca.

Sonia y Luz Mery, las dos primas Enciso se preguntan ¿qué más tendrán aparte del petróleo estas tierras para que resulten tan atractivas e insistan en querer sacarnos? Y se pusieron a investigar la respuesta.

Cualquiera que estudie el tema de las tierras del Estado o baldíos en Colombia entenderá primero que se trata de un rompecabezas. Para empezar, el gobierno no sabe cuántos hay, ni dónde están los baldíos. Aunque desde 1936 la ley dispone que los baldíos son para redistribuir la tierra, solo desde 1994 pueden adjudicarse en extensiones limitadas, llamadas Unidades Agrícolas Familiares o UAF.

Pero lo que las Enciso y muchos otros llaneros en condiciones similares interpretan, es que detrás de las decisiones de sacarlos no hay ningún propósito redistributivo, sino exactamente el contrario: concentrar la tierra en favor de empresas grandes, nacionales o extranjeras. Así lo deducen del proyecto de ley 133 de 2014 que fue radicado por el Ministro del interior Juan Fernando Cristo en el Congreso y que puede partir en dos la historia de los Llanos.

Según la propuesta radicada, una entidad del gobierno central, la Unidad rural de planificación agropecuaria -UPRA-, es la encargada de identificar territorios apartados, que pueden ser privados o públicos, que según los criterios establecidos por esta unidad tengan potencial productivo pero no estén siendo debidamente explotados con los cual pueden ser declarados Zonas Industriales de Desarrollo Rural Económico, ZIDRES.

La productividad se convierte en un imperativo para estas tierras con lo cual se presiona a los propietarios de la región a asociarse con empresas agrícolas, forestales, acuícolas o pesqueras nacionales o extranjeras para desarrollar proyectos que respondan a los parámetros de la Unidad rural de planificación agropecuaria.

Las ZIDRES serían regiones “consentidas” del gobierno. Tienen estatus de utilidad pública e interés social, igual que la minería, lo que las vuelve prácticamente invencibles frente a cualquier otro interés en la región. El gobierno prevé un abanico de estímulos, como créditos o capacitaciones cuando las asociaciones involucran a un pequeño o mediano productor.

Pero tal vez el punto más sensible es que los propietarios no pueden oponerse a los proyectos productivos. Si no se asocian o si no cumplen con los requisitos de eficiencia productiva de la UPRA, los pueden expropiar. Cuando se trata de terrenos del Estado, el gobierno no les transfiere a las asociaciones la propiedad, pero sí el permiso de explotarlas, a través de concesiones o arrendamientos.

Los llaneros raízales son de los más preocupados por el proyecto de ley. Temen que ahora, los “nuevos llaneros” como llaman a los empresarios del interior del país y del extranjero que han llegado a conquistar sus tierras para impulsar grandes proyectos agroindustriales, mucho más poderosos y ricos, los saquen no solo legalmente de sus tierras, sino con los nuevos incentivos del Estado que estuvieron ausentes durante décadas.

Este fue el punto central de la audiencia a la que citó la congresista llanera, del partido de la U, Maritza Martínez, el pasado 20 de noviembre. Las primas Enciso y otros llaneros expusieron sus dudas y preocupaciones. Para varios de ellos, no es una coincidencia que justo cuando el gobierno está tramitando este proyecto de ley, les informen que los van a sacar de sus tierras por “ocupación indebida” y que sea en el momento en el que se preparan los parámetros para identificar las tierras óptima para las ZIDRES, se aparezcan los funcionarios del IGAC. Por eso, Luz Mery se pregunta si ya están implementando la ley antes de haberse iniciado el debate en el Congreso de la República.

El adalid del proyecto de ley es el gobierno, pero en el debate no tuvo muchos escuderos. El Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri se declaró impedido para tramitarlo, porque familiares suyos adquirieron tierras en la Altillanura con lo cual podría darse conflicto de intereses. El ministro Cristo quien radicó el proyecto no se presentó y le dejó el peso del debate al Superintendente Jorge Enrique Vélez. Su tocayo Robledo con ironía le pidió a Vélez ofrecerle a Cristo un curso intensivo sobre el tema para enfrentar el debate. Consideró esta iniciativa parlamentaria como la peor propuesta rural que se ha presentado en Colombia en la historia.

Vélez se comprometió a retirar del proyecto el tema de la expropiación y toda su argumentación estuvo dirigida a desestimar que se tratara de una ley de baldíos y la catalogó mejor como una ley de estímulo a la productividad en zonas donde ni los campesinos quieren estar por su distancia y mala calidad.

Pero los llaneros no coinciden con esta percepción y comenzando por la senadora Maritza Martínez consideran que cada hectárea de tierra en los Llanos tiene un doliente. Y como lo mostró Las2orillas, son varios pueblos indígenas que habitan desde siempre estas tierras y no han sido tenidos en cuenta ni siquiera para el debate. Una vez resienten y en esto fue enfático el representante por el Casanare Jorge Prieto, que sea en Bogotá, por encima incluso de las autoridades regionales y locales, donde se pretenda definir la suerte de su territorio.

Dos ciudadanas, Andrea Svenson y Sonia Enciso, trajeron a cuenta el valor ambiental por su alta biodiversidad y por la abundancia del agua de muchas de las tierras que están en la mira a ser declaradas ZIDRES. Svenson se planteó la pregunta: ¿se trata realmente de tierras abandonadas o mejor tierras explotadas de forma sostenible, con baja intensidad, pero que protegen los 156 ecosistemas, las 17 mil especies de plantas, las 250 de mamíferos, las 119 de reptiles y 1300 de aves?

La discusión política está en punta. En caso de ser aprobado el proyecto a su paso por la revisión de la Corte Constitucional, enfrentará al menos dos obstáculos graves: la concentración de la tierra y la ausencia de consulta previa con los pueblos indígenas. Y mientras tanto, los llaneros esperan que la nueva política no los desplace de tu tierra, y tampoco arrase la cultura y los paisajes, y que las Enciso, como tantos vecinos no tengan que vivir en la zozobra, esperando cada día la visita de un foráneo ambicioso que tenga los ojos puestos en sus fincas.

Alarmas prendidas con la nueva ley de Baldíos