Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El Comandante Alfonso Cano muere en el Operativo “Odisea” en el que participaron por lo menos 1000 hombres y 25 helicópteros artillados. Según los testimonios y el peritaje de medicina legal que se cita en este documental, Alfonso Cano murió como consecuencia de un disparo al cuello a corta distancia, propinado por algún miembro de las Fuerzas Armadas, bajo ordenes del Presidente. El Presidente Santos, cuyo gobierno adelantaba conversaciones con Alfonso Cano, tendientes a la negociación actual, ordenó, según el mismo lo admitió en repetidas ocasiones, la muerte del Comandante Cano. 

 

El operativo afectó una comunidad indígena Nasa que nunca recibió atención, cuidado, protección, reparación, justicia o indemnización. Se realizó un operativo de guerra en medio de civiles y no hay consecuencias por este hecho, ni siquiera preguntas o consciencia de lo que ello implica. El Presidente de Colombia, donde no existe legalmente la pena de muerte, habría ordenado la misma. Si se les exige a las FARC justicia con sus víctimas para sellar los acuerdos de paz, otro tanto, evidentemente, deben hacer las fuerzas armadas y sus comandantes y gobernantes. La verdad sobre los crímenes de guerra debe conocerse. Por lo menos algunas verdades ejemplares y ejemplarizantes que den cuenta de una dinámica donde el respeto por la vida, la integridad y la dignidad humanas fue y es despreciada constantemente y con total impunidad. Las FARC-EP, en su reciente carta al Presidente Santos reiteran su exigencia en este sentido. Mientras tanto, la propaganda señala reiteradamente que mientras las FARC y sus comandantes no se sometan a la justicia del estado y a las penas que esta dicte, no podrán sellarse los acuerdos en La Habana. No habrá paz sin la verdad con la que se pueda hacer justicia. Toda la verdad; no únicamente la de los otros, la de las FARC. El Estado colombiano dio origen a este conflicto. Los crímenes de guerra cometidos desde y por el estado son evidentes e innumerables. Los ordenados y cometidos por orden de los más altos mandos y jefes de Estado y por quienes por encima de estos alimentaron la guerra, deben conocerse. Los aparatos de terror establecidos, armados, financiados y entrenados por orden de los Presidentes a ordenes de mandos militares supra-nacionales a quienes servían. Si Santos ordenó ilegalmente una pena de muerte de por lo menos un comandante de las FARC que podía haber sido capturado, al reclamar paz y justicia, debe someterse desde la verdad a las mismas. Los crímenes de guerra del Estado y de las FARC tienen que ser asumidos. El pueblo colombiano es víctima de los mismos y tiene derecho a un mínimo de verdad que garantice justicia y no repetición. No es solamente obligación de las FARC asumir sus delitos y crímenes. El estado colombiano debe hacerlo. En ese sentido, el operativo “Odisea” obliga al Presidente Santos quien confesó haber ordenado la muerte de Alfonso Cano a liderar con el ejemplo de su verdad y asunción de responsabilidad personal, el camino que despliegue y exponga el camino del terror y la maquinaria de muerte que ha existido y operado desde el estado colombiano en más de 50 años de guerra. Este gesto destrabaría las conversaciones y abriría una grieta en el muro de contención de la desconfianza y la mentira, por la que se desbordaría desahogándose el dolor y el acumulado de oprobios que nos ahogan en pestilencia y el horror que debemos dejar atrás confesándolo para poder arrepentirnos de cara a las víctimas. No son solamente las FARC las que deben asumir su responsabilidad. Esa manipulación de la justicia y esa negativa a asumir la verdad es un acto más de guerra que Colombia y sus víctimas denuncian y rechazan. Ser capaces de despreciar los propios actos y decisiones es el requisito fundamental para la paz: Pueblos en Camino

 

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