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La congresista Verónika Mendoza sostiene que el conflicto social por el proyecto de Southern ya se le fue de la manos al Gobierno. Agrega que sería un grave error declarar el estado de emergencia en la zona.

 

En entrevista con Lamula.pe, la congresista cusqueña Verónika Mendoza, una de las figuras jóvenes con más proyección de la izquierda peruana, habla de la convulsión social que se vive en Arequipa por el proyecto Tía María.

 

[Especial: Todo sobre el conflicto por Tía María]

 

Sostiene que, a estas alturas, cuando ya corrió sangre y la desconfianza e indignación se enraizaron en la población del Valle del Tambo, no existe otro camino que la suspensión del proyecto. Lo otro, decretar el estado emergencia, que parece ser el camino por el que se inclina el Gobierno (que ya autorizó el ingreso de militares a la zona de conflicto), sería el peor error que se podría cometer.  

 

Luego de 49 días de paro, tres muertos y más de un centenar de heridos, ¿aún puede ser viable el proyecto minero ‘Tía María’?

En este momento, definitivamente, el proyecto es inviable. No hay condiciones para que se implemente ningún proyecto minero en estos momentos. No hay ni siquiera condiciones para el diálogo. La desconfianza inicial, por todos los hechos del pasado, ahora se ha agudizado enormemente. Lo que hay en estos momentos es una indignación generalizada y en estas condiciones no se puede implementar ni siquiera un proceso de diálogo. Lo que corresponde ahora es detener la escalada de violencia, y eso me parece que, a estas alturas, se podría conseguir con la suspensión temporal del proyecto que podría retomarse solo luego del levantamiento del paro y del resultado del diálogo. Pero pensar en implementar el proyecto minero en esas condiciones es definitivamente inviable.

 

¿Es posible revertir rechazo de la población hacia el proyecto ‘Tía María’?

Yo creo que las heridas son tan profundas que no se van a cerrar en un día ni en un mes. Si es que se aspira a implementar el proyecto posteriormente, tiene que haber una tregua, un tiempo lo suficientemente prudente como para cerrar las heridas y para implementar todo un proceso de restitución de confianza. Y esto no pasa solamente por la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que ciertamente sería un gesto importante aunque tardío e insuficiente. Hay que precisar que el estudio de impacto de ambiental no es solamente un documento administrativo y de evaluación técnica, sino que incluye un proceso de diálogo social, que implica talleres participativos con las poblaciones locales, que es justamente una de las cosas que no se hizo adecuadamente en las dos últimas versiones del EIA. Se tiene conocimiento que la última versión del EIA, esa que el Ejecutivo dice que es perfecta y totalmente garantista, realizó talleres participativos con presencia policial y con pobladores de otras zonas y que no de la localidad afectada directamente por el proyecto minero. Por otro lado, Southern tendría que cambiar su política de relacionamiento con las poblaciones locales, tendría que pedir disculpas, tendría que pagar todas sus multas pendientes por las infracciones ambientales de sus otros proyectos, remediar, indemnizar y establecer también una política de ordenamiento territorial. La provincia de Islay está concesionada en un 85 %.

 

Frente a este panorama, ¿qué acciones debería tomar el Gobierno?

En estos momentos, dada la situación actual, el peor error que podría cometer el Gobierno es declarar el estado de emergencia, porque ya hay un estado de emergencia de facto, ya hay un despliegue policial inusitado, ya hay suspensión de garantías constitucionales. El resultado de esto a la fecha es: tres muertos, dos civiles y un policía, y cientos de heridos, entre manifestantes y policías. El estado de emergencia lo único que haría es agravar la situación al llevar militares a la zona. Tenemos una población enardecida e indignada que al parecer está dispuesta a repeler la intervención de las fuerzas del orden. Entonces, creo que sería un gravísimo error. Creo que a estas alturas lo que corresponde, como decía al principio, es la suspensión del proyecto para el levantamiento del paro y abrir un período de tregua a partir del cual se pueda discutir las condiciones para un nuevo proceso de diálogo. 

 

Entonces, ¿Sería recomendable someter a una auditoría independiente el nuevo EIA?

Yo creo que sí. Eso es algo que la población de la zona había pedido en su momento, lamentablemente no fue escuchada ni atendida oportunamente. Creo que la gobernadora regional ha tenido un planteamiento pertinente al respecto. Yo creo que lo ideal sería que la misma UNOPS, que hizo las 138 observaciones al primer EIA, pudiera revisar este último. Eso daría de alguna manera garantías adicionales de que el proceso de revisión sea efectivamente riguroso. Sin embargo, a estas alturas, digamos que revisar el EIA por si solo es absolutamente insuficiente. Creo que hace falta desarrollar otras herramientas como el ordenamiento territorial, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, el empoderamiento del OEFA, el establecimiento de procedimientos de monitoreo ambiental participativo, etc. Es decir todo un despliegue institucional, construido en diálogo con la población que sería impactada por el proyecto. Sí creo que es importante la revisión del EIA pero creo que es insuficiente a estas alturas. 

 

¿Qué opina del audio donde se escucharía al dirigente Pepe Julio Gutiérrez pidiendo dinero para detener el paro?

La verdad es que el audio es contundente. Si este dirigente ha pretendido lucrar con la preocupación de los agricultores del valle del Tambo, merece la sanción penal más drástica y, sobre todo, el desprecio de la población. Sin embargo, es importante precisar que la población tiene razones legítimas para desconfiar de las empresas mineras. La actitud de un dirigente corrupto, no desacredita la legítima protesta de la población del valle del Tambo. Además, esto pone en serios cuestionamiento a la empresa minera que pretende ganarse la licencia social comprando dirigentes. Esto sería gravísimo. La empresa debe ganarse la licencia social a través de los talleres participativos, con el estudio de impacto ambiental, con un diálogo sincero y franco con la población, y no comprando dirigentes. Si lo que se escucha en el audio es verdad, tanto el dirigente como la empresa habrían cometido un grave delito. Con esto quedaría totalmente inviable cualquier intervención de Southern en el valle del Tambo e incluso del país, diría yo. 

 

¿Sería momento que el presidente Ollanta Humala encare el conflicto y vaya a Islay?

Mira, la verdad en estos momentos, no sé cuál sería el efecto de la presencia de Ollanta Humala en Islay. Me temo mucho que ha perdido toda credibilidad de esa población porque su gobierno, lamentablemente, ha estado actuando como vocero de la empresa antes que como garante neutral de derechos de la población. Considero que tendría probablemente que pedir primero disculpas públicas. Tendría que levantar el estado de emergencia y tendría que ir con disposición de escuchar, porque ése es otro problema. El gobierno habla insistentemente de diálogo, pero en realidad está planteando un monólogo. Dice que va a explicar, va a aclararle a la gente lo maravilloso que es el EIA, lo maravilloso que es el proyecto; pero parece que no tiene disposición de escuchar las preocupaciones y las demandas de la gente que son legítimas, que podrían estar incluso equivocadas, pero que son legítimas. Si es que el presidente fuera con esa disposición de escuchar, de pedir disculpas, de abrir una tregua para iniciar un nuevo proceso de diálogo, quizás sí tendría un efecto positivo su presencia en Islay.

 

El sur solía ser un bastión electoral durante la campaña de Humala, ¿podrá recuperar credibilidad en esa zona?

No, hace buen rato ya que las poblaciones del sur se sienten totalmente defraudadas por este gobierno. Las expectativas fueron muy altas y el gobierno no ha estado a la altura. Y digamos que este desengaño se ha agravado aún más con el conflicto social y la manera como el presidente y su gobierno lo han abordado. Yo creo que ese descrédito y esa desconfianza ya son irreversibles. Es imposible de recuperar el entusiasmo inicial que generó Ollanta Humala en la macroregión sur.

 

Finalmente, ¿cree que la Defensoría debería ser incluida como mediador?

Sí, porque considero que la Defensoría es una entidad que goza de la suficiente credibilidad para actuar como mediador en este proceso. Esperemos que siga conservando esa legitimidad y neutralidad, a pesar de las presiones políticas de personas que están pidiendo mano dura y estado de emergencia en Islay. 

 

https://redaccion.lamula.pe/2015/05/09/veronika-mendoza-el-peor-error-que-podria-cometer-el-gobierno-es-declarar-el-estado-de-emergencia/tmontes/