Nosotros, ciudadanas y ciudadanos franceses, europeos, peruanos y latinoamericanos, hemos participado en el Coloquio “¡Conga no va! Derechos medioambientales y humanos en Perú: ¿Qué perspectivas? ¿Qué solidaridades?”, el viernes 22 de Mayo 2015, en el Senado. Hemos compartido nuestras aspiraciones y nuestras luchas, con la riqueza de nuestra diversidad, por la defensa de nuestros valores comunes de solidaridad, de respeto por lo Humano, de su territorio, su medioambiente y de nuestras culturas frente al mismo modelo liberal.
Este Coloquio es la continuación del Encuentro del año pasado en Cajamarca, para apoyar la lucha emblemática de todo un pueblo y sus representantes contra el proyecto minero Conga. Se involucra en la denuncia de las graves violaciones de los derechos humanos producto de la intensificación de los conflictos socio-ambientales en todo el territorio peruano. Denuncia los ataques permanentes de los derechos ancestrales de los pueblos originarios, como el no respeto de las convenciones internacionales firmadas e inscritas constitucionalmente a fin de salvaguardar estos derechos. Tiende a prolongar las movilizaciones sociales llevadas a cabo en Lima y París, en diciembre pasado paralelamente a la COP 20, y a preparar las que se realizarán en paralelo a la COP 21 en París, en diciembre 2015.
Sobre estos temas de actualidad que van de lo local a lo mundial, la solidaridad internacional puede y debe cumplir un rol para la defensa de los derechos políticos, humanos y medioambientales.
Estos asuntos, como los del los Tratados de libre comercio Colombia-Perú-UE o la de la responsabilidad de las transnacionales y sus filiales, deberán estar en la agenda de las próximas Cumbre de los Pueblos de Bruselas de junio, con motivo de la cumbre de los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea y de la CELAC.
Nosotros queremos recordar que la crisis climática, consecuencia de un determinado modelo cultural, agrícola y de desarrollo económico, constituye una verdadera urgencia planetaria que demanda necesariamente poner término a los manejos de las transnacionales extractivistas. Éstas saquean los recursos naturales, destruyen los territorios y pisotean los derechos humanos y medioambientales de los pueblos como sucede en el Perú:
-país particularmente vulnerable al cambio climático a corto plazo, con el retroceso de los glaciales andinos, principal fuente de agua dulce de la Amazonía y de las costas del Pacífico, -país sometido a la extracción masiva de oro, cobre, hidrocarburos y de bosques naturales por las transnacionales ecocidas, conduciendo a una destrucción irreversible de los recursos naturales y poniendo irremediablemente en peligro la salud, la vida y el porvenir de las poblaciones así como también su seguridad y soberanía alimentarias, como es el caso en la región de Cajamarca;
-país en el que se desarrollan movilizaciones importantes y que nos conciernen a todos, como aquellas emblemáticas desde 2011 contra el mega-proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha (transnacional Newmont-Buenaventura-Banco Mundial), por los pueblos y las rondas campesinas de Cajamarca en defensa del agua; y contra el proyecto minero Tía María de la Southern Peru Cooper Corporation (transnacional GMéxico) por los pequeños y medianos agricultores que defienden el Valle de Tambo (Islay, Arequipa). -país donde los pueblos luchan por el respeto de sus derechos, de sus modos de vida, de sus culturas ancestrales; rechazando convertirse en víctimas de una política liberal internacional que sacrifica sus regiones por un modelo de desarrollo que no es suyo ni nuestro, buscando conducirlos a “un viaje con más náufragos que navegantes” como lo expresa certeramente Eduardo Galeano.
¡Ya basta! Nosotros rechazamos cargar con sus políticas de desarrollo y de crecimiento consumistas y colonialistas que conducen al saqueo del planeta para satisfacer únicamente el interés de un pequeño grupo de privilegiados.
Nosotros saludamos la dignidad y el coraje de las mujeres y hombres –integrantes de las rondas campesinas y guardianes de los lagos- dispuestos a sacrificar sus vidas en defensa del agua, de su territorio y de su medioambiente. Ellas y ellos privilegian la agricultura y las actividades económicas sostenibles en el tiempo, enraizadas en sus culturas milenarias. A pesar de la criminalización de la protesta social de aquellas y aquellos que defienden sus territorios, a pesar de una represión brutal, ellas y ellos continúan su combate hasta hoy, con determinación: cinco personas han perdido la vida el 3 y 4 de julio 2012, más de una centena han sido heridos (como Elmer Campos, que ha quedado parapléjico de por vida), 110 dirigentes son objeto de procesos judiciales (como Máxima Acuña y su familia). Y desde junio 2014, a pesar de su reelección el 5 de octubre último con más de 44% de los votos, el comunero, rondero y Presidente regional electo está en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad. Las persecuciones y campañas calumniosas continúan, con la intensión de descalificar a los luchadores sociales y políticos opuestos al proyecto Conga y a otros megaproyectos mineros, asimilando su lucha legítima con el “terrorismo anti-minero” preparando así el terreno para continuar con la represión. Amnesty International ha calificado al 2014 como el “año negro” para los derechos del hombre en Perú. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos -Perú (CNDH) ha declarado 49 muertes producto de conflictos sociales desde la llegada de Ollanta Humala al gobierno.
Denunciamos:
• Las violaciones constantes de los derechos del hombre, el arsenal jurídico que permite que se produzcan estos crímenes con la impunidad completa para las fuerzas policiales mediante la ley 30151 del 13 de enero del 2014 (conocida también como “licencia para matar”) y el archivamiento sistemático de los juicios en busca de responsables. Una política que se concretiza con las recientes muertes de Victoriano Huayna Nina (22 de abril) y Henry Checlla Chura (el 4 de mayo), cuarta y quinta víctimas producidas por bala en el conflicto que opone los pueblos del Valle de Tambo (Arequipa) al proyecto minero Tía María. Una política apoyada por los medias al servicio de las transnacionales que pone en peligro a todos, mujeres y hombres, que se oponen democráticamente: dirigentes del movimiento social y político, responsables de organizaciones de defensa de los derechos humanos, abogados y juristas,…
Los múltiples “paquetazos medioambientales” emitidos por el gobierno peruano, en 2014 (ley 30230) y 2015 (ley 3941), que ignoran a los pueblos y reducen los estudios de impacto ambiental (EIA) a simples formalidades con el objetivo de privilegiar la explotación minera, petrolera y forestal, sin tener en cuenta la destrucción y la contaminación en las zonas de explotación, sin ninguna consideración por la calidad del medioambiente o por la diversidad existentes.
• La atribución de conces iones mineras o petroleras, sin tener en cuenta ni a ni a los pueblos y colectividades que viven en los espacios respectivos ni las actividades económicas y agrícolas existentes ni el interés ecológico de estas regiones (solo las concesiones mineras en el Perú alcanzan 260000 km², lo que equivale a la mitad del territorio francés, alcanzando en algunas regiones a más del 90% de su territorio).
• La marginalización educativa, social y política específica de las mujeres, las violencias de las que ellas son víctimas de parte de las fuerzas represivas cuando se movilizan en defensa del agua y de sus territorios, particularmente víctimas de las nefastas consecuencias del extractivismo y del cambio climático.
Por lo tanto, nosotros SOLICITAMOS al gobierno peruano:
• El respeto de las convenciones internacionales, en particular de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de julio del 2010 relativa al derecho humano al agua y al saneamiento, así como del derecho a la consulta previa de los pueblos originarios reconocido por la convención 169 de la OIT de 1989, ratificada por el Perú el 17 de enero de 1994, así como también de la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• La aplicación inmediata y efectiva de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, del 4 de Mayo del 2014, relativas a las medidas de protección pública para 46 miembros de las rondas y de las comunidades campesinas, para la familia Chaupe y para 2 periodistas de Cajamarca pues sus derechos a la vida y a la integridad física están en peligro.
• La libertad inmediata de Gregorio Santos Guerrero, abiertamente opuesto a la colonización de las multinacionales mineras. Exigimos el respeto absoluto de su derecho a un proceso justo, conforme a la medida cautelar dictada el 14 de mayo último por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
• El cese inmediato de la persecución, de las calumnias y de la criminalización contra los actores del movimiento social y político opuesto a los megaproyectos mineros de Conga, Tía María y otros.
SOLICITAMOS al gobierno francés, el cese inmediato de toda cooperación en el dominio de la policía, particularmente a través de la formación de las fuerzas de policía anti-motines de la policía nacional peruana.
LLAMAMOS a los parlamentarios franceses y europeos, a las personalidades y organizaciones sociales y políticas, democráticas francesas, europeas e internacionales a asociarse a esta campaña de solidaridad internacional con los representantes y los pueblos del Perú en lucha contra las transnacionales extractivitas en Cajamarca, Lambayeque, Piura, Ica, Apurímac, Cusco y Arequipa y contra las violaciones de los derechos territoriales, medioambientales y humanos en el Perú con ocasión de la preparación de las movilizaciones sociales en Francia frente a la COP21 en París.
Con esta finalidad, nosotros hemos decidido tomar las iniciativas siguientes:
• Apoyar a los defensores del agua y a la organización del Segundo Encuentro Internacional de los pueblos guardianes del agua, la vida y la Madre Tierra.
• Llevar a las próximas Cumbres de los Pueblos de Bruselas como al que se realizará en París en diciembre con motivo de la COP 21, los asuntos tratados en este Coloquio.
• Apoyar el paro nacional por la dignidad de los pueblos y el respeto de sus culturas, que se realizará el 22 y 23 de junio.
• Prestar atención al IV Congreso Nacional de las Rondas Campesinas del Perú, que se realizará del 1ro al 3 de diciembre en Lima.
• Lanzar un llamado en Francia y en Europa contra todas las violaciones contra los pueblos y alertar sobre el peligro que corren tanto los dirigentes como los abogados defensores.
• Organizar una misión de observación en 2016 de nivel europeo, asociando parlamentarios franceses y europeos.
París, Palacio de Luxemburgo, 22 de Mayo 2015.
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