Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

 Defendemos la gestión pública y comunitaria del agua sin ánimo de lucro y desde los valores y principios de la economía social y solidaria. Rechazamos la entrega del servicio de agua y saneamiento básico al mercado, a los llamados asocio público privados y a empresas privadas que solo buscan apropiarse del bien común con fines de lucro. Nadie puede apropiarse del agua y menos empresas privadas transnacionales. (De nuestra carta de principios.)

La Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia que agrupa a diversas organizaciones a nivel nacional comprometidas con la gestión comunitaria del agua, y que hace presencia en departamentos como Antioquía, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y la región de la Costa Caribe, ve con preocupación la convocatoria iniciada hace más de seis años a estos encuentros latinoamericanos, organizada por la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS) de la mano de una serie de organizaciones e instituciones con intereses muy claros en la comercialización, mercantilización y privatización del agua como son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación AVINA.

Durante décadas nuestras comunidades campesinas, indígenas, negras y populares han logrado abastecerse de agua desde prácticas culturales ancestrales basadas en la gestión del agua como bien de uso común y dándole los atributos que ella tiene como sustancia y fuente de la vida en los territorios. La autogestión ha permitido construir un sinnúmero de organizaciones comunitarias de economía social y solidaria, sin ánimo de lucro, nacidas en cada terruño y que hoy son parte integral de la vidas en los territorios y de su defensa ante el extractivismo acelerado, y las diversas y agresivas formas de privatización de las fuentes de agua y de la gestión del agua.

Nuestras comunidades organizadas en la diversidad de formas que asumen a lo largo y ancho del continente, son la forma expedita de garantizar agua y saneamiento básico a nuestras comunidades. Sin embargo, este gran acumulado social, cultural y ambiental de nuestros pueblos está severamente amenazado por políticas públicas privatizadoras.

El Banco Mundial y el BID han impulsado y financiado políticas públicas centradas en la transformación empresarial del sector, el impulso a la creación de empresas privadas de servicios públicos y de asociaciones público – privadas. Los empréstitos que reciben nuestros países obligan a cambios normativos a favor del derecho privado y comercial, transformando la gestión pública del agua y en general de los servicios públicos en una gestión mercantil.

Por ejemplo, en Colombia el documento CONPES 3810/2014 presenta unos lineamientos de política de aguas para la ruralidad desconociendo, el sujeto campesino, la economía y la cultura campesina, los pueblos indígenas y las comunidades negras, y los acueductos comunitarios como organizaciones que les son propias, cuya fundamentación es un enfoque de demanda, que promueve la vinculación de operadores especializados, en donde la decisión sobre los proyectos de inversión es determinado por la capacidad y disposición de pago de las comunidades. A partir de estos lineamientos se desprenden normas, leyes, decretos y resoluciones que autorizan de una u otra manera la toma de los sistemas comunitarios y públicos en todos los ámbitos territoriales.

Esta política y sus derivaciones normativas no han sido consultadas con las comunidades organizadas. Precisamente, llama la atención que en la construcción de la política rural, en un país como Colombia que tiene una población rural que supera el 20%, la perspectiva de consulta y deliberación comunitaria se haya reducido a la realización de talleres en las sedes de algunas gobernaciones.

En Colombia con apoyo también del BID se han realizado dos eventos denominados Congresos Internacionales de acueductos rurales y comunitarios convocados entre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, la gobernación del Quindío, el primero y la Gobernación de Antioquia el segundo. En ellos nuestra expresión del fortalecimiento de la gestión comunitaria ha sido un adorno, pues entre conferencias magistrales e informes se va el tiempo, sin la posibilidad de contar con una participación efectiva en estos escenarios. De aquí que hayamos expresado en diferentes momentos que este tipo de eventos no puede ser considerado espacio de consulta y concertación.

Sobre la participación de AVINA en los Encuentros latinoamericanos queremos recordar las denuncias hechas por la RED VIDA y otras organizaciones del mundo sobre el señor Stephan Schmidheiny, reconocido magnate suizo por su infortunado comportamiento. Nació en 1947 y durante su vida ha sido directivo y accionista de Nestlé, de la Unión de Bancos Suizos (UBS) y de ETERNIT.

De acuerdo con las cuentas suizas, en los años 80’s compró tierras forestales en el sur de Chile, siendo propietario de más de 120.000 hectáreas, actualmente tierra reclamada por los indios mapuches, quienes denuncian que fue robada en la dictadura de Pinochet. En el 2012 fue condenado a 16 años de prisión por su participación accionaria en ETERNIT, una de las mayores industrias de amianto en el mundo durante el siglo XX, por los delitos de “desastre ambiental doloso permanente” y “omisión de medidas de seguridad” en el trabajo, que en la fábrica de Casale en Turín ha dejado más de 2.000 personas muertas . En la actualidad cada semana muere una persona debida a las exposiciones y la contaminación de este mineral dejado por más de 30 años.

Schmidheiny en los años 90’s creó la Fundación AVINA que ha sido fuertemente cuestionada durante los últimos años por el papel que ha jugado en algunos países en relación con la cooptación de líderes que luchan frente a la privatización de los bienes comunes .

En Colombia, la Fundación AVINA fue definida por el gobierno nacional como actor estratégico para “garantizar” la participación comunitaria en la construcción de esta política rural de aguas. Esta Fundación tuvo una importante injerencia en la construcción de esta política, en clave del favorecimiento de la privatización y del endeudamiento con las Instituciones Internacionales de Financiamiento (IFIS).

Por estas razones expuestas como Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia no participamos en este VI Encuentro Latinoamericano, ya que hemos sido testigos que los espacios auspiciados por organizaciones como AVINA y financiados por el BID, no pueden ser espacios autónomos para la defensa de la gestión comunitaria del agua.
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Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca –RETACO-
Federación de Acueductos Comunitarios Rurales del Valle del Cauca –FECOSER-
Red de Acueductos Comunitarios Región Caribe
Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia –ADACA-
Proceso de Articulación Acueductos Comunitarios de Pasto, Nariño
Comité de impulso de acueductos articulados del Meta
Corporación Ecológica y Cultural Penca Sábila
Enda América Latina
CENSAT Agua Viva
Corporación La Ceiba
Instituto Mayor Campesino –IMCA-
Corporación de Desarrollo Solidario – CDS-
Asociación para el Desarrollo Campesino –ADC-
Asamblea Regional Centro Oriente de ECOFONDO
ECOFONDO Nacional