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Asociación de Cabildos Indìgenas del Cauca

November 21, 2024

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10 mar. Marmato- 500 integrantes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios –Esmad-, personal médico, vehículos tipo camión NPR, volquetas, una retroexcavadora, organismos de socorro, apoyo del Ejército Nacional, decretar la alerta amarilla y la ley seca son solo algunos de los aspectos enlistados en un documento oficial de la Policía Nacional con sede en el departamento de Caldas, dirigido al alcalde del municipio de Marmato, para el desalojo de dos minas tradicionales. Colombia Informa tuvo acceso al texto clasificado.

 
Julio Vargas Chica, alcalde de Marmato, recibió la notificación para el desalojo violento de los mineros tradicionales de las minas ’El Ceibal’ y ’El Palo’, ubicadas en jurisdicción del resguardo indígena de Cartama de dicho municipio caldense. De acuerdo a lo que expresa el documento, dicha intervención que más parece una acción de guerra que un procedimiento administrativo, cuenta con el respaldo de entes de control como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, entre otras.
 
Según lo manifestaron líderes comunales que prefirieron no dar su nombre por temor a represalias, en el documento se refleja la intención de la Policía Nacional de desarrollar un desalojo “desproporcionado , violento y vulneratorio de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, libertad para ejercer profesión u oficio, mínimo vital y consulta previa de las comunidades étnicas, y mineros tradicionales que ganan su sustento de la actividad minera que se da en Marmato desde tiempos de la colonia y que constituye también parte de su legado cultural”.
 
Algunos Antecedentes
 
El desalojo obedece a la resolución 010 del 30 de abril de 2015, en la cual la Inspección de Policía de Marmato ordenó  la suspensión de labores mineras.  Dicha resolución  fue acogida por los encargados  de las minas quienes presentaron un recurso de reposición y un subsidio de apelación que fue desestimado tanto por la inspección de policía, mediante auto 23 del 23 de julio de 2015, como por la gobernación de Caldas con la Resolución 8044-2 del 2 de septiembre de 2015 que ordenó el cierre de las minas.
 
Posteriormente el personero del municipio, Wilson Giovanny Castro Ortiz, solicitó que se suspendiera el cierre y desalojo de las minas hasta tanto no se resuelva el caso de la mina ’Villonza’ que actualmente cursa en la Corte Constitucional.
 
En dicho caso, la corte Constitucional profirió la sentencia T- 438 del 13 de julio de 2015 en la cual ordena “Conceder la tutela del derecho fundamental a la consulta previa de los miembros de la comunidad indígena Cartama y de la comunidad afrodescendiente Asojomar  que se han dedicado a la minería artesanal e informal en la mina Villonza, localizada en la parte alta del Cerro El Burro del municipio de Marmato, Caldas” y a su vez “ordenar al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería, o a la autoridad competente, que se abstenga de otorgar o interrumpa, según el caso, el o los permisos de explotación minera de la mina Villonza del Cerro El Burro del municipio de Marmato, Caldas, hasta tanto se realice la referida consulta previa de manera adecuada, por las razones y en los términos que han quedado expuestos en este fallo”.
 
Sin embargo, la misma Corte Constitucional declaró posteriormente la nulidad del fallo mediante el comunicado No. 56 del 10 de diciembre de 2015, Auto 583, a través del Magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva, argumentado que uno de los solicitantes, en el curso de proceso de tutela “no se vinculó al señor Alberto Castro Saldarriaga, en su calidad de tercero interesado”.
 
Para los líderes de del resguardo indígena de Cartama, “la declaración de nulidad de esta sentencia terminó beneficiando a grandes empresas mineras por encima de los derechos de comunidades especialmente protegidas, cuya subsistencia depende únicamente de la minería tradicional, sumado al sistemático desconocimiento de los derechos fundamentales colectivos de los grupos étnicos en Colombia”.
 
Un S.O.S. por Marmato
 
Vale resaltar que desde el año  2011, los mineros artesanales e informales de Marmato iniciaron un proceso organizativo que condujo a la creación, en el 2012, de la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato -Asomitrama-, a la cual pertenecen mineros indígenas y afros, entre otros.  Desde esta organización han realizado un proceso de recuperación de las minas de la parte alta conocida como el cerro El Burro, así como acciones que buscan la legalización de su actividad en estas minas, entre ellas ’Villonza’, ’El Palo’, el ’Ceibal’ y ’El Carmen’.
 
Para la comunidad de Marmato y organismos de Derechos Humanos de Caldas, la situación constituye una clara amenaza a los derechos fundamentales y a la integridad de quienes sobreviven de la actividad minera y, desde ya, realizan denuncias y adelantan acciones pertinentes  para evitar que dicho desalojo violento se lleve a cabo.