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La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifiestan su creciente preocupación por la situación de vulneración a los derechos humanos que está sufriendo la población en el Departamento del Chocó desde el mes de marzo y que ha ocasionado más de 6 mil víctimas de desplazamiento forzado y el confinamiento o restricción de movilidad de más de 7 mil personas, conforme a cifras proporcionadas por instituciones del Estado.

 
Las emergencias y riesgos de desplazamiento y confinamiento se han presentado en los tres ríos tutelares del Chocó, a saber: Baudó (comunidades del Alto, Medio y Bajo Baudó), Atrato (Bajo y Medio Atrato) y San Juan (Litoral de San Juan), como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y otras acciones armadas en el marco del conflicto armado interno. Con el fin de prevenir estas afectaciones de la población civil es esencial que las partes del conflicto cumplan con todas sus obligaciones bajo el Derecho Internacional Humanitario y en particular aquellas de no establecer bases cerca de asentamientos de población civil y de no realizar bombardeos que pongan en riesgo a esta población.
 
Las comunidades que se vieron obligadas a desplazarse, en su gran mayoría indígenas y afrocolombianas, han llegado generalmente a cabeceras municipales en busca de protección y refugio. La respuesta de las autoridades locales y nacionales se ha activado, sin embargo, en varios casos la situación ha sido de tal magnitud que ha desbordado su capacidad para atender las necesidades de la población desplazada. Por esta razón muchas de las comunidades han retornado sin las garantías necesarias de seguridad y dignidad para ello, manteniéndose en situación de riesgo.
 
“Según nuestras estimaciones, basadas en las jornadas de registro de las autoridades locales y por información de las comunidades, el número de personas desplazadas asciende a 6.171 y a más de 7 mil, quienes han quedado atrapados en sus propias comunidades sin poder salir a pescar, a sus cultivos, a las escuelas. Esta cifra es impresionante si uno piensa la implicación en términos de afectación de derechos que una situación así tiene para cada persona y familia”, afirmó Martin Gottwald, Representante de ACNUR en Colombia.
 
“Con mucha preocupación observo el grave riesgo en el que se encuentran los pueblos indígenas del sur del departamento del Chocó ante los enfrentamientos entre el ejército y actores armados ilegales. A estos últimos les insto a no utilizar a la población civil como escudo humano y a la fuerza pública le exhorto a observar en todo momento los principios de protección, distinción, precaución, necesidad militar y proporcionalidad en el marco de sus operaciones, también todas las precauciones en el ataque y la defensa a fin de minimizar el riesgo a los pueblos y comunidades indígenas y sus territorios”, afirmó Todd Howland, Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
 
ACNUR y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos hacen un llamado a adoptar con urgencia todas las medidas necesarias para garantizar la protección y seguridad de la población civil que habita zonas, como las del departamento del Chocó, afectadas por presencia de grupos armados ilegales y donde se desarrollan acciones armadas en el marco del conflicto armado interno que vive el país. El Derecho Internacional Humanitario es imperativo en el sentido de garantizar la protección de la población civil en medio de un conflicto armado.
 
Es prioritario además brindar la debida asistencia humanitaria a la población afectada y para ello es vital reforzar la capacidad de las autoridades locales en esta tarea. Finalmente recomendamos mantener un diálogo entre las poblaciones afectadas y las instituciones de todos los órdenes territoriales para asegurar que la atención que reciban corresponda a sus necesidades y se aplique el debido enfoque diferencial.
 
ACNUR y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos seguirán presentes en el terreno, prestos a cooperar con las instituciones del Estado para atender esta situación, superar las causas que la están provocando y acompañar a las poblaciones afectadas.

Oficina de la ONU para los Derechos Humanos
Bogotá, mayo 12 de 2016