Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El presidente Santos, con el Secretario General de la ONU a bordo, armó esta semana un espectáculo para sancionar la denominada Ley de Victimas, que la bancada del PDA votó negativamente, dadas enormes inconsistencias que advirtió desde el momento en que se inició su discusión en el Congreso de la República y que fueron desatendidas.

Al mismo tiempo cursa en el mismo organismo la Ley de Regla Fiscal o Sostenibilidad Fiscal, que tanto para las responsabilidades del Estado con las victimas del desplazamiento y con la ciudadanía en sus reclamos de salud, educación o cualquier otro derecho social vulnerado, anuncia que no será resuelta si se afecta de alguna manera la que se considera la primera obligación gubernamental: atender cumplidamente el servicio de la deuda con los organismos multilaterales de crédito y la banca.

Algunas de las anotaciones del Polo sobre La ley de victimas son las siguientes:

1. Desconoce el principio de universalidad e igualdad en el conjunto de las víctimas, es decir que ofrece un tratamiento diferente dependiendo del origen de su tragedia, así esta tenga iguales consecuencias.

2. A pesar de que la jurisprudencia hace una estricta diferencia entre ayuda humanitaria, una forma de solidaridad que se ofrece a poblaciones pobres en crisis humanitaria por efecto de desastres naturales o una guerra; prestación de servicios sociales, orientados a contribuir a la cooperación, la convivencia y solución de emergencias y las medidas de reparación para víctimas de violencia, desaparición o desplazamiento forzado; la ley desconoce estas diferencias y convierte lo que son obligaciones consustanciales al Estado en acciones de supuesta compensación.

La ley se dictó para personas como Clotilde y sus dos niñas, que tuvieron que huir sin corotos, asustadas, con el alma en pena y el corazón a reventar, de Remolinos del Caguán, luego de que en una aciaga noche de diciembre del 2005, unos hombres fuertemente armados se llevaran a la fuerza a su marido, de la parcela que trabajaban desde hacia 15 años, y del cual no volvieron a tener noticia alguna.

Las miles de Clotildes que viven diseminadas por el territorio nacional, con la ley de victimas, la ley de sostenibilidad fiscal y la política de tierras van a terminar recibiendo una nota del gobierno anunciándoles que ya las incluyeron en familias en acción, que les adjuntan el carnet del Sisben y que puede pasar a reclamar un mercadito a la oficina oficial pertinente, que no hay más y que pueden darse por bien servidas, porque los recursos del Estado no alcanzan para más y la regla fiscal prohíbe desviar los dineros del pago de la cuota para el Banco Mundial, el FMI y los Bancos del grupo Aval, so pena de una drástica sanción. Y del predio, que se olviden, porque es necesario entregárselo en concesión a un grupo de banqueros que si hacen uso eficiente de la tierra, pero si tiene suerte y le regresan la finca, entonces le anexarán el brochure del Banco Agrario en que se le informa de las incontables líneas de crédito que podrá emplear si sus balances comprueban que es objeto de crédito y si dispone de los recursos para los estudios de títulos, avalúo y gastos de hipoteca como garantía.

Si los afectados osan reclamar, la ley contempla la figura del “contrato de transacción” que obstaculiza el acceso a la justicia y viola el derecho a una justa indemnización. Termina por desconocer principios universalmente apropiados por las naciones, para atender integralmente a las víctimas, haciendo de esta ley una burla para quienes cifraron esperanzas en que algún día, el Estado repare los daños causados por acciones de violentos que fue incapaz de evitar.

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