Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Chocó: ‘un Santuario de Vida, amenazado de muerte’
El Nudo del Tejido de Comunicaciones por la Verdad y la Vida ACIN, en Bogotá, recorrió los albergues y residencias de los emberá desplazados por la guerra en la capital y cuenta su dramática historia. En sus recorridos por distintos puntos de la ciudad encontró mujeres desplazadas con dos o tres de sus hijos, postradas en una esquina esperando la solidaridad de la gente. Constató que a casi todos ellos la guerrilla o los paramilitares les asesinaron algún familiar; además robaron sus bienes, animales, alimentos, destruyeron sus cultivos o les quemaron sus casas para intimidarles

El Observatorio Pacífico y Territorio describe la realidad del Pacífico, en una frase: “un santuario de vida amenazado de muerte”. El capítulo dramático de los emberá no concluye, se eterniza; el olvido, la desatención y la apatía son salidas institucionales del Estado para condenar a un pueblo a la miseria y la extinción.

Las comunidades desplazadas nos contaron su situación, muy sentida. Llegan a la capital huyendo del conflicto, provenientes en su mayoría del Alto Andagueda en Chocó, Pueblo Rico y Mistrató en Risaralda o Dos Quebradas en Antioquia. Los patrones de despojo no cambian, si las comunidades. A mediados de 2008, conocimos testimonios desgarradores como el de un padre que recuerda cómo murió su hijo de 12 años, víctima de una bala en medio de enfrentamientos que libraban en la zona el ejército y la guerrilla; varios muertos y heridos en un mismo día hizo que una comunidad de unas 120 personas huyera despavorida dejando casas, animales, cultivos y toda una vida que representa el desarraigo de sus formas ancestrales de existencia.

Del Alto Andagueda llegaron a Bogotá, donde tuvieron que hacinarse varios meses en albergues de la Fundación Sol Radiante Indígenas de Colombia, atendidos por frailes indígenas Zenú y Emberá Katío. Nos manifestaban las comunidades que estaban cansadas del abandono estatal; su región, una de las más pobres es aislada de los programas de gobierno en salud, educación y servicios básicos.

Algunos de ellos regresaron luego a su territorio, para quienes se quedaron la situación se agravó en junio de 2009, cuando Verónica Siagama una niña emberá katío, de 48 días de nacida, murió por gripa tipo A, H1 N1; la comunidad denunció la muerte de tres niños más por el mismo caso (ver denuncia Noticias Uno), en esa ocasión y desde que han estado en Bogotá les hemos acompañado. La Secretaría de Salud redobló esfuerzos junto con la Alcaldía y logró frenar el contagio sin embargo la desnutrición continúa y hace apenas un mes murió una menor.

La situación de estas familias se deteriora y esa es nuestra gran preocupación: en aspectos de salud la desnutrición, infecciones respiratorias, virus de gripa y diarrea, enfermedades prevenibles a veces llegan a estado crónico; la situación se pone más difícil por las precarias condiciones de salubridad en que viven. En vivienda el caso es desalentador, viven en zonas marginales y difícilmente pueden pagar un arriendo para vivir dignamente. Habitan en La Favorita y San Bernardo (localidades Mártires y Santa Fe) donde alquilan piezas en residencias antiguas con precarios condiciones de sanidad: baños sucios, cuartos húmedos en deterioro su construcción. Cocinan con gasolina y los alimentos no responden a su tradición alimenticia.

En San Bernardo, algunos jóvenes han caído en la droga, varios adultos han sido asesinados por robarlos; al menos hay cinco casos de mujeres viudas cabezas de familia hasta con ocho o 10 hijos por esta causa. El detrimento familiar es complicadísimo los niños pierden su lengua y muy pocos practican su cultura; algunos entran en contacto con grupos de expendedores de droga, sin que hasta ahora hayan sido utilizados, pero es un gran riesgo. En el mismo sentido las niñas de 10 años en adelante son vulnerables a caer en garras de cualquier aprensivo que hasta las engaña con billetes falsos para abusar sexualmente de ellas. Los adultos cantan en la calle y hacen artesanías, pero no es suficiente para vivir de ello.

Algunos llevan hasta tres años deambulando por calles y plazas de mercado recogiendo mendrugos  de alimentos para subsistir. A veces reciben el almuerzo en comedores comunitarios del Programa del Distrito. A ello se suma el pliego de requisitos que les exigen las instituciones como Acción Social para reconocerlos como desplazados y recibir una pírrica ayuda de  $300.000 cada seis meses por familia de hasta 12 personas, según voceros de las comunidades.

Ellos nos han manifestado sus necesidades más sentidas: económicas, alimenticias especialmente en lo que tiene que ver con la crianza de sus hijos y la atención de los mismos en salud. Expresan su gran anhelo de regresar pero no a sus territorios porque el miedo los invade, sino tener una finca para cultivarla y tener sus animalitos como gallinas, vacas, caballos, mulas y marranos… En cultivos quieren sembrar hortalizas, plátano, ñame, chontaduro, yuca, frutales, leguminosas… Buscan apoyo para desarrollar sus propios proyectos de artesanías y centros culturales para enseñanza del saber ancestral y preservar, así, su identidad.

Si en Bogotá llueve, en Chocó se intensifica la tormenta

A comienzos de mayo, los pueblos indígenas del Dpto. de Chocó en Asamblea de la Asociación de Cabildos Indígenas OREWA analizaron la gravedad en materia de salud, determinaron que no ha sido controlada la alta mortalidad que viven los indígenas. Las autoridades tradicionales afirmaron que el problema radica en que la Política de Salud no está orientada a las especificidades culturales de los emberá y que las normas que la amparan son perversas, no resuelven el problema estructural.

Señalaron que el Gobierno justifica su obligación constitucional mostrando cifras económicas y censos de subsidios otorgados a los indígenas, pero no presta una atención integral para prevenir la extinción de pueblos indígenas. Proponen anular la Ley 100 y reformar totalmente los programas y la política de salud, pues la salud se convirtió en un negocio que beneficia las empresas privadas; “mayor mortandad equivale a mayor ganancia de capital, como resultado de menor inversión en prevención y atención de salud para las comunidades, lo cual aumenta la mortalidad”, concluyeron.

Pero la situación en vez de mejorar se agravó; en el transcurso del mismo mes 11 niños murieron en Chocó, presentaban un cuadro clínico de tos, gripa, diarrea, vómito y desnutrición. En el mismo mes en Bogotá murió Jenny Murry Mulato, una menor de año y dos meses, luego de permanecer más de una semana hospitalizada. La muerte de los niños emberá se conoció en la prensa. El Tiempo publicó que en el último mes (mayo) murieron los menores de un año de ocho comunidades emberá, tras la epidemia. El alcalde de Bajo Baudó, Dagoberto González denunció el drama “de ver llegar a Pizarro, casco urbano del municipio, niños moribundos con muy bajo peso”. La ayuda esperada de la Gobernación del Chocó no llegó  .

El Observatorio Pacífico y Territorio, indicó que Buenavista, Puerto Piña, Pitalito, Chichiliano, Guachal, Bajo Grande, Playa Linda (sur de Bajo Baudó) y Villanueva (norte de Pizarro) son resguardos que presentan síntomas similares que afectan a los menores. Buenavista, una comunidad de 1200 habitantes, registró ocho de los niños muertos y 73 de los 144 enfermos. En la prensa, Adriana Gómez, representante de la EPS Caprecom, centro de salud de Pizarro, precisó que allí se han atendido 37 niños con síntomas similares, de los cuales uno murió por broncoaspiración .

Según el Observatorio, el Pacífico colombiano (territorio que abarca Chocó, Valle, Nariño, Cauca y, en parte, Antioquia), es un santuario de vida amenazado de muerte; “una especie de cuenta de ahorro de la humanidad: recursos naturales y genéticos que concentra la raíz de población afrocolombiana y habitan pueblos originarios” como los Emberá, Wounaan, Awá y Kuna, entre otros. Pero también en la región se intensifica el conflicto; convergen distintos actores armados; guerrilla, paramilitares, bandas delincuenciales del narcotráfico y la fuerza pública que busca recuperar el control territorial y cerrar los principales corredores de tráfico de cocaína.

Sin duda los pueblos más afectados son los Emberá y los Awá, los últimos han padecido masacres, despojo de tierra, desplazamiento, asesinatos selectivos, amenazas y señalamientos. Los Emberá, principalmente de Chocó, Antioquia, Risaralda y Caldas se han visto vulnerados por las mismas y peores agresiones, sin dejar de mencionar que también la población afrocolombiana ha pagado una cuota elevadísima de sangre además de afrontar con los emberá el olvido gubernamental, despojo de sus territorios ancestrales, pobreza y un alto grado de mortalidad infantil por desnutrición.

Los Emberá y los Awá están incluidos en la lista de 34 pueblos indígenas en riesgo de extinción cultural, identificados por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009, que ordena al gobierno central asumir la protección de estos pueblos -acorde con su cultura y pensamiento-, y prevenir cualquier evento que conlleve a poner en riesgo su pervivencia (Plan de Salvaguarda). Hasta hoy, dicha medida está en veremos; las condiciones adversas a la dignidad humana en que viven los emberá muestran el desamparo de este pueblo y la indolencia gubernamental para poner en práctica la sentencia de la Corte u otras medidas urgentes para salvaguardar la cultura indígena.

El escenario actual no es alentador, concluye el Observatorio Pacífico y Territorio que describe la  situación de la región como una realidad paradójica; “mientras se avanza en titulación de territorios de pueblos indígenas y comunidades negras, los ejércitos oficiales, paramilitares y guerrilleros se disputan el control de las mismas áreas”. Señala que funciona como una lógica de ampliación de la frontera agrícola: “a sangre y fuego se integran nuevos territorios, el desplazamiento forzado se constituye en la herramienta para que nuevos actores sociales apropien tierras y recursos, todas las formas de violencia cobran vida y se ponen al servicio del proyecto de destierro y saqueo” .

En este sentido hacemos un llamado a las entidades del Estado: la Administración distrital para que en coordinación con las entidades nacionales competentes diseñen e implementen medidas urgentes; que la Mesa de Concertación Interinstitucional incluya como prioritario el caso del pueblo emberá desplazado en el Distrito su Plan de Salvaguarda (Auto 004/09).