Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Resulta contradictorio que en medio del oro, la plata, el platino y miles de especies biodiversas que se encuentra en el Chocó, punto de encuentro de dos océanos, exista el nivel más alto de pobreza en Colombia.

 

Hace unas semanas un noticiero de Colombia divulgó que niños indígenas, habitantes de una región conocida como el Chocó, se estaban suicidando por física hambre.

 

La noticia causó gran revuelo en la sociedad y aunque cita como fuente un informe de Unicef, no se sabe a ciencia cierta a cuál se refiere específicamente, pues no se aporta dato alguno al respecto.

 

Sin embargo, lo que si se conoce gracias a las organizaciones indígenas de Colombia es que la situación en materia de derechos humanos de los niños y niñas de esta región es grave y data de hace más de un lustro.

 

Para no ir muy lejos, en el año 2007 se conoce de la muerte de 17 niños y dos adultos indígenas en el departamento del Chocó, cerca de la frontera con Panamá, y según el diagnóstico médico, los decesos se originaron por causa de desnutrición severa y otras enfermedades relacionadas con la pobreza extrema.

 

En este mismo sentido, en el año 2008, la asociación de cabildos indígenas y la diócesis de Quibdo (capital del Chocó), denunciaron un grave problema alimentario en los pueblos indígenas de la zona, evidenciado por la muerte de 10 niños a causa de la desnutrición,  mientras que otros 70 habían registrado grave estado de salud por la misma razón.

 

Según datos de una investigación realizada entre 2008 y 2010 por organizaciones indígenas y autoridades tradicionales de los pueblos Awa, Yukpa Y Embera en los departamentos de Nariño, Cesar y Chocó respectivamente, y publicada por la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, las tasas de mortalidad infantil antes de cumplir el primer año para el caso del pueblo Embera es de 142 por cada mil niños, teniendo como causas principales la desnutrición, problemas respiratorios, tuberculosis y tosferina.

 

Así mismo se expresa que de cada 100 menores de 13 años, 12 del mismo pueblo permanecen enfermos por causas que se pueden evitar con atención en salud básica.

 

El mismo estudio señala adicionalmente que en materia nutricional de niños y niñas indígenas, el 60% nace con un peso por debajo de lo normal, el cual permanece así hasta la época de desarrollo, situación en donde el Estado tiene una responsabilidad directa, según la investigación, ya que sólo el 25% de los niños y niñas indígenas entre los 2 y 5 años, reciben el complemento alimentario estatal.

 

A esto se suma la cantidad insuficiente de tierras aptas para la producción agrícola a la que tienen acceso los pueblos indígenas, debido a la usurpación de las mismas por grupos armados y al control ejercido por parte de empresas agroindustriales como las palmicultoras, madereras o mineras. Así mismo, el fuerte conflicto armado vivenciado en la zona, genera entre otras cosas bloqueos para el suministro de alimentos y confinamientos de la población.

 

Históricamente el Chocó ha sido un departamento con grandes problemáticas sociales, donde sus habitantes han padecido desde siempre altos niveles de pobreza y marginación. Así tenemos, según Fernando Herrera, coordinador de pobreza del PNUD Colombia, que 70 de cada cien habitantes del departamento, viven en la pobreza, y 30 en la extrema pobreza.

 

También expresa que la expectativa de vida está muy por debajo de ciudades como Bogotá: “Mientras que en la capital del país la expectativa de vida es de 77 años de edad, en el Chocó es de 67”.

 

En consonancia con lo anterior se pregunta la opinión pública de manera reiterada, ¿cómo es posible que exista tal nivel de pobreza en un departamento con tanta riqueza natural?

 

Por un lado el sociólogo colombiano Alfredo Molano expresa en una entrevista  realizada para un periódico nacional, que la permisividad al saqueo “ha sido una constante de nuestra situación en relación con los países llamados desarrollados, en nuestra condición de colonia o post-colonia”.

 

El sociólogo puntualiza además que las concesiones a compañías privadas  no benefician a las comunidades, pues parte de la explotación brutal de los recursos que son sacados de los territorios sin ningún beneficio real para la población.

 

El gobierno por otra parte, culpa a las administraciones municipales y departamentales y a la corrupción de algunos funcionarios. Sin embargo, en estos últimos años se ha podido evidenciar la falta de una política pública nacional seria de seguridad alimentaria y de apoyo para las comunidades.

 

Una muestra clara de esta situación se vivió en el gobierno anterior, cuando el Ministro de Agricultura de turno, en el año 2008, intentó cambiar la adjudicación de un predio llamado Carimagua en el departamento del Meta, el cual originalmente estaba destinado a víctimas de desplazamiento forzado, para entregarlo en concesión a empresas privadas que tenían como fin cultivar palma aceitera.

 

Cuando un periodista advirtió el hecho, el gobierno expresó que era mejor otorgar las tierras a las empresas para que estas vincularan a la población como empleados, ya que “los pobres”  no sabían administrar los recursos y que los empresarios beneficiarios le darían un mejor manejo a la tierra. Finalmente, la presión de los medios y políticos de la oposición lograron reversar las intenciones del gobierno central.

 

Adicionalmente con el proyecto Agro Ingreso Seguro (AIS) del Ministerio de Agricultura, que tenía como propósito suministrar subsidios a agricultores colombianos, se benefició a narcotraficantes y prestantes familias terratenientes, lo cual fue denunciado por la extinta revista colombiana Cambio.

 

Mientras tanto el cultivo de palma se expande por todo el Chocó, con apoyo del gobierno y la intervención del grupos armados al margen de la ley que se han apostado en las tierras para proteger los intereses de las compañías, debido a las protestas de comunidades desplazadas que reclaman la devolución de las tierras.

 

Así las cosas, evidenciado el modelo de desarrollo neoliberal con propósitos extractivistas que genera graves impactos sociales y ecológicos, impuesto desde el gobierno central, que parece estar acatando directrices internacionales,  no hay esperanza que el derecho a la seguridad alimentaria para las comunidades del Chocó y de otras en iguales condiciones en el país sea efectivamente garantizado en un mediano plazo.

 

Marjorie Andrea González Ramírez

http://www.theprisma.co.uk/es/2012/04/22/en-el-choco-colombiano-hambre-en-medio-de-la-riqueza/