Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

En un infortunado artículo , anuncia El Tiempo que varios ministros se reunirán mañana con la Corte Constitucional para “buscar salidas a la maraña jurídica” de las consultas previas. Enredo que tendría “paralizado” el desarrollo del país, porque leyes como el Código Minero están pendientes de consulta.

En el artículo compiten las faltas gramaticales con la falta de conocimiento del tema. Lo primero es problema del periódico. Pero lo segundo es un problema nacional: a pesar de la importancia del tema, se sabe muy poco sobre cómo operan las consultas y qué han hecho los gobiernos al respecto. Ante la ausencia de información confiable, han medrado los mitos sobre la consulta.

El primero es que el lío ha sido obra de la Corte, que “ha puesto freno a estos procesos que tienen estancado valiosos proyectos”, como dice la noticia de marras. En realidad, lo que ha hecho la Corte es aplicar la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, que establecen el deber de consultar con las comunidades étnicas las leyes y los proyectos económicos que las afectan. Y ha exhortado una y otra vez a los gobiernos a fijar reglas adecuadas para evitar la repetición de las tutelas que siguen llegando por abusos de todo tipo, como los de empresas mineras que compran el consentimiento de unos cuantos indígenas y lo hacen pasar por consulta.

De modo que la incertidumbre de las reglas es responsabilidad del propio Gobierno. En esto, ha continuado el legado de la administración Uribe, que, tras la caída de la Ley Forestal por falta de consulta en 2008, anunció, pero nunca formuló, una regulación legal del tema. Si a esto se suma la constante rotación de funcionarios en la Dirección del Grupo de Consulta y la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, se entiende la raíz de la improvisación. Para solucionarla, no hace falta una ley, sino protocolos que retomen las reglas generales fijadas por la Corte, organicen los procesos y fortalezcan la capacidad estatal para hacer consultas.

El segundo mito es que las comunidades indígenas y negras “han querido convertir la consulta en una especie de ‘veto’ y escenario de ‘negociación’”, según El Tiempo. La realidad es otra. Es posible llegar a acuerdos cuando la consulta es previa, libre e informada y garantiza los derechos de las comunidades. De hecho, un logro notable del gobierno Santos es el decreto ley de reparación a los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado, que resultó de un proceso genuino de consulta con la Mesa de Concertación indígena que duró buena parte de 2011.

Además, si ha habido clientelismo de sectores étnicos minoritarios —como los que controlaban la antigua Alta Consultiva de Comunidades Negras—, ha sido con anuencia de los gobiernos. El intercambio de favores —yo te firmo la consulta si tú me ayudas con un viático — tuvo su punto más alto en el gobierno Uribe. Afortunadamente, el ministro Fernando Carrillo ha venido limpiando la casa, y las organizaciones étnicas legítimas (como la ONIC, Cimarrón y muchas otras) nunca han entrado en ese juego.

El último mito es que la consulta es el “palo en la rueda” del desarrollo, como han dicho algunos ministros. En realidad, ante la falta de políticas ambientales serias, el derecho a la consulta ha servido para desacelerar proyectos y leyes que habrían tenido un impacto desastroso sobre el medio ambiente y las comunidades étnicas. Por ejemplo, si los indígenas y afros no hubieran invocado la consulta, la Sierra Nevada estaría atravesada por líneas férreas que llevarían el carbón al Caribe, con el riesgo que está a la vista en el caso Drummond, y la Ley Forestal de Uribe habría concesionado los bosques del país.

Es cierto que hay que mejorar las consultas. Pero no se puede avanzar sobre la base de mitos.