La comunidad del Naya convoca la solidaridad para prevenir nueva incursión militar a su territorio
 
Dos delegados de la comunidad del Alto Naya estuvieron visitando la ACIN y también el Tejido de Comunicación. Esta visita tiene el objetivo de socializar la compleja situación que vive esta comunidad por el riesgo que significa la entrada de militares a su territorio el pasado mes de marzo. Además del incumplimiento del gobierno con la promesa de reparación tras la masacre del Naya en el año 2001. Aseguran también que el anuncio del gobierno de reanudar los bombardeos contra la guerrilla, es un hecho que agudiza el riesgo ya que estos operativos afectan también a la población civil inocente, sobre todo en esta zona donde existe presencia de todos los grupos armados legales e ilegales.

 
El gobernador del cabildo del Alto Naya Heriberto Tróchez y Luis Labio Perdomo estuvieron en las cabinas de Radio Pa’Yumat del Tejido de Comunicación y relataron la situación de su comunidad:
 
Luego de 14 años, la masacre que sufrió la comunidad del Naya a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sigue en la impunidad. “No se ha realizado una reparación real por parte del gobierno. Con la ley de Víctimas se han realizado unos procesos de reparación sólo a algunas personas pero el Naya no ha sido reconocido como territorio colectivo para que sea posible la reparación de toda la comunidad”. Asegura el gobernador del Alto Naya.
 
Recientemente, el 22 de marzo del presente año, un grupo de militares de la policía de antinarcóticos entró intempestivamente al territorio del Alto Naya. Esto generó el pánico de toda la comunidad que tiene viva en la memoria la masacre en el año 2001 la cual sucedió después de la entrada del ejército. Además porque no ha visto ninguna forma de presencia estatal en su territorio y sin previo aviso encuentra a estos militares. 
 
Ese día la comunidad se reunió y delegó una comisión para que dialogara con los militares pero ellos se negaron a dar explicaciones de su presencia en el territorio. Frente a esto, un grupo de la comunidad se concentró en la vereda Las Minas en el corregimiento Nicolás Ramos, jurisdicción de Buenaventura, para que  los militares se acercaran a dialogar. Allí la comunidad esperó por horas a los  militares que finalmente no llegaron pero que sí reforzaron su presencia porque llegaron helicópteros a sobrevolar la zona y desembarcaron más personal de antinarcóticos en la vereda El Placer que está ubicado a una hora de la vereda Las Minas.
 
La comunidad de la vereda El Placer se indignó al ver que tras años de abandono estatal lleguen tantos militares sin antes informarles y negarse a dar explicaciones. Así que se organizaron y decidieron cercarlos para evitar que se instalen en la vereda. Llamaron a más comuneros a reforzar este cerco y finalmente toda la gente del Alto Naya acudió a este sitio, teniendo a más de 2000 personas concentradas en la tarde de ese mismo día. Allí se declararon en asamblea permanente para exigir explicaciones a los militares.
 
La comunidad presionó para que haga presencia una comisión de alto nivel del gobierno para que respondiera por estos hechos. Unos representantes de la comunidad lograron que la unidad de antinarcóticos se hiciera presente en Santader de Quilichao y se reunieran con algunas autoridades de la comunidad. Un teniente explicó que la llegada de la unidad antinarcóticos se debía a una orden de nivel nacional de realizar la erradicación de los cultivos ilícitos, argumentando que según el gobierno el Alto Naya es un territorio campesino por lo cual no se exigía consulta previa.
 
Las autoridades indígenas corrigieron al teniente explicándole que este territorio es indígena y que tiene cuatro cabildos constituidos y por un espacio de más de 6 horas de diálogo el teniente se comprometió a retirar a los militares del territorio. Se concertó crear una comisión de verificación conformada por la gobernación del Cauca, el alcalde de Buenos Aires y la Asociación de municipios Amunorca. La comisión llegó al sitio el 25 de marzo y tras escuchar a la comunidad se planteó crear una mesa de especial de trabajo para buscar la solución a la problemática del territorio del Alto Naya.
 
“Estamos solicitando a las organizaciones sociales, a las organizaciones indígenas, la solidaridad y  el apoyo a esta mesa especial de trabajo para decirle al gobierno que en El Naya hay cultivos ilícitos pero no es porque queremos, sino porque el gobierno no ha puesto el interés en desarrollar este territorio” dice el gobernador. 
 
El gobernador asegura que las confrontaciones entre guerrilla y ejército del pasado 16 de abril y el posterior anuncio del gobierno de reanudar los bombardeos agudiza la problemática de su comunidad. Esto significa “un nuevo intento de desalojo así como ocurrió en el 2001 con la masacre, ahora el motivo es la erradicación y la última es el bombardeo. Esto pone en pánico a la población”.
 
El gobernador también clama porque se activen las alertas tempranas debido a que el “corregimiento La Esperanza se encuentra a 20 horas del corregimiento de Timba” que es una de las vías de entrada al Naya, “donde ocurrió el asesinato de los soldados y está en la mira de los bombardeos.  El riesgo que hay en Timba, lo que pueda suceder en El Ceral, en Cerro Tijeras tiene que ver con El Naya”.
 
 
“Queremos decirle a la Defensoría del Pueblo, a la ONU y los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales que se está planeando una nueva incursión militar contra nuestro territorio, no sabemos bajo qué estrategia, pero sabemos que el objetivo es despojarnos de nuestro territorio”
Escuche aquí la entrevista al gobernador del Alto Naya Heriberto Tróchez.
 

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Igualmente hablamos con el señor Luis Labio Perdomo quien nos habla de los antecedentes a estos hechos que ahora ponen nuevamente en riesgo a la comunida de El Naya. Recuerda que la historia de violencia y de despojo viene de mucho antes de la masacre del 2001.
 

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Tejido de Comunicación del Pueblo Nasa – Cauca – Colombia