La región del Naya, se ubica entre los departamentos del Valle y del Cauca. Allí convergen indígenas Nasa, Eperara Siapidara, afro colombianos y campesinos en medio de una biodiversidad y riqueza natural.
La llegada de foráneos y campesinos huyendo de la violencia en los años 50 y en la búsqueda de tierra donde cultivar trajeron consigo la coca, sobre todo en la parte alta del rio naya. Esta planta utilizada al servicio del narcotráfico pasó a reemplazar la agricultura y el barequeo de subsistencia.
A pesar de largas horas de camino a pie o en mulas por una trocha rodeada por abismos, la hoja de coca y la plata que ésta produce atrajo a raspachines de otros lugares, lo cual produjo el incremento y conformación de tiendas, cantinas y burdeles. Además, hicieron mayor presencia los grupos armados que se disputan el control del territorio y la ruta de la pasta de coca hacia México, Panamá y Estados Unidos.
En el año 2000 ya los paramilitares bajo el mando de Hebert Veloza alias “HH” establecían sus bases de entrenamiento en algunas haciendas de la zona, luego comenzaron los patrullajes y los asesinatos indiscriminados. El 7 de abril del 2001 inicia la masacre en Timba liderado por alias “Bocanegra”.
Aunque en el Homenaje realizado esta semana en Popayán, solo 34 plantas con sus nombres representaban a las víctimas de esta masacre, los testimonios de los comuneros señalan que este macabro recorrido dejo cerca de 100 víctimas, cuerpos que fueron arrojados al río o a los abismos de la región.
Muchos de los Desplazados retornaron al Naya, otros se reasentaron en un terreno ubicado a 15 minutos del Municipio de Timbio y conformaron el Cabido de Kite Kiwe con 70 familias. Hoy 9 años después, las victimas y la comunidad siguen exigiendo verdad, que se conozca quienes se beneficiaron con esta masacre, los autores intelectuales y también quienes fueron los financiadores. Coautores que continúan en entre dicho después de la extradición de HH.
El cierre de las investigaciones en contra del general Francisco René Pedraza de la tercera brigada y del coronel Tony Vargas Petecua del batallón Pichincha de la ciudad de Cali, después que HH, los mencionara como colaboradores de esta matanza, muestran una vez más la negligencia en la búsqueda de justicia para las comunidades del Naya.
La situación del Naya no ha Cambiado, entre febrero y Marzo de este años se conoció que varias avionetas de la policía antinarcóticos fumigaron con glifosato el resguardo indígena de Joaquíncito, del río Naya, corregimiento de Puerto Merizalde (Buenaventura). También fueron fumigadas las comunidades afrocolombianas de Santa Cruz, que vienen desarrollando una experiencia productiva agroecológica propia, como alternativa a los cultivos ilícitos.
Pero estas fumigaciones no son nuevas, las comunidades recuerdan la muerte de varios niños en el año de1994 por culpa de estas aspersiones y de otras que no han afectado las matas de coca sino los cultivos de pan coger y las fuentes de agua.
Pero la militarización de la zona baja del Naya y de casi toda la región pacifica, no es sólo para controlar el narcotráfico. Hay que señalar que allí se está allanando el terreno para la implementación de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) , y se está adelantando el Plan Arquimedez y su Acuapista que busca unir a Buenaventura con Tumaco. Proyectos que buscan desplazar a la gente de sus territorios para abrirle el paso a las transnacionales.
Frente a este proyecto varias organizaciones indígenas y afrocolombianas se han declarado en emergencia social ya que esta situación no sólo pone a estas comunidades al borde del etnocidio sino que atenta contra la vida toda.
A esto hay que agregar otros megaproyectos de gran escala que se vienen desarrollando en el departamento. Las compañías transnacionales como la Anglo Gold Ashanti y Kedhada, tienen sus ojos puestos en el pacifico, por eso solicitaron las 1.123 concesiones mineras dentro del Cauca. Estas multinacionales además de utilizar las leyes que están a su favor, utilizan estrategias macabras que buscan desplazar y sembrar el miedo en las comunidades que estorban a sus proyectos.
Estas estrategias fueron las mismas que utilizaron el pasado 4 de abril, cuando le arrancaron la vida a 8 mineros en Suarez a manos de grupos armados y que hace nueve años bañaron de sangre al alto y bajo Naya. Estas masacres por ahora permanecerán impunes pero la memoria está presente en el corazón de cada víctima que busca justicia. Y esa memoria cuando se haga conciencia de trabajo de los pueblos hará que los territorios vuelvan a ser de la gente, al servicio de la gente y para la defensa integral de la soberanía alimentaria de cada pueblo. Pero mientras llega ese momento, nos queda organizarnos para construir nuestra agenda de trabajo, la agenda de los pueblos sin dueños que construya ese país digno para vivir por el cual estamos luchando.
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