Esta semana los Gobiernos de Ecuador y Colombia deberán acudir al tribunal de La Haya para definir el calendario del caso judicial mediante el cual se dirimirá el caso de las fumigaciones del glifosato en la frontera entre ambos países. Ecuador solicita la indemnización por el daño causado y que Colombia ”se abstenga en el futuro de realizar aspersiones a una distancia de 10 km de la frontera.

 

Este jueves los representantes legales de Ecuador y Colombia deberán acudir ante  la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por la demanda que el primero de estos países sigue contra la Casa de Nariño por los efectos de las fumigaciones del glifosato en la frontera entre ambos países.
La información se pudo conocer mediante un comunicado emitido por el titular de la Procuraduría de Ecuador, Diego García, donde se precisa que las autoridades deberán comparecer ante el  presidente de la CIJ, el surcoreano Sang Hyun Song, para discutir el calendario procesal del caso.
Será el mismo Diego García quien representará a Ecuador por su demanda iniciada en marzo de 2008 en la que busca que la corte declare que el gobierno colombiano ha violado la soberanía ecuatoriana con las fumigaciones de glifosato que se realizan desde hace siete años en la frontera.
Además, solicitan que Colombia pague por el daño causado y “se abstenga en el futuro de realizar aspersiones a una distancia de 10 km de la frontera”, reiteró la diplomática.
Parte del documento señala que por más de siete años, desde que Colombia inició las aspersiones aéreas en la región de las fronteras, Ecuador ha protestado contra esta práctica que, de acuerdo con evidencias científicas y médicas ha causado daños a la salud de los ecuatorianos, a las plantaciones, ganado, entre otros.
Ecuador ha argumentado que  “tiene pruebas contundentes” de que labores de riego realizadas con este herbicida “traspasaron la frontera” y afectaron “seriamente” la salud y economía de numerosos ciudadanos ecuatorianos.
En abril del 2009 presentaron una  memoria, de 450 páginas y más de 2 mil 900 documentos anexos, que, según las autoridades, respaldan la afectación a la salud de la población en territorio ecuatoriano y problemas en diversos cultivos y en el medio ambiente debido a las fumigaciones.
El Gobierno de Rafael Correa señala que  las fumigaciones en esta zona, entre los años 2000 y 2008  afectaron no sólo a territorio colombiano, sino también los cultivos en Ecuador, así como a la población y a los animales.
Por estos químicos se han visto afectadas unas 94 comunidades del  norte de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, una región muy pobre de Ecuador y en consecuencia todo esto ha causado grandes estragos a estos poblados que vieron destruidos sus sembradíos, lo que obligó al presidente Rafael Correa,   agotado los procedimientos diplomáticos normales,  acudir a la Corte Internacional de Justicia.