Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Zuleima Coicué, indígena Nasa, nativa de la vereda El Damián del Resguardo de Tacueyó, era madre soltera y tenía 21 años.  Estudió hasta 5º de primaria. Trabajaba con su papá en una tienda donde se rebuscaba lo necesario para poder sostener a Juan David, su hijo de 4 años.  Era la menor de siete hermanos, ahora quedan cinco porque uno de ellos murió en un accidente.

Su madre, murió cuando Zuleima tenía apenas un año y medio de edad.  Su padre, solo, asumió la crianza de ella y de sus hermanos.  Esta familia tiene otra historia más larga, pero estas circunstancias ya muestran las dificultades en las que Zuleima se crió.

Sus amigos y allegados la recuerdan como una muchacha alegre, trabajadora y hogareña, no acostumbraba mucho a salir de su casa.  Sin embargo el sábado 10 de julio, durante las fiestas del Tierrero del Reguardo de Huellas – Caloto, tenía muchas ganas de ir a bailar.  Le pidió a su primo que fueran,  pero ni él ni su papá querían que saliera, no porque temieran algo sino porque tampoco acostumbraban a salir a las festividades. Fueron a la feria instalada al pie de la carretera que se extendió hasta el amanecer.  Hacia las cuatro de la mañana, su primo le dijo que regresaran a la casa, ella le sugirió que esperaran a que aclare un poco el día, él se quedó esperándola afuera, pero ya no volvió a verla. Al principio, y ante la demora, él dedujo que ella habría regresado con alguien más por lo que decidió salir solo. Hasta el medio día se enteraron de que, no sólo, nunca regresó a la casa, sino que además, estaba en Caloto, muerta, con señales de tortura y de violación.

En el norte del Cauca se ha incrementado la presencia de diferentes grupos armados, legales e ilegales.  Estos se han disputado el territorio para imponer su “ley” en las comunidades: Invadir e imponer su mando en el territorio.  La guerrilla, el ejército, los paramilitares invaden los establecimientos de la comunidad como las escuelas, las viviendas, las iglesias, los sitios de concentración, entre otros.  Con esto ponen como objetivo militar a la sociedad civil que se ve obligada a esconderse y a refugiarse sin la opción de organizarse para resistir. Este es un toque de queda impuesto indirectamente.  El toque de queda, declarado o no oficialmente por los mandos militares, es una estrategia para evitar la organización y la resistencia de la comunidad, además crea un escenario despejado y sin testigos que les permite ejecutar sus formas de terror. Así, el accionar de la comunidad se detiene no sólo en el momento del ataque, sino después para denunciar los atropellos.

Algunas personas de la vereda estuvieron en diferentes momentos de los hechos. Al amanecer, dicen algunos que vieron cuando un hombre sacaba a Zuleima de la fiesta arrastrándola del cabello.  Dicen que al mismo tiempo había una pelea, podría ser ésta un montaje para distraer a la gente del rapto. La sacaron a la carretera, ella gritaba pidiendo auxilio “Ayúdenme, no me dejen matar, yo tengo un niño pequeño, no quiero que se quede solo”.  La llevaron hasta 1 km aproximadamente del sitio de la fiesta, a un potrero, allí fue violada por varios hombres y luego asesinada con arma de fuego. Luego fue arrastrada a la orilla de la carretera.  La forma como fue encontrada, las señales en su cuerpo y en su ropa dan muestra evidente del ultraje al que fue sometida Zuleima antes de ser asesinada. Las voces de auxilio se fueron con el viento, nadie la ayudó porque estaban en medio de la embriaguez del jolgorio.

En diferentes rincones del país los grupos armados se aprovechan de las personas humildes para desarticular la comunidad. Así como hicieron con Zuleima.  Por atender a un grupo armado en su tienda, fue señalada por otro grupo como informante y tratada con otras ignominias con las que, por cultura, se suele señalar a la mujer.  Fue utilizada, aprovechando su soledad, su falta de afecto y de apoyo,  la insultaron, la humillaron,  la golpearon, la violaron y la asesinaron.

Ni Zuleima, ni ningún otro ser humano, de cualquier ideología o pensamiento, perteneciente o no a cualquier grupo armado (legal o insurgente), se merece estos vejámenes y humillaciones a su integridad física y moral.  Culturalmente, la comunidad Nasa sabe que cuando se agrede la vida, en todas sus formas, repercute en toda la naturaleza, y por el error de algunos, todos resultan perjudicados. El equilibrio y la vida de todos se ven afectados. Los que se atribuyeron el derecho de causarle este daño a Zuleima creen que la vida tiene precio y tiene dueño. Desconocen el motivo por el cual sus ‘jefes’ comercian con la vida y la dignidad de las comunidades.

Después del abuso cometido contra Zuleima, su familia se quedó estancada en el tiempo. No saben qué pensar, ni qué hacer sobre esta situación.  Las tensiones también se sienten entre la comunidad, la gente está atemorizada, saben que si dicen algo, las fuerzas armadas o los grupos armados ilegales, los pueden callar. Con este atropello, los grupos armados, buscan posicionar su control sobre el territorio  para acabar con el proceso comunitario.

Esta forma de abuso no es nueva, no sólo se da en otros lugares sino que, históricamente en todo el mundo, ha sido una estrategia de violencia para imponer el poder sobre un territorio, para dominar a quienes lo defienden, para deslegitimar su autoridad.  “La violación es un crimen de dominación, y de lo que trata la guerra precisamente es la dominación” es una de las conclusiones del informe sobre la violencia contra las mujeres en tiempos de guerra.  Como si fuera poco, ésta es una sola forma, entre tantas, de agresión y de terror.

Así como Zuleima, hay otros paisanos con mala suerte. Albeiro Valdez era de la vereda El Tigre, corregimiento de El Totumo, en el golfo de Urabá.  Tuvo que salir de allí huyendo de los paramilitares que lo amenazaron y masacraron a su familia para quitarle sus tierras. Su vida fue sólo sobrevivir.  A los pocos seis meses de haber recuperado sus tierras fue asesinado. El estado no sólo no impidió tales abusos sino que tampoco pudo evitar que las tierras se vuelvan a entregar al terrateniente que lo amenazó:  Jairo Echeverry, dueño de 1.000 hectáreas de campo en la parte oriental del golfo y a quien el alcalde encargado del municipio de Necoclí, Edelfred Villalobos Ortega, le entregó 35 hectáreas de tierra.

En la estructura de los grupos armados legales e ilegales, los reclutados son gente humilde y, en su mayoría, de comunidades indígenas, afros y campesinas. En su accionar, hay quienes dan las órdenes y subalternos que deben obedecerlas. En este caso ¿quiénes fueron los autores intelectuales y los autores materiales del asesinato de Zuleima?

Así como este escalofriante hecho nos indigna también nos preguntamos por los autores de los falsos positivos, donde los asesinos andan sueltos sin ninguna judicialización. También las alianzas de los paramilitares con la fuerza pública hicieron que fueran efectivas las masacres, los desplazamientos forzados y el despojo de tierras, cometidas en este país.  Ante la violación de los derechos humanos, el gobierno persigue a líderes y  representantes de sectores opositores.  En  las interminables listas de personas por ‘chuzar’ figuran nombres muy reconocidos en el ámbito nacional, entre los que se encuentran algunos congresistas, periodistas y jueces: Piedad Córdoba, Samuel Moreno, Gustavo Petro, Daniel Coronell, Julieta Duque, Hollman Morris.  Alexander Cortés, fue destituido de su cargo y ahora está señalado por el gobierno por haber destapado el escándalo de los falsos positivos.

Es responsabilidad del gobierno que se hayan efectuado estas acciones injustas de persecución mediante el DAS, entidad hoy tan cuestionable y escandalosa por sus actividades ilegales en las que sobresale el abuso del poder, lo cual es otra forma de violencia y  de terror.  Como si fuera poco, para continuar con la política criminal, el gobierno ‘saliente’ propone hacer la reforma judicial donde sería éste el que elige al fiscal.  La aprobación de esta reforma significaría entorpecer las investigaciones, ¿Cuáles? Las investigaciones a las actividades ilegales de la administración del DAS, a los grupos armados, a la parapolítica, a algunos  altos funcionarios del gobierno por el escándalo de los falsos positivos, etc. Nos quieren distraer mientras protegen a los que les hacen daño a la sociedad.

Durante la regencia de la seguridad democrática se han venido denunciando desapariciones y  la existencia de fosas comunes en diferentes lugares del país, mucho antes del caso de las madres de Soacha.  La estrategia de invisibilizar, de ocultar las acciones delictivas conjuntas, de las fuerzas armadas con los grupos al margen de la ley, ha sido una constante de los medios de comunicación masivos y del gobierno colombiano. Por la insistencia de los que quieren que se haga justicia ante estos hechos de violación de los Derechos Humanos y después de muchas investigaciones, sólo hasta ahora se hace ‘oficial’ el hallazgo de la fosa común más grande de Latinoamérica. La Macarena en el departamento del Meta. Éste ha sido un sitio estratégico y exitoso de la seguridad democrática. Después de tanto tiempo, de denuncias y de luchas, surge la esperanza de que al menos se continúe con el proceso de esclarecimiento de la memoria de violaciones a los derechos humanos y crímenes a sangre fría que son responsabilidad de las fuerzas militares en los llanos orientales.  Los que no estamos de acuerdo con este Plan de Muerte seguimos denunciando y exigiendo nuestros derechos para que tantos abusos como este genocidio, no se queden enterrados.

Hoy se encuentran fosas comunes en todos los rincones del país. Pero sobre el tema, todavía hay muchos interrogantes pendientes.  ¿Cuántas son las personas víctimas de desaparición? ¿Dónde las dejaron? (veredas, abismos, cementerios, ríos, etc.)  Hace algunos años, en un estudio, el grupo de búsqueda de desaparecidos de la Unidad de Justicia y Paz de la fiscalía, en 4 meses encontró 86 cuerpos; se calcula que los desaparecidos pueden llegar a 7.000, esta cifra puede ser sólo la tercera parte del total de personas víctimas de este delito.  Comparándolo, el caso en Latinoamérica genera otras cifras. En Perú, antes de ‘La Comisión de la Verdad’ había una cifra de 4.000 desaparecidos, posterior a esta se recogieron 17.500 testimonios, resultando la cifra de casi 12.000 personas. En Guatemala, antes de la ‘Comisión de Esclarecimiento Histórico’ había 6.000, después se llegó a 42.000 desaparecidos.

Guatemala, fue el primer país donde se implementó la desaparición forzada, en 1962, como práctica sistemática de terror y sometimiento.  Un movimiento de masas, conformado en respuesta a la corrupción gubernamental, que protestaba exigiendo mejores condiciones de vida y de trabajo, fue reprimido brutalmente por la fuerza militar.  En Perú,  la práctica de desaparición forzada tuvo significativa importancia, a partir de 1983, cuando las Fuerzas Armadas reemplazaron a las Fuerzas Policiales en el departamento de Ayacucho.  Actualmente, Perú es uno de los primeros países con mayor número de personas que permanecen desaparecidas según el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición forzada de personas fue una práctica sistemática en el Perú entre 1989 y 1993.

En América latina, durante las décadas de los 60, 70 y 80, el método de la desaparición forzada se extendió a El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México.  En diferentes épocas, los gobiernos dictatoriales se han establecido bajo la doctrina de la Seguridad Nacional, desde la cual se han implementado políticas de sometimiento como ésta, que en su método no varía mucho entre los países (Política guerrerista, ejércitos de ocupación, guerra psicológica, ejecuciones arbitrarias, violación sexual, etc.) y  tiene como objetivo desarticular los movimientos y organizaciones, extendiendo el terror entre la población.  Lo que pasó en tantos lugares del continente también ha pasado en distintas épocas en Colombia. Esto sigue sucediendo porque también en el método de sometimiento está la dehumanización de la sociedad, que se basa en “imponer una cotidianeidad de la muerte” (C.E.H. de Guatemala), esto lleva a una aceptación de los hechos, al silenciamiento y a la aceptación. Lo que permite la permanencia de estas circunstancias de impunidad.

En nuestro país, parece que ni en el aspecto ‘técnico’ hubiera la posibilidad de reparar a los familiares de las víctimas. Según  Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, “Colombia no tiene la capacidad de identificar los restos que se siguen encontrando.  No existe el número de equipos de antropólogos forenses, laboratorios de ADN, ni el personal suficientes”.  Si no se pueden identificar los restos, tampoco se puede identificar a los victimarios y mucho menos se podrá hacer el proceso de reparación.  Y es que la reparación más importante para las víctimas es saber dónde están sus seres queridos y saber qué les pasó.  Sólo así los familiares de las víctimas podrían empezar a pensar en rehacer sus vidas.

Zuleima parece representar a la sociedad civil colombiana en su dignidad pero también en su vulnerabilidad. Las familias, y los que ‘seguimos’,  esperando a los desaparecidos sin saber si los pusieron como falsos positivos, quedamos detenidos en el tiempo. ¿Cómo pensar en continuar con este desarraigo? Si ni siquiera se sabe que todos los restos han sido exhumados. Sin embargo, la reparación ‘material’ no es suficiente, hay miles de familias que esperan ser citadas para conocer el paradero de sus familiares y las causas de su muerte. Pero todos los colombianos somos víctimas, nuestros derechos, nuestra consciencia están también enterrados. Necesitamos exhumar los restos de nuestros seres queridos, pero también necesitamos exhumar la memoria y la consciencia, para no permitir que más violaciones a los Derechos Humanos, como ésta, sigan sucediendo.

Al pensar en Zuleima, en Albeiro, en los perseguidos, en los miles de desaparecidos, los otros miles sin identificar que siguen apareciendo en fosas comunes y toda la miseria perpetrada por la seguridad democrática; reclamamos la memoria.  Este gobierno ‘saliente’ presenta su último discurso como un informe de éxitos encubriendo toda su impunidad repugnante en ‘casos cerrados’.  ¡Reclamamos la memoria! Todos nos debemos este reclamo, debemos exigirnos la consciencia y la memoria no como un culto a la muerte, sino como culto a la vida y a la dignidad.  Para no permitirnos que las desapariciones forzadas, el terror, la violencia sexual, la aceptación y el silencio se vuelvan cotidianos.  Para que así sea posible continuar con las luchas de nuestros seres queridos, para que en nuestra memoria y en nuestras acciones sigan vivos.