Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Esa afirmación es hoy una ilusión y las laderas de Medellín arden que da miedo. No sólo en la comuna 13, como lo han mostrado de manera reiterada los medios de información locales, regionales y nacionales. Son varias las comunas donde las libertades individuales y colectivas están limitadas por el accionar de las bandas armadas ilegales y la incapacidad del Estado para contrarrestarlas. Basta observar el mapa del conflicto realizado recientemente por analistas de la Corporación Convivamos para concluir que el problema ha llegado a niveles de extrema preocupación que, incluso, comprometen la gobernabilidad de la ciudad.  (Ver mapa)

Es paradójico lo que se vive en Medellín: mientras las administraciones de Fajardo Valderrama (2003 – 2007) y de Alonso Salazar (2008 – 2011) han invertido miles de millones de pesos en educación, emprendimiento, salud, recreación y vivienda, las bandas armadas ilegales se empoderaron de amplios sectores de la ciudad, posean mejores armas y tengan mayor disciplina para atacarse unas a otras.

¿Dónde pueden buscarse entonces las explicaciones? Parte de esas explicaciones se encuentran en el fracaso del modelo de reinserción urbana que diseñó la Alcaldía de Medellín a través del Programa de Paz y Convivencia, que convirtió a los desmovilizados en ciudadanos especiales, les otorgó más poder del que tenían en la ilegalidad y fue incapaz de constituirse en una solución definitiva a las expresiones violentas urbanas que tenían que ver con fenómenos como la defensa territorial, el reclutamiento de menores de edad y el sometimiento de las comunidades, sobre todo las más pobres.

Durante varios años diversos sectores sociales y políticos locales, nacionales e internacionales expresaron públicamente sus reparos a ese proceso, sustentados en las denuncias que constantemente hacían los pobladores de diversas comunas, quienes advertían que los desmovilizados de las AUC seguían ejerciendo el control territorial, imponían el orden y, además, utilizaban recursos públicos para financiar sus actividades delictivas.

Lo que pedían esos sectores críticos del modelo de reinserción era una discusión pública para corregir sus falencias y reorientarlo. No obstante, tanto Sergio Fajado como Alonso Salazar, en su condición de Secretario de Gobierno y Alcalde, se negaron a esa petición y, por el contrario, optaron por cuestionar a quienes proponían esas reflexiones y a reclamarles incluso silencio, pues, según ellos, estaba en juego la imagen de la ciudad.

Podrá decirse en defensa del proceso de reinserción que algunos desmovilizados tuvieron una exitosa reincorporación a la vida civil, tal como lo reconocerá la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en su segundo informe nacional sobre desarme, desmovilización y reinserción llamado La reintegración: logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas, próximo a publicarse, pero el documento también advertirá que “otros han reincidido en delitos, con el narcotráfico y en grupos rearmados que afectan a Medellín y el Valle de Aburrá, el Bajo Cauca, Urabá y el Oriente, propiciando en los últimos años disputas violentas entre ellos”.

¿Dónde estaban las fallas del proceso? Quisiera aventurar algunas respuestas: a) en no reconocer a tiempo el problema por parte de las autoridades, en particular de las civiles; b) en la creencia según la cual todos los críticos del proceso con las AUC eran “enemigos” del gobierno local y querían hacerle daño a la imagen de la ciudad; c) en el desconocimiento sobre el origen delincuencial de cientos de los cerca de tres mil desmovilizados de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, quienes, una vez “legalizados”, retornaron a sus bandas de origen; d) en desestimar las denuncias ciudadanas; e) en desestimar que miembros de la Fuerza Pública fueron conniventes con algunas expresiones de violencia derivadas de los nuevos “actores de poder” en los que se constituyeron algunos de los desmovilizados de las AUC; f) y, por último, en la incapacidad del modelo para cortar las líneas de mando entre los desmovilizados y sus jefes recluidos en las cárceles.

La situación de violencia que atraviesa hoy Medellín es la sumatoria de un conjunto de decisiones desacertadas, las cuales se pudieron corregir si se hubiera tenido la tolerancia suficiente para escuchar a quienes alertaron desde un principio de los errores que se estaban cometiendo, con unas condiciones sociales y económicas que aún no son afectadas de manera positiva y de manera estructural por las políticas impulsadas localmente. En esencia, la oferta legal aún es incapaz de competir con la oferta ilegal.

Frente a los problemas de violencia que sacuden hoy a Medellín y los cuales se pudieron remediar en su momento, cabe preguntarse si es pertinente preguntarse a quiénes se les debe reclamar responsabilidades políticas por el fallido proceso de reinserción de las AUC; también es importante cuestionar a quien corresponda si el proyecto estético en el que se embarcó la ciudad fue el adecuado para superar el conjunto de inequidades que soportan las comunidades más pobres; y, finalmente, es importante plantear de nuevo la posibilidad de abrir un debate público con el fin de examinar lo hecho y, partiendo de allí, explorar nuevas maneras de superar los fenómenos de violencia.

Quienes han administrado la ciudad durante los últimos años están obnubilados con su proyecto estético de ciudad, encerrándose en una especie de urna de cristal, donde sólo se han escuchado a sí mismos. Una ciudad verdaderamente democrática se construye entre todos, no sólo entre los amigos que sólo dicen lo que uno quiere escuchar. Quizás llegó la hora de abrir esa urna.

(*) Periodista y docente universitario