La Unidad Internacional de Trabajadores (Cuarta Internacional) (UIT-CI) saluda al triunfo del pueblo boliviano que, dando un ejemplo al mundo, se lanzó a las calles en una impresionante movilización obligando al gobierno de Evo Morales a anular en 5 días un decreto que establecía la “nivelación” de la gasolina y diesel a precio internacional.
Este decreto fue la cara del ajuste capitalista mundial en Bolivia. Por eso es muy importante para los trabajadores y pueblos del mundo sacar lecciones de lo que ocurre en Bolivia y solidarizarse con la lucha de su pueblo.
Los últimos días del año, entre el 26 y el 31 de diciembre, una gigantesca movilización crecía en todas las ciudades de Bolivia. El 30 de diciembre ya se escuchaba en las calles “¡O retiran el decreto o se van ellos!”. La “guerra de la gasolina” era anunciada para el lunes 3. La contundente movilización y su programa radical de amenazar con derrocar al gobierno si no retiraba el gasolinazo, fue lo que logró que el gobierno retrocediera asustado.
El 31 de diciembre, mientras las familias estaban reunidas en la cena de fin de año, habló Evo Morales en cadena nacional, anunciando la anulación del decreto 748. Evo dijo que “mandaba obedeciendo” y que esa era la “voluntad del pueblo”. Suena lindo, pero pocos le creyeron en Bolivia. Ni Evo ni su vicepresidente Alvaro García Linera se acordaban de la “voluntad del pueblo” cuando el domingo 26 de diciembre, dictaron la brutal medida de llevar la gasolina a 1 dólar en un país adonde el salario mínimo es de 98 dólares y pocos ganan más de 300 dólares.
El decreto fue dictado como lo hacían las antiguas dictaduras y gobiernos neoliberales, aprovechando las fiestas de fin de año, esperando que así no pudiera articularse la movilización de repudio.
El contenido es una típica medida neoliberal, afirmando que la economía era “artificial” porque el precio de la gasolina debía ser “subsidiado”. Ese fue el argumento de todos los gobiernos neoliberales para quienes es el “mercado” el que dicta los precios.
La excusa del gobierno que tiene que importar 660 millones de dólares en petróleo, gasolina y diesel, y que 150 millones se van en contrabando a países vecinos. Para “eliminar” ese contrabando de 150 millones de dólares, es que, según ellos, dictaron esa medida que aplica un brutal ajuste inflacionario a todo el pueblo pobre boliviano “nivelando” el gas a precio internacional. ¡Una excusa burda!
Lo sucedido muestra que, pese a su origen popular, el gobierno de Evo Morales gobierna con las transnacionales y contra el pueblo, al igual que lo hicieron los antiguos gobiernos neoliberales.
La medida obedeció a una exigencia pública de las transnacionales petroleras, a través de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (que de “boliviana” sólo tiene el nombre del país al cual saquea), encabezada por la transnacional Petrobrás (americana-europea-brasileña) y la Repsol (española, con sede principal en Argentina).
La cuestión es que Bolivia, que hace 10 años se autoabastecía de todos los hidrocarburos, ahora exporta gas, pero tiene que importar petróleo crudo, gasolina y diesel. Sin embargo es un país de grandes reservas petroleras. La mitad del territorio boliviano es potencialmente petrolero y sólo está explorado el 4% de esa mitad. Es decir, si hubiese habido inversión en explotación habría producción suficiente de gasolina y diesel. Si la producción bajó y hay que importar es porque las transnacionales siguen manejando todo y decidieron no explorar. Han bloqueado la producción de petróleo. Por otra parte a las transnacionales no les interesa producir para el mercado interno porque es muy chico. Sólo les interesa el gas para la exportación. Entonces han invertido en pozos para mantener la exportación de gas sin industrializar a Brasil y Argentina (que a su vez es para Petrobrás y Repsol, que lo industrializan en ambos países multiplicando por 7 su valor).
¿Y la nacionalización?
El gran reclamo de la insurrección popular de octubre del 2003, fue la nacionalización total de los hidrocarburos, la expulsión de las transnacionales y la industrialización en Bolivia del gas para que haya trabajo. Este fue el centro de la llamada “Agenda de Octubre”, un programa que al ir contra las empresas imperialistas que dominan históricamente Bolivia, es un programa revolucionario que apunta a una transición al socialismo. Este programa fue adoptado por grandes sectores de masas. Este es uno de los avances extraordinarios del proceso revolucionario boliviano.
Evo Morales asumió el gobierno en enero del 2006 prometiendo la nacionalización. El 1º de mayo del 2006 decretó la llamada “nacionalización”. Pero esta no fue tal. La “nacionalización” fue parcial, es decir el Estado indemnizó con 1500 millones de dólares a las petroleras para obtener el 51% de las acciones y aumentó los impuestos. Pero YPFB, la empresa nacional, no fue convertida en una empresa operativa. ¡No produce nada! Los directivos tanto de YPFB como de las empresas mixtas, son personeros de las transnacionales (con enormes sueldos pagados por el Estado). A fines del 2006 se firmaron 44 contratos de concesión con las transnacionales que le permiten por 30 años, manejar el negocio en forma monopólica, fundamentalmente a Petrobrás y Repsol que quedaron con los principales campos. Estos contratos fueron luego reafirmados por la nueva Constitución aprobada en acuerdo con la derecha en octubre del 2008. Así las transnacionales siguen llevándose la mayor parte del excedente hidrocarburífero, fundamentalmente por la exportación de gas sin industrialización.
Es decir, la nacionalización fue en gran medida una farsa. Hubo sí aumento de ingresos al Estado y, en base a esto, algunas concesiones pequeñas a las masas, fundamentalmente en bonos para los jubilados (30 dólares mensuales a los mayores de 60 años que no tenían jubilación) y a niños en edad escolar con un pequeño bono anual.
“O retiran el decreto o se van”
Conocido el decreto, la conmoción económica y social fue inmediata. Al día siguiente subieron los transportes (buses urbanos y de larga distancia) entre un 50% y un 100%, también aumentaron el pan, la carne, frutas y verduras en un 20%, algunos alimentos un 50%. Cabe destacar que los alimentos ya habían subido alrededor de un 20% en los últimos meses.
Pasada la sorpresa inicial, la reacción popular no se hizo esperar. Ya el lunes comenzaban las primeras movilizaciones y pronunciamientos de organizaciones. “Fuera el gasolinazo neoliberal” tituló su volante La Protesta, organización de izquierda en la que militan los adherentes a la UIT-CI en Bolivia. “Fuera el gasolinazo” fue la consigna unánime que se escuchaba en cada mercado o reunión familiar.
Pedro Montes, dirigente de la COB, que viene apoyando todas las medidas del gobierno, incluso la ley de pensiones (jubilaciones) de contenido neoliberal, declaró que era un “decreto maldito” que debía ser abrogado (anulado).
Se pronunciaron por la derogación la CONOMAQ (la principal organización indígena del país), centrales obreras departamentales, los mineros, los sindicatos departamentales de maestros, de salud, la Federación Campesina Tupac Katari de La Paz, organizaciones estudiantiles. En la calle todos estaban indignados.
Sólo la ultraburocrática conducción de la CSUTCB (Central Campesina) y de la Confederación Nacional de Maestros (Pinaya del PC) se atrevieron a declararse a favor del decreto. Pero sus bases ya se estaban movilizando en contra.
La CAO (Cámara Agropecuaria de Oriente), que reúne a la oligarquía terrateniente, dijo que la medida era necesaria pero que hacían falta medidas “compensatorias” para ellos que utilizan el diesel en sus maquinarias. El jueves 31, mientras arreciaba la movilización popular, 3 ministros se pasaron 4 horas reunidos con la CAO para discutir dichas medidas compensatorias. Al final sacaron un comunicado amistoso, de que continuaban otro día las conversaciones.
La movilización creció en Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y El Alto. Hasta en el Chapare, lugar de origen de Evo y adonde sigue siendo presidente de su Federación del Trópico, los campesinos de Ivirgazama comenzaron un bloqueo total de la carretera troncal de Bolivia (la que une a Cochabamba y Santa Cruz) exigiendo la anulación del decreto. El 30 de enero la movilización se hizo masiva en casi todas las ciudades del país. En El Alto decenas de miles de personas chocaron con la policía, quemaron las casillas de peaje de la autopista y marcharon hacia La Paz. La policía pudo contener reprimiendo. Pero todas las organizaciones anunciaron movilización desde el lunes 3. Las juntas vecinales de El Alto (hay 600 juntas vecinales agrupadas en la FEJUVE) comenzaron a pronunciarse por un “paro cívico por tiempo indefinido”. Los combativos mineros de Huanuni anunciaron que marchaban a La Paz. El “paro cívico” en El Alto significa bloqueo total y esto incluye el Aeropuerto y las entradas a La Paz. Esto en Bolivia significa insurrección popular. La consigna que crecía era: “O retiran el decreto o se van ellos”.
Esto fue lo que llevó a Evo Morales a anular el decreto. Evidentemente de mala gana y diciendo que había que “aplicarlo de a poco y consultando al pueblo”.
En verdad de lo que se trata no es de “aplicar de a poco” un decreto que es un desastre para el país. ¡Y el pueblo ya dijo NO en forma muy clara!
El 4 de enero un nuevo decreto establece que el Estado boliviano va a pagarle a las transnacionales, reintegrándole todo lo que inviertan en exploración para encontrar petróleo. ¡Un escándalo que seguirá sangrando el presupuesto nacional a favor de las transnacionales!
La lucha recién comienza
Es por eso que la lucha no ha terminado. Como lo señala el volante de Agrupación La Protesta, en la que militan los compañeros de la UIT-CI en Bolivia: “Ahora hay que exigir que se cumpla con todos los reclamos populares, centrados en una verdadera nacionalización sin indemnizaciones de transnacionales de hidrocarburos y minería, expulsando a las transnacionales y a los gerentes de YPFB que sirven a las empresas extranjeras, YPFB controlada por el pueblo debe producir gas y petróleo, que hay en Bolivia en gran cantidad, para utilizarlo para industrializar y crear trabajos con sueldos dignos para todos, crear una gran petroquímica y fábricas en El Alto, en Potosí, en Oruro, expropiar a los terratenientes y entregar tierra a los campesinos para que produzcan alimento barato para el pueblo”.
Contra la inflación y el hambre, a luchar por aumento general de salarios y congelación de precios y trabajo para todos
Bolivia es un país gran parte de los trabajadores empleados devengan un salario mínimo de hambre equivalente a 98 dólares y son azotados por una brutal inflación que superó el 20% durante el año 2010 antes de del decreto neoliberal. Pero el 70% no tienen trabajo formal y en general tienen un ingreso aún menor. Frente a esta situación es urgente la movilización unitaria del pueblo exigiendo un aumento general de sueldos y salarios del 100% y se anule el decreto neoliberal 21060 que impide el control de precios y establece la flexibilización laboral. Que se anule el IVA, un injusto impuesto al consumo popular. Que se congele el precio del transporte de personas y que el Estado subsidie el transporte popular”.
Este reclamo debe ir acompañado de un proyecto de Plan Económico de Emergencia elaborado por las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas estudiantiles y populares para enfrentar y superar la grave crisis económica que afecta a la nación, de tal forma que se genere empleo productivo y digno; se nacionalice 100% la industria de los hidrocarburos y se promueva la inversión estatal en la industria petrolera sin ninguna injerencia de las multinacionales; se desarrollen obras de infraestructura, vivienda, salud y educación; y se apoye con créditos baratos la producción agrícola y pecuaria.
Este Plan económico Alternativo, que no es otra cosa que la continuidad y profundización de la Agenda de Octubre debe ser discutido y aprobado por todo el pueblo y debe ser impuesto por la vía de la movilización unitaria, de la misma forma en que se derrotó el infame Gasolinazo.
Coordinación para la lucha
En El Alto, vanguardia de esta rebelión, se comenzaron a dar pasos para convocar a una coordinación nacional de sindicatos, movimientos campesinos, trabajadores urbanos y rurales, estudiantes y organizaciones de izquierda, para luchar por la Agenda de Octubre, por salarios y un programa económico al servicio del pueblo.
Alertamos y denunciamos que el gobierno de Evo Morales está intentando procesar legalmente con jueces obsecuentes a dirigentes populares que se opusieron al gasolinazo neoliberal. Entre ellos a la dirigente de la Fejuve de El Alto Fanny Nina, que además fue lesionada al ser atropellada por un automóvil mientras transitaba por la acera en La Ceja de El Alto, lo que hace suponer un atentado. Exigimos que no se procese a nadie por apoyar la protesta del pueblo y el gobierno se haga responsable de investigar el atentado a Fanny Nina y de garantizar la seguridad de los dirigentes populares.
El gobierno acusó a la vieja derecha de propiciar “disturbios”. La realidad es que la vieja derecha neoliberal fue y es repudiada por las mayorías populares. Y que este movimiento fue protagonizado por el pueblo pobre, trabajadores y campesinos.
Apoyamos la propuesta de La Protesta, agrupación en la que militan los compañeros de la UIT-CI de Bolivia
Desde la UIT-CI saludamos al pueblo boliviano y a sus organizaciones de base, a las Juntas Vecinales de base de El Alto, a los gloriosos sindicatos mineros, a sus sindicatos de trabajadores combativos, como fabriles y maestros de La Paz, Cochabamba y Oruro, a la COD de Oruro, a organizaciones indígenas como la CONOMAQ, a organizaciones campesinas, a la Agrupación La Protesta y a los partidos de izquierda y revolucionarios que han estado en la movilización contra el gasolinazo, por este gran triunfo. Y los llamamos fraternalmente a concretar ese camino de unidad que permita crear una alternativa popular, obrera y campesina para enfrentar el plan de hambre capitalista del gobierno de Evo. La UIT-CI con sus partidos nacionales se coloca al servicio de la solidaridad internacional con esa justa lucha.
7 de enero del 2010
Unidad Internacional de Trabajadores (Cuarta Internacional)
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