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Las protestas en el Bajo Cauca antioqueño han dejado en evidencia el conflicto por las fumigaciones en cultivos lícitos e ilícitos. Los campesinos desconfían del Estado, mientras que las guerrillas y cuatro bandas criminales se pelean el control del negocio de la droga.

Por Juan Diego Restrepo E.

En Tarazá, municipio que hace parte de la región del Bajo Cauca antioqueño, los campesinos salieron a protestar entre el 17 y el 27 de febrero, por las fumigaciones contra cultivos ilícitos. Pero no porque estuvieran en desacuerdo con combatir el narcotráfico en esa zona, sino porque sus cultivos de pancoger y sus proyectos productivos estaban siendo afectados.

Pero lo que fue una protesta espontánea de los labriegos, de inmediato fue calificada por las autoridades como una reacción de la guerrillas y de las bandas criminales que ahora se disputan el control de la producción de la hoja de coca.

“Cuando escucho las avionetas de fumigación es como si el Gobierno Nacional me diera una palmada en la cara”, dice, indignado, Alonso Vélez, un campesino de la vereda El Cañón de Iglesias, a unos dos horas por una trocha del casco urbano de Tarazá, una de las zonas donde se concentraron en las últimas semanas las aspersiones aéreas con glifosato, utilizado por la Policía Antinarcóticos para combatir los cultivos ilícitos y que es auspiciada por las Naciones Unidas.

Este labriego, tesorero de la junta de acción comunal de la vereda, vive allí desde hace 20 años y ha sido testigo del deterioro que en la última década han ocasionado la siembra masiva de hoja de coca y las reiteradas aspersiones aéreas: “cuando yo llegué a esta tierra no habían fumigado. Usted encontraba en cualquier parte un racimo de plátanos. Hoy por hoy si se siembra una mata de plátano estando muy de buenas le cría un aborto, un racimo que le nace por la mitad”.

En esta vereda, las fumigaciones aéreas de las últimas semanas ocasionaron daños no sólo a los bosques nativos, sino a los cultivos de pancoger. Plantaciones de yuca, plátano, árboles frutales, caña de azúcar y pastos fueron afectados con el herbicida, dejando a miles de campesionos y a su precaria economía en jaque.

A varios kilómetros de allí, en el corregimiento La Caucana, también de Tarazá, Martín Restrepo lamenta la pérdida hace un mes de varias hectáreas de yuca, arroz y cacao de su propiedad, cuando una avioneta de la Policía Antinarcóticos asperjó sus tierras

“¿Por qué no revisan los mapas que utilizan y verifican que lo que tenemos sembrado es comida?”, se pregunta el labriego. “Que vengan y verifiquen si el campesino está sembrando comida o no, para que vean si tenemos o no razón en protestar”. El suyo sólo es un ejemplo de lo que se vive en este lugar, otrora uno de los centros de comercialización de coca de más movimiento en el departamento.

Situaciones como esas llevaron a 2.500 campesinos, muchos de ellos cultivadores de hoja de coca, a salir de corregimientos y veredas de Tarazá, Cáceres y Valdivia el pasado 17 de febrero para concentrarse en el coliseo de la primera de estas localidades por cerca de diez días con el fin de llamar la atención de las autoridades locales, regionales y nacionales sobre los efectos de la aspersión área en sus fincas.

La protesta fue organizada por la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac), creada a mediados del 2008 como resultado del movimiento que generaron los tres desplazamientos masivos de labriegos que se dieron durante el primer semestre de ese año, para reclamar mayor atención sobre las consecuencias que traería para los cultivadores de hoja de coca erradicar sus matas sin el acompañamiento de las autoridades y una oferta rentable de sustitución de los sembradíos ilícitos.

La manifestación terminó con un acuerdo entre los labriegos y las autoridades, firmado el 26 de febrero pasado, en el que se incluyó la creación de una comisión “para verificar en terreno afectación de cultivos lícitos, conformada por alcaldías municipales, Secretaría de Agricultura, Asocbac, Diran (Dirección de Antinarcóticos) Defensoría y Procuraduría”. Según lo estipulado, “se le dará vocación de permanencia a la comisión de verificación”. También se convino finalizar con la fase de erradicación vía aspersión “por tardar el 18 de marzo”.

Sin embargo, fueron varias las voces que empezaron a sembrar dudas sobre quién de verdad estaba detrás de esta protesta.

Guerrillas, ‘paras’, bandas y coca

La historia de esta subregión del Bajo Cauca ha estado signada por la violencia. Las guerrillas de las Farc y el Eln llegaron allí en los años setenta; luego, en la década del ochenta, arribaron grupos paramilitares ligados a organizaciones de narcotraficantes como el Cartel de Medellín; posteriormente, en los años noventa aparecieron estructuras de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), consolidándose los bloques Minero y Central Bolívar. La presencia armada ilegal ha estado ligada a la minería y a la producción de coca para el refinamiento de cocaína.

La desmovilización de los bloques paramilitares, la extradición en mayo de 2008 de sus jefes máximos, Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’, y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ y el confinamiento de las Farc y el Eln a las zonas montañosas del Nudo del Paramillo y el Sur de Bolívar, creó un vacío de poder en el control de las actividades mineras y narcotraficantes que, desde mediados del 2008, se disputan cuatro poderosas bandas criminales: ‘Los Paisas’, ‘Los Rastrojos’, ‘Los Urabeños’ y ‘Águilas Negras’. De acuerdo con el Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, estos grupos “participan en la producción, tráfico, comercio y rutas del narcotráfico”.

En esa disputa también participa el Estado, que empezó desde hace varios años a fumigar y erradicar manualmente la hoja de coca e imponer su autoridad. Pero con lo que no contaban era que esas estructuras armadas ilegales estarían en medio del propósito gubernamental de acabar con los cultivos ilícitos.

No obstante las dificultades, la lucha antinarcóticos ha dado resultados. Según Aldo Lale-Demoz, representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la superficie cultivada con hoja de coca en esta subregión de Antioquia se redujo en un 38,4% entre los años 2007 y 2009, pasando de 8.604 hectáreas a 3.306 hectáreas. “Para 2010 proyectamos una continua reducción de los cultivos ilícitos en este departamento”, calcula el vocero de la Unodc.

Pero son justamente esas cifras las que desconciertan a los campesinos, pues no entienden por qué se ha intensificado la aspersión aérea en varias zonas del Bajo Cauca donde la Unodc ha certificado desde el 2008, cuando se inició este programa, que no hay cultivos de hoja de coca ni laboratorios para el procesamiento de base de coca ni cristalizaderos para el refinamiento de la cocaína, requisitos necesarios para que el Estado y las diferencias agencias internacionales inviertan allí.

Si bien para los organizadores de la movilización había razones de fondo para volver a llamar la atención de las autoridades sobre los daños ocasionados por la aspersión aérea en cultivos lícitos, las protestas fueron relacionadas por las autoridades departamentales con la guerrilla de las Farc, a la que le atribuyen presiones indebidas sobre los labriegos para que salgan de sus fincas y se concentren en el casco urbano de Tarazá, con lo que se pretende deslegitimar sus reivindicaciones sociales y económicas.

“Se han cometido delitos de lesa humanidad por los que tendrán que responder los promotores de ese desplazamiento. Están ya denunciados ante las autoridades, a la Fiscalía, que adelanta una investigación”, afirmó el Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, una semana después de finalizada la manifestación campesina. “Estaban prácticamente secuestrados muchos ciudadanos, no los dejaban salir porque las Farc los tenían presionados”.

Jorge Ríos, secretario de Asocbac y vocero de los labriegos de Tarazá, refuta al gobernador Ramos y aduce que es mentira que las Farc estuvieran detrás de la movilización: “La guerrilla no tuvo nada que ver, los mismos campesinos presionaron para que hubiera presencia de mucha gente”.

En ese sentido se expresa también Álvaro Ballesteros, fiscal de la junta de acción comunal del Cañón de Iglesias: “Por reclamar un derecho nos tildan de guerrilleros, eso es humillante”. En medio de un bosque nativo de la vereda El Embaretado, fumigado con glifosato a comienzos de febrero por aeronaves de la Policía Antinarcóticos, resume lo que a su juicio es el motivo de las manifestaciones masivas: “el Gobierno Nacional es el que nos empuja a protestar, porque no nos cumple, si nos cumpliera no marcharíamos”.

Según Ballesteros, desde cuando se reunieron en Tarazá con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez durante un consejo comunitario realizado el 3 de mayo del 2008 que desactivó una de las tantas protestas de ese año, no han recibido la atención debida por parte de los gobiernos Nacional y Departamental: “nos ofreció reparación de todos los daños, subsidio de vivienda y titulación de tierras. Nos trajeron unas semillas de esas que se compran en papeleticas, viejas, llena de polilla, éramos sesenta familias y mandaron semilla sólo para ocho”.

Las afirmaciones de Ballesteros contrastan con cifras de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Según Nuris Obregón Rodríguez, directora del programa contra cultivos ilícitos de esta agencia gubernamental, en este municipio se han invertido cerca de 3.000 millones de pesos en diferentes programas sociales, dirigidos a familias que quieren acabar con los cultivos ilícitos, que se suman a los cerca de 10.000 millones que ha aportado la Gobernación de Antioquia en esta zona del departamento.

VerdadAbierta.com recorrió durante una semana diversos corregimientos y veredas del Bajo Cauca antioqueño con el fin de conocer de manera directa la situación de esta subregión del departamento. Allí entrevistamos campesinos, funcionarios de las administraciones locales, líderes comunitarios, representantes de los gobiernos departamentales y nacionales, y voceros de agencias internacionales, todo con el fin de ofrecer un amplio panorama sobre lo que ocurre en una de las subregiones con más alto grado de conflictividad en Antioquia y el país.

Durante las visitas, se pudo constatar que hay veredas certificadas por la Unodc que fueron fumigadas, afectando tanto a los campesinos como las inversiones que hacen el propio Estado y organismos internacionales en el proceso de sustitución de cultivos; también se tuvo conocimiento de la desarticulación que existe entre la Policía Antinarcóticos y las distintas administraciones municipales, las cuales no son tenidas en cuenta a la hora de concertar los lugares que serán fumigados; igualmente, de los controles que ejercen las bandas criminales emergentes para ingresar a determinadas áreas rurales y urbanas; asimismo, de la inconsistencia en la cartografía empleada por los pilotos de las aeronaves para ubicar las zonas a asperjar; y finalmente, una profunda desconfianza en las instituciones del Estado.

La situación no es fácil para miles de campesinos de esta zona del Bajo Cauca que por años ha estado entre la legalidad y la ilegalidad.

El reto para el Estado es atender una población que clama por soluciones concretas, eficientes y rentables que les permita acceder a un nivel de vida más digno que el que les prodiga una actividad que ahonda cada día su miseria.

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