Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Luego de una década desde la “masacre del naya” aún no se conoce cuantas son las víctimas y no se ha logrado establecer la responsabilidad penal de sus autores y sus beneficiarios

Dejo constancia ante la Plenaria de la Cámara de Representantes de la conmemoración de los diez años de la masacre del Naya, comunidad que continúa exigiendo el ejercicio efectivo de sus derechos a la verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición, el derecho al territorio y al respeto a sus planes de vida.

La comunidad del Naya lleva 3.650 días, sin que hasta el momento se haya determinado oficialmente cuántas personas murieron, cuántos fueron desaparecidos, cuantos fueron desplazados, y en general cuantas personas fueron victimizadas.

Esta masacre que no fue evitada por el Estado aún cuando en el año 2000 la Defensoría del Pueblo había alertado sobre la incursión paramilitar, hechos por los cuales el Consejo de Estado declaró responsable al Estado Colombiano, aún está rodeada de impunidad. Hoy no se ha establecido la responsabilidad del Ejército en la masacre, ni la de los determinadores y beneficiarios del desplazamiento.

La comunidad de la región ubicada en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, rica en recursos hídricos, y naturales y espacio de conexión con el océano pacifico, ha sufrido de manera sistemática graves infracciones al DIH y diversas violaciones a los DDHH, entre ellas: homicidios, torturas, injurias, fumigaciones con glifosato, secuestros, masacres, desplazamientos forzados, accesos carnales violentos, desapariciones forzadas, reclutamientos, señalamientos, amenazas, asesinatos a sus líderes, detenciones arbitrarias, ataques y ocupaciones de instituciones de educación y salud entre otros crímenes, los cuales se han presentado desde la década de los 80 y muchos continúan produciéndose hasta el presente.

Fue en abril de 2001 cuando ocurrió una de las más sangrientas masacres en la región que dejó cerca de un centenar de víctimas mortales, de las cuales solo 39 han sido oficialmente reconocidas, la cual produjo un gran desplazamiento masivo.

Con posterioridad a la masacre las violaciones a los DDHH persistieron y persisten. El mismo año desaparecieron al ex gobernador MANUEL RAMOS. En el 2008 y 2009  se reactivaron amenazas contra directivos de la comunidad reasentada en el Territorio KITEK KIWE las cuales se hicieron efectivas el 25 de Mayo 2010 en Santander de Quilichao, con el homicidio de ALEXANDER QUINTERO ex Presidente de Asociación de Juntas del Alto Naya, quien había denunciado amenazas y solicitado medidas de protección, las cuales le fueron negadas. Y de manera reciente, el 7 de marzo de 2011 se presentaron nuevas amenazas vía panfletos contra directivos de KITEK KIWE especialmente contra Gerson Acosta gobernador indígena y consejero de la ACIN, y  Jair Mendez Coordinador del Centro Educativo Elías Troches beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH, muestra clara de la persistencia del conflicto armado en la región.

La comunidad del Naya que hoy se encuentra dispersa en los  municipios de Buenos Aires, Buena Ventura, López de Micay, Suarez, Jamundi, Santander de Quilichao, Timbio y en las afueras en los  departamentos de Cauca y Valle del Caca, solicitan que como reconocimiento de la responsabilidad del Estado se generen los mecanismos necesarios para la reconstrucción del tejido social en condiciones de pervivencia digna a través de políticas públicas que permitan el desarrollo de un plan de vida diverso para la región, desde la titulación del territorio Naya a sus respectivos poseedores como indígenas, campesinos y afros, constitución de resguardos, fortalecimiento de consejos comunitarios, y el establecimiento de una agenda social.

Demandan la acción del Estado colombiano para que cumpla con la obligación y asuma la responsabilidad de garantizar los derechos que tienen como víctimas. Después de más de 10 años no se ha avanzado significativamente en la generación de condiciones necesarias para el ejercicio de estos derechos y por el contrario se han presentado nuevos casos de violaciones a los derechos humanos.

Ante este crítica situación, hago un requerimiento al Ministerio del Interior y de Justicia para que brinde las medidas de protección que sean necesarias y concertadas con esta comunidad, de manera especial con sus líderes quienes persisten en la demanda de sus derechos; al Gobierno Nacional para que asuma compromisos concretos que satisfagan el derecho a la reparación integral de esta comunidad; y de manera especial a la Fiscalía General de la Nación para que impulse las investigaciones judiciales que permitan establecer la responsabilidad de quienes ejecutaron y quienes se beneficiaron con los crímenes cometidos en la región del Naya, garantizando de manera adecuada la participación de las víctimas.

Finalmente reitero el compromiso de buscar mecanismos que nos permitan como sociedad avanzar hacia la negociación política del conflicto armado, como único mecanismo viable para garantizar la no repetición de terribles crímenes como los de la masacre del Naya.

IVÁN CEPEDA CASTRO
Representante a la Cámara por Bogotá
Polo Democrático Alternativo