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La historia detrás del exgobernador de Córdoba Benito Osorio Villadiego.  Con la denuncia hecha por el presidente Juan Manuel Santos el jueves pasado, sobre múltiples irregularidades descubiertas por la Superintendencia de Notariado en los procesos de compraventa de tierras y la forma como se accedió a ella mediante despojos materiales y jurídicos en la región del Urabá, vuelve a la palestra pública el nombre de Benito Osorio Villadiego, el exgobernador de Córdoba, hoy detenido dentro del proceso de la parapolítica.

Oriundo del municipio de Cereté, médico veterinario y zootecnista, Osorio Villadiego siempre fue un hombre conocido por la clase política de Córdoba. Pero además, durante siete años gerenció el Fondo Ganadero del departamento y orientó la Federación Nacional de Fondos Ganaderos, entidad que representa a 25 capítulos del gremio en el país. Paralelo a su gestión, el paramilitarismo le dio forma a su proyecto de captura de las instituciones y todas las investigaciones apuntan a que él fue una pieza clave de este engranaje.

Precisamente, según lo revela el informe de la Supernotariado, dentro de los casos que merecen destacarse, como atropellos a los campesinos y beneficiarios de la reforma agraria, aparece que el Fondo Ganadero de Córdoba es la persona jurídica que más tierras ha comprado en la zona del Urabá, mediante maniobras fraudulentas como presiones para que se le otorgaran poderes, registro de falsos poderes y otorgamiento de poderes a una sola persona: Sor Teresa Gómez Álvarez, hoy prófuga de la justicia y condenada por el asesinato de la líder campesina Yolanda Izquierdo.

“A consecuencia de compras masivas, los beneficiarios de la reforma agraria terminaban vendiendo sus predios mediante la presión de sus colindantes, que en todos los casos era el Fondo Ganadero de Córdoba (…) se hacían a predios mediante el pago de sumas irrisorias frente al valor real”, advierte la Superintendencia de Notariado, poniendo un ejemplo concreto, el despojo a la familia Mendoza Borja, en San Pedro de Urabá.

“En 1995 se obligó a la señora Amada Borja a suscribir contratos de promesa de compraventa, mediante intimidación armada. En 1996 la Fiscalía conoce el caso y no adelanta ninguna acción. Por lo anterior, la señora Borja se ve obligada a abandonar su sitio de residencia. En el año 2003 fallece la señora Borja y sus hijos adelantan proceso de sucesión presionados por paramilitares, interesados en adquirir definitivamente estos predios (expedientes de la Fiscalía señalan que la zona era controlada por alias Mono Leche). Posteriormente, los hijos venden por un precio muy bajo todos los predios, por intermedio de abogado, bajo coacción. El predio quedó así en manos de grupos armados al margen de la ley”.

¿Pero cómo encaja el nombre de Benito Osorio Villadiego en todo este engranaje sobre el despojo de tierras? Estando al frente del Fondo Ganadero de Córdoba, fue él quien promovió en 2005 un movimiento ciudadano que le diera a Salvatore Mancuso, jefe paramilitar actualmente preso en Estados Unidos, una especie de título nobiliario como el “salvador” del departamento. Incluso, en 2007, por un valor aproximado a los $3.000 millones, Osorio Villadiego compró cuatro fincas ubicadas en área rural del municipio de Tierralta al ganadero Araam Asías Solar.

Con el tiempo se conoció que el vendedor era colaborador de Mancuso y que incluso una de las fincas, de nombre El Cairo, era utilizada como lugar de encuentro de los jefes de las autodefensas. Eran tiempos en que el proyecto paramilitar se afianzaba en las notarías. Como líder ganadero y gracias a sus buenas relaciones con los políticos, Osorio Villadiego fue nombrado a comienzos de 2008 por el entonces presidente Álvaro Uribe como gobernador encargado del departamento. Se posesionó el día de año nuevo y renunció a las tres semanas, cuando la desaparecida revista Cambio publicó un artículo revelando todos sus nexos.

Nexos que se desarrollaron paralelamente a su gestión como gerente del Fondo de Ganaderos y que coinciden con la expansión paramilitar en la región y los despojos de tierras, en una estrategia que tuvo varios nombres vinculados desde los años 90, entre ellos el de Sor Teresa Gómez Álvarez, esposa de un hermano medio de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño y suegra de Jesús Ignacio Roldán, alias Mono Leche.

Para las autoridades es claro que fue ella uno de los principales alfiles del movimiento paramilitar. En julio de 2001, ya pensando en cómo pasar la página de la guerra y transitar hacia la legalidad con falso apoyo a los campesinos y desplazados en Urabá, en el municipio de Mutatá creó la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba). La fachada era la defensa gremial de los labriegos de la región, azotada por la violencia, pero como lo demostró años después la Fiscalía, fue un proyecto para despojar de sus tierras a los campesinos o impulsar una titulación fraudulenta de predios desconociendo los territorios legales de las comunidades afrodescendientes.

En esas vueltas y proyectando su nuevo negocio, Sor Teresa Gómez, con el apoyo de varios empresarios, se apropió de 52 fincas en Urabá y Córdoba que terminaron escrituradas a nombre de testaferros. En el tiempo en que Sor Teresa Gómez y sus compinches concretaban sus ilegales negocios de tierras, el hombre que lideraba los fondos ganaderos y era voz acatada en Córdoba y Urabá era Benito Osorio Villadiego. Hoy detenido, para las autoridades es una pieza clave para esclarecer toda esa olla podrida que tiene que ver con el despojo de tierras en Urabá, en la que según el Gobierno están involucrados notarios, registradores de instrumentos públicos, alcaldes y funcionarios del ICA, el antiguo Incora y el Incoder.

Las tipologías del despojo

El estudio de la Supernotariado sobre Urabá reveló que en un área que alcanza las 41.790 hectáreas (1.400 predios rurales) se encontraron diferentes tipologías de despojo, tales como: falsificación de resoluciones de adjudicación (33 casos), ventas masivas a persona natural (52 casos), ventas con poder a misma persona (30 casos), al Fondo Ganadero de Córdoba (utilizando campesinos como intermediarios), ventas masivas a persona jurídica (51 casos), ventas bajo presión, suplantación de personas (45 casos), presentación de falsos poderes (127), despojo material o de hecho de adjudicatarios de Incora-Incoder (72 casos), despojo por vía administrativa (7 casos) y despojo por vía jurídica (12 casos).

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