Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Habrá condiciones que no se han mencionado. Entre las muchas cosas que pueden decirse sobre el proyecto de ley de vivienda presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos, además del conocido populismo reeleccionista que encarna, caben las siguientes:

 

La “gratuidad” consiste en que no tendrá que pagarse cuota inicial para acceder a una de esas viviendas, pero sí tendrán que cumplirse condiciones posteriores a su adjudicación por parte del Estado, so pena de no recibir las escrituras de la vivienda y hasta otras sanciones, dependiendo de reglamentaciones que no se conocen. En la exposición de motivos se explica qué quiere decir viviendas “gratis”, de acuerdo con las ideas del gobierno de Juan Manuel Santos y de lo que ocurre en Brasil, de donde se dice se trajo la idea:

 

“Brasil se ha convertido en un referente para el diseño de políticas de vivienda focalizadas en la población más pobre. El nuevo modelo de política de vivienda brasilero (Programa Mi Casa Mi Vida 1 y 2) propone una aproximación distinta al problema habitacional:

 

i. Se requiere una segmentación mucho más fina de la demanda y la aplicación de instrumentos de acceso específicos para cada segmento. Para el segmento conformado por los hogares con ingresos mensuales menores a 3SM se ofrece la entrega de viviendas sin cuota inicial (subsidio pleno a la demanda), pero sin transferencia de la propiedad (la propiedad queda en un mecanismo de enajenación fiduciaria) y el hogar beneficiario asume el compromiso de destinar el 10% de su ingreso mensual durante diez años para la devolución de una parte del subsidio. La transferencia de la propiedad sólo se produce al término de este plazo. Los beneficiarios pueden ser desalojados si no atienden sus compromisos de pago”.

 

Lo anterior en Colombia se traduciría así, también según la exposición de motivos:

 

“Una vez construidas las viviendas, existirían los siguientes beneficios:

 

1. Las viviendas resultantes de los proyectos serían asignadas a título de subsidio en especie a los beneficiarios. Es decir, los beneficiarios recibirían una vivienda habitable, a título de subsidio, sin perjuicio de que, de acuerdo con las condiciones de los hogares beneficiarios, el Gobierno establezca pagos parciales adicionales a cargo del beneficiario, o de que se exija el cumplimiento de requisitos contemplados en los programas sociales del Estado. A manera de ejemplo, los requisitos que contempla el Programa de Red Unidos para la superación de la pobreza extrema.

 

Es decir, dependiendo de las condiciones de los beneficiarios, el proyecto también da la posibilidad de que las viviendas no se asignen en forma definitiva ni en su totalidad a los mismos, sino que plantea la posibilidad que de que asignen temporalmente y la transferencia de su titularidad se condicione al pago parcial de la vivienda o a la ejecución de contratos de leasing habitacional o arrendamientos con opción de compra. Lo anterior permitirá que los beneficiarios que tengan ciertas capacidades de pago o que sean sujetos de crédito accedan a la vivienda en la medida en que asuman la responsabilidad de su pago parcial”.

 

De otra parte, la Presidenta de Camacol explicó que la ley tiene origen en una propuesta de esa organización (El Tiempo, Sección vivienda, Abr.28.12).

 

La ley afecta toda la política de vivienda y no solo la de soluciones “gratuitas”.

 

Apunta a quitarles el riesgo de participar en el negocio de producir viviendas populares a los constructores y, especialmente, a los banqueros, pasándoselo por completo al Estado, en una política que no toca las causas estructurales del problema. Estos planes se enmarcan en la estrategia de los “Macroproyectos de Interés Social Nacional” (resaltado en este texto), se desarrollarán mediante las figuras de los patrimonios autónomos y las fiducias mercantiles, en asocio del Estado con los particulares y se regirán por el derecho privado.

 

Pretende ocultar el fracaso de la política de vivienda subsidiada del Plan Nacional de Desarrollo. Porque a diciembre pasado habían entregado apenas 17.302 subsidios, cuando debían llevar 186.804, para poder cumplir con la meta de 526 mil del cuatrienio. Seguramente el gobierno abandonará la meta de los 526 mil subsidios, pues debe ocurrir que la financiación de las famosas cien mil viviendas “gratis” se haga a costa de reducir el total de las subsidiadas. “Con la nueva modalidad –dice Eduardo Sarmiento– aumenta el monto del subsidio a cambio de reducir el número de beneficiarios potenciales” (Ver anexo).

 

Cien mil viviendas “gratis”, aun si se realizaran, cosa que está por verse porque hay severas limitaciones de suelo urbano, entre otras cosas, tendrán limitado impacto frente a las necesidades de las muchas familias que no pueden acceder a viviendas que exijan crédito bancario, así puedan aportar cuota inicial y reciban subsidio del Estado. Según la exposición de motivos del proyecto de ley, el 36 por ciento de los 12.3 millones de hogares del país no puede conseguir un crédito, porque la banca no les presta a esos colombianos.

 

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COLETILLA SOBRE LA REFORMA TRIBUTARIA:

 

Lo que exactamente dijo Santos sobre la reforma tributaria (página de la Presidencia de la República):

 

“Los que deberían pagar impuestos y no los están pagando, esos van a protestar. Los que deben pagar impuestos y sí están pagando, esos van a salir beneficiados porque vamos a bajar las tasas. O sea, el que está pagando sus impuestos como Dios manda, así sea muy rico, se va a ver beneficiado”.

 

El programa de vivienda gratis

 

Eduardo Sarmiento, El Espectador.com, Abr.29.12

 

El Gobierno anunció que entregará 100 mil viviendas sin compensación a los sectores más pobres de la población.

 

La decisión es interesante, pero está llena de interrogantes. Típica idea económica deformada por fines políticos.

 

La discusión ha girado sobre la disponibilidad de tierras y la financiación, las cuales no constituyen mayor obstáculo para construir las 100 mil viviendas, porque representan una pequeña fracción del déficit habitacional y de las metas oficiales. El problema está en el reducido tamaño del programa.

 

Desde tiempo atrás he sostenido que los subsidios de vivienda fueron mal concebidos por la tendencia centralista. La subvención se entrega en efectivo al beneficiario, condicionada a que el resto se cubra con un crédito. Así, la escogencia de los beneficiarios queda por cuenta del sector financiero. Por su parte, los bancos ven a los usuarios de interés social como sujetos de alto riesgo y, en general, buscan toda clase de procedimientos para eludir la obligación. Por eso, las ambiciosas metas de vivienda de todos los gobiernos se han incumplido garrafalmente.

 

En lugar de reformar en su conjunto el sistema fallido, el Gobierno intenta corregir la deficiencia estructural del sistema para un grupo reducido, asumiendo la totalidad de la financiación y pasando la selección de los beneficiarios a los alcaldes. En el fondo, está rectificando el programa de vivienda contemplado en el plan de desarrollo. Allí se estableció una meta de 560.000 viviendas de interés social para los cuatro años, es decir, 140 mil por año, y la ejecución no es ni 30%. La diferencia es que ahora, con la nueva modalidad, aumenta el monto del subsidio a cambio de reducir el número de beneficiarios potenciales.

 

En las declaraciones oficiales se habla de un programa de $3,7 billones, que aparentemente es una suma grande, pero que no dice nada si no se relaciona con el tiempo. De acuerdo con el ministro de Hacienda, las viviendas serían construidas por firmas que recibirían el pago cuando se entregue el producto terminado y con un plazo de cuatro años.

 

En todo esto no falta el protagonismo. El programa se infla con cifras y anuncios efectistas, que no tienen representación en la realidad. No se trata de un gasto de $3,7 billones que se repite cada año, sino de un gasto anual de $600 mil millones durante seis años. La erogación presupuestal anual es sólo de 0,1% del PIB, y se financiará con el incumplimiento de la meta de subsidios de viviendas de interés social.

 

Lo más grave es que no existe un marco institucional que garantice la asignación de las viviendas con criterios técnicos. Los beneficiarios serían escogidos por los alcaldes dentro de un marco complejo; los individuos que cumplen con los requisitos para acceder al privilegio son mucho mayores que la oferta. De hecho, se configura una renta que puede apropiarse con propósitos políticos.

 

La idea enfrenta serias dificultades de aplicación. Su sostenibilidad y transparencia sólo se lograrían dentro de un marco general que garantice la entrega de la vivienda a todas las personas que cumplan los requisitos, es decir, a los más pobres. En tal sentido, el volumen de viviendas tendría que ser mucho mayor, el período de aplicación de varios años y la erogación presupuestal anual de más del 1% del PIB. Adicionalmente requeriría de una severa fiscalización y rendición de cuentas para evitar la corrupción y el clientelismo.

 

En fin, el programa de vivienda gratis adolece de los mismos problemas de dimensionamiento de las leyes de tierras y el primer empleo. Las iniciativas sociales del Gobierno se presentan dentro de grandes despliegues y titulares, pero sin comprometer los recursos y las instituciones que aseguren el cumplimiento.

 

Jorge Enrique Robledo, Senador, abril 29 de 2012

http://www.moir.org.co/Lo-minimo-que-debe-saberse-sobre.html