Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ha anunciado que se abrirá una mesa de diálogo para enfrentar la aguda problemática de orden público que se ha registrado en las últimas semanas en el departamento del Cauca motivada por el acrecentamiento de la presencia tanto del Ejército Nacional como de las guerrillas principalmente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. 

Hoy viernes 27 de julio debería instalarse la mesa de diálogo en Popayán entre el Gobierno y las comunidades indígenas organizadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. La reacción del Gobierno es dubitativa y tardía, los indígenas se quedaron esperando a los ministros del Interior Federico Rengifo y de Defensa Juan Carlos Pinzón, quienes delegaron en sus viceministros la representación del Gobierno Nacional. Por su parte las comunidades indígenas se han declarado en Asamblea Permanente y han exigido la presencia de los altos dignatarios del Gobierno Nacional para el inicio del diálogo y  las negociaciones.

 

La problemática del Cauca y en particular de las comunidades indígenas es compleja. El abandono por parte del Estado que muestra irrisorias cifras de inversión de recursos públicos en la región ha conducido a que éste departamento presente indicadores sociales muy precarios similares a los registrados en los departamentos más pobres del país. El incumplimiento de las negociaciones realizadas en el pasado por los gobiernos que se han sucedido en el poder del Estado, ha acumulado importantes déficit en materia de servicios públicos y sociales, pero además ha acarreado una creciente ilegitimidad de las entidades públicas en la región. La población indígena ha perdido la confianza en las autoridades públicas, no sólo por la ausencia de políticas públicas y de inversión social sino además por los atropellos que se cometen a diario contra sus habitantes. Decenas de indígenas han sido asesinados, en 1984, por ejemplo, fue asesinado el sacerdote Nasa Álvaro Ulcué sin que las investigaciones judiciales hayan avanzado, en estas últimas semanas en medio de las movilizaciones indígenas para exigir la salida de sus territorios de las Fuerzas Armadas Gubernamentales y de la guerrilla, fueron asesinados el indígena Fabián Güetio en un retén militar “por error” según reportaron las autoridades gubernamentales y también fue asesinado el campesino Mauricio Largo, dos habitantes de la región que pasan a engrosar la lista de los muertos en medio de éste conflicto.

 

Pero, además la problemática es más compleja porque las comunidades indígenas son propietarias colectivas de sus resguardos que han sido definidos por la Corte Constitucional como territorios privados colectivos y ellos gozan de especial protección constitucional que les reconoce autonomía territorial y gobierno propio. En la Constitución colombiana, los cabildos gobernadores son autoridades legítimas en su territorio. “Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios  indígenas estarán gobernados por Consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: ..7. Colaborar en el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional”.

 

Precisamente éste último punto es parte importante de la polémica y será uno de los puntos más álgidos de la negociación entre las autoridades indígenas y el Gobierno Nacional. En los últimos años la presencia de las guerrillas se ha vuelto a incrementar en los territorios indígenas que ocupan un lugar estratégico para el transporte de la droga que sale por el Pacífico Colombiano con destino a los mercados internacionales, lo cual ha incrementado la presencia del narcotráfico en la región y también de sus aparatos armados. Las comunidades indígenas se han cansado de los continuos ataques que realizan las guerrillas contra su territorio que ha acarreado el incremento de la inseguridad y la destrucción de sus pueblos. Hay que recordar la Chiva bomba en el municipio de Toribío, en abril de 2011, que destruyó una parte de éste municipio sin que el Estado se haya comprometido  seriamente a la reparación de las víctimas en esta ocasión por una acción absolutamente irresponsable y violatoria de los derechos más elementales de la población civil por parte de las FARC. En innumerables comunicados y cartas los indígenas han solicitado a las FARC que abandonen sus territorios y en un hecho simbólico las autoridades indígenas recientemente aprehendieron y castigaron según sus costumbres y usos a cuatro milicianos de las FARC.

 

En carta fechada el 20 de julio, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, jefe máximo de las FARC responde a la comunicación que los Cabildos Indígenas le habían dirigido el 12 de julio del presente año y en el cual le exigían a las FARC abandonar sus territorios y respetar la autonomía indígena. En dicha carta no sólo no acepta la propuesta de los cabildos indígenas sino que además increpa a los indígenas por estar dice de espaldas a las necesidades y reivindicaciones de otros sectores de la población. Dice Jiménez “A veces parece desprenderse de sus sinceras alegaciones que las comunidades indígenas sólo miran por ellas mismas desconociendo la suerte de los demás desposeídos y perseguidos de Colombia, que suman por lo menos 30 millones de compatriotas. El grave conflicto colombiano no puede ser solucionado sólo por las comunidades indígenas simplemente porque ustedes hacen parte de Colombia, habitan en territorios codiciados por los mismos terratenientes e inversionistas que despojan a colonos, mineros, trabajadores y demás sectores explotados”. Así pues quedan notificados los indígenas del Cauca que no sólo son egoístas sino que las FARC no se retirarán de sus territorios sino dice Jiménez hasta que haya una salida política negociada al conflicto.

 

La postura del Gobierno hasta ahora ha sido que no puede haber territorios vedados para la presencia de la Fuerza Pública y por tanto que la autonomía esgrimida por los indígenas no será respetada por el Estado. Esta es pues la contradicción mayor al lado de las reivindicaciones de inversión social y del cumplimiento de los acuerdos con gobiernos anteriores. La causa de los indígenas es justa y muestra el hastío de la población con la guerra. Santos que no se decide a una negociación política con las guerrillas puesto que al flanco derecho de su Gobierno tiene al uribismo que no cesa de acusarlo de traición y de ser blandengue con los indígenas y con las guerrillas a quienes coloca de manera irresponsable en el mismo bando, se encuentra en una verdadera encrucijada. El tema central de la negociación está puesto sobre la mesa. Los indígenas quieren un proceso de concertación con el Estado y por eso han reclamado desde el comienzo una mesa de negociación. Reivindican su derecho a ser comunidades pacíficas y a que los actores armados respeten su autonomía y los actores armados y el Gobierno que rechazan esta exigencia de las comunidades.

 

Es importante que se anuncie el establecimiento de una mesa de negociación y que en el proceso estén interviniendo organismos como las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo. Esperemos que en la negociación se llegue a un acuerdo favorable a los intereses pacíficos de los indígenas.

 

Edición N° 00313 – Semana del 27 de Julio al 2 de Agosto de 2012

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0313/articulo02.html