El 10 de agosto de 2012 fuimos testigos de la fortaleza de un proceso histórico que muchos niegan y que pocos reconocen precisamente porque no reconocen nuestro mestizaje con ellos por seguir rindiéndole pleitesía a la clase poderosa y parásita, cuando en realidad esa marcha debería devolvernos el orgullo de nuestra identidad y el anhelo de una soberanía política nacional.
Pero el accionar de la fuerza pública en el departamento del Cauca – que han tratado de convertir en gran trinchera caucana- se ha convertido en una cacería de brujas, donde la población civil es objeto de sospecha, señalamientos y persecuciones. El “enemigo” no tiene una definición clara, es, por el contrario, amorfo, una categoría abstracta dentro de la cual puede estar incluido cualquiera de nosotros y por tanto todos somos sospechosos. Así pues, la orden ha sido tirar a matar sin previa corroboración de la identidad de quien se ataca, por lo que en el campo de batalla las ametralladoras, los fusiles, las granadas no discriminan la ubicación de su enemigo, porque este se volvió el objetivo que justifica los medios. Sin embargo, no se trata de una guerra a ciegas, es la estrategia criminal de una “policía política” que encuentra en el inventario de bajas en combate la legitimidad a una fluctuante política de seguridad nacional. Fabián Güetio de 22 años el 18 de julio, Aldemar Pinto el 6 de agosto, Lizandro Tenorio Trochez, líder espiritual el 12 de agosto, Sebastián Ul Secue de 5 años el 16 de agosto, Daniel Valenzuela Mosquera el 14 de agosto, Efraín Silva Jilcue de 15 años el 21 de agosto, Walter Tombé Maecha y Jhonny Alexander Zuleta Noscué ambos de 17 años el 21 de agosto a manos de las FARC, y hoy una niña de 11 años herida en medio de los combates, son las víctimas sistemáticas que ratifican la teatralidad hipócrita del Estado colombiano en el tratamiento desdeñoso que le ha dado a la agudización de la crisis en la región frente a la exigencia genuina de respeto a la vida y al territorio que los pueblos nativos han hecho a TODOS LOS ACTORES ARMADOS. La jurisdicción especial indígena no es un proyecto separatista, es un derecho que por ley se les otorgó a estos grupos étnicos que constituyen la diversidad cultural de nuestro país. La Guardia Indígena encarna ese derecho en el ejercicio de velar por la dignidad y la vida de la población civil que reside en sus territorios, los cuales han sido utilizados como escudos y trincheras para los continuos combates entre izquierda y derecha. Y esa es la razón por la cual el aumento del pie de fuerza pública y militar tanto en las cabeceras municipales como en las zonas rurales no ha significado garantía alguna de seguridad efectiva para la población civil.
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No obstante y poco a poco, el trabajo investigativo de este proceso histórico que muchos niegan y que pocos reconocen ha logrado desmontar los “falsos positivos” de la locomotora mediática en Colombia. Resultado de ello son las voces de apoyo de organizaciones, medios, artistas nacionales e internacionales, que se siguen sumando a la lucha indígena en el Cauca, lo cual además ha generado que varios de esos medios hayan ampliado –mas no rectificado- sus aseveraciones.
Por Julie Manuela Mena
24 de agosto de 2012
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