Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Naciones Unidas puso el ojo sobre uno de los conflictos más longevos y delicados en Chile, que ha expuesto al país a fuertes denuncias por parte de organismos defensores de los derechos humanos: la aplicación de la Ley del Terrorismo a miembros de la comunidad mapuche acusados por hechos de violencia.

 

 

Según el Relator Especial de Derechos Humanos y Contraterrorismo de la ONU, Ben Emmerson, el Estado chileno discrimina repetidamente a los mapuches al aplicarles la legislación antiterrorista “de una manera confusa y arbitraria que termina generando una verdadera injusticia”.

 

Esta ha sido una de las críticas de más alto nivel que ha recibido el gobierno chileno por su manejo del conflicto de tierras en el sur del país -donde se concentra la comunidad mapuche-, que desde hace siglos ha sido escenario de fuertes disputas entre originarios y propietarios de tierras o fuerzas de seguridad.

 

“La situación en (las provincias de) la Araucanía y Bío Bío es extremadamente volátil”, afirma Emmerson.

“Ante la ausencia de rápida y efectiva acción a nivel nacional, esta situación podría escalar aceleradamente a un estado de desorden y violencia”, agregó.

 

Sobre todo -advirtió- porque la policía chilena “sistemáticamente apela al uso excesivo de la fuerza”. En la última década, tres manifestantes mapuches fueron abatidos a tiros por la policía en distintos incidentes.

 

Disputas

 

En años recientes, algunos miembros de la comunidad mapuche del sur del país –que representa a un 9% de la población chilena- se han visto envueltos en actos de violencia como parte de una campaña para recuperar tierras cedidas por el Estado en el siglo XIX.

 

Los mapuches, desde antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, habitaban estas regiones del sur de Chile.

Conocidos por su ferocidad, los mapuches lograron resistir con éxito la conquista española. Pero hace unos dos siglos fueron doblegados y divididos en pequeñas comunidades, mientras que sus tierras fueron vendidas a terratenientes y empresas forestales: desde entonces pujan por recuperar lo perdido.

 

Sus recientes formas de protesta han incluido marchas de calle, la ocupación de edificios gubernamentales, cortes de ruta, ocupación de tierras en disputa y –quizás el método más criticado- ataques con incendios provocados.

 

Uno de estos incendios provocados –por parte de un grupo no identificado- ocurrió en enero de este año en una vivienda particular, en el sur del país. Los dueños, una pareja de la tercera edad conocida por su mala relación con los vecinos mapuches, murieron en las llamas.

 

La respuesta de las autoridades ha sido aplicarles a los involucrados la Ley Antiterrorismo que impulsó en 1984 el exgobernante militar del país, Augusto Pinochet, cuyo objetivo inicial era eliminar cualquier oposición a su régimen.

 

Recomendaciones

 

Pero, para la ONU (y muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos), la norma es una de las más rigurosas en el sistema penal.

 

Principalmente porque duplica los términos de cualquier sentencia y permite que se sostengan condenas sobre la base de testimonios de testigos anónimos.

 

Por eso, Emmerson, tras dos semanas de visita en Chile por invitación del gobierno de Sebastián Piñera, emitió un documento con recomendaciones al Estado:

 

Que se adopte una estrategia nacional para manejar el conflicto mapuche “con un objetivo definido y de corto plazo”. Pero esto, advierte el relator, “requerirá de un viraje importante en la voluntad política”.

 

Que se dé fin al uso de la Ley Antiterrorismo en casos que involucren disputas de tierras mapuches y que, sobre todo, se revisen las condenas de aquellos ya sentenciados por testimonios anónimos.

 

Que se establezca un nuevo organismo que investigue las denuncias de excesivo uso de la fuerza policial contra miembros de la comunidad mapuche. Según Emmerson, el actual ente encargado de esto “ha fallado en su tarea de garantizar el cumplimiento de la ley” para atender estas denuncias.

 

El gobierno chileno aún no ha respondido a las recomendaciones del relator de la ONU.

 

Pero la situación mapuche en Chile continúa siendo delicada, y la controvertida Ley Antiterrorista ha llevado a huelgas de hambre por parte de miembros de la comunidad mapuche.

 

Y aunque el gobierno de Piñera anunció reformas a dicha legislación en 2010, para la mayoría de la nación mapuche (o Mapudungun, en su idioma nativo), estos cambios no han sido suficientes.