Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Con este Golpe de Estado, Colombia queda, de facto, en manos de la derecha fascista que siempre ha inclinado en su favor y se ha servido de la institucionalidad. Un golpe que amenaza al continente. La ciudadanía en Bogotá y en Colombia, sin importar que apoyen o no las políticas del Alcalde Petro, ha entendido lo anterior y expresado su respaldo al Alcalde. 

Lo urgente, en estos momentos, es exigir que se reconozca el hecho fundamental, el Golpe de Estado institucional de la derecha y a su perpetrador, el Procurador General de la Nación y ante este hecho de gravedad suprema, se proceda a la destitución, encarcelamiento y juicio de quien cometió esta acción criminal y de traición al país.

 

Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación, ficha de la ultra derecha uribista, extra limitando una vez más sus funciones disciplinarias, destituyó ayer al alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro. La acción es esencialmente la misma utilizada contra los presidentes Zelaya de Honduras y Lugo de Paraguay. Ordóñez ya venía excediendo sus funciones desde hace mucho tiempo. Es un tenaz opositor y enemigo abierto del proceso de paz y de los diálogos de La Habana. Ha actuado en contra de decisiones legislativas del Congreso de la República como la legalización con restricciones severas del aborto terapéutico. Ordóñez ha tomado el cargo de la Procuraduría como un bastión para ejercer desde sus creencias religiosas como parte de una secta particularmente rígida e intolerante del cristianismo. Pero no es una rueda suelta. Su relación con el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez no es ningún secreto. El hecho indiscutible es que la Procuraduría bajo Ordóñez se ha convertido en una maquinaria inquisidora y de terror. Siembra terror y paraliza. El Procurador es una sombra amenazante a cuyas políticas y posiciones oscuras e intolerantes hay que someterse anticipadamente. La reacción inmediata del Presidente de la República y del establecimiento institucional ha debido ser la de su inmediata destitución y sanción por violar los principios esenciales de la democracia y ejecutar un golpe de Estado contra el segundo cargo más importante de la nación. Contrario a esto, Santos ha respaldado al Procurador golpista y los medios comerciales, además de apoyar el golpe institucional, enfocan la discusión y las noticias sobre si Petro ha sido buen o mal alcalde o los trámites y procedimientos que deben seguir. 

 

De manera contundente debe señalarse que no hay ningún espacio para debatir en este momento el Gobierno Petro ni sus aciertos o equivocaciones. Ante un golpe de Estado, todo el debate y las acciones deben enfocarse hacia el acto institucional ilegítimo del Procurador y las consecuencias que este deben generar en derecho. La única salida viable y legítima para esta situación es la destitución al golpista, la limitación de funciones de la Procuraduría y la protección de ese mínimo de legitimidad institucional que queda en Colombia. De continuar las cosas como van, se legitimará el golpe de Estado, el Procurador (y cualquier otra instancia en adelante) podrán hacer política pública por encima de funcionarios electos o con mandatos y obligaciones específicas y destituir a quienes quieran según conveniencias e intereses particulares. Es importante señalar además que esta no es únicamente una extra limitación y abuso de funciones contra cualquier funcionario desde cualquier Procurador. Este es un golpe de la derecha institucional y por ello está siendo legitimado. Si de actuar de manera improvisada, por corrupción, por errar políticamente, por poner en riesgo a la población y ciudadanía con decisiones de Estado, por violar derechos, actuar desde lo público para satisfacer intereses personales se tratara, sería difícil encontrar algún Presidente en Colombia que no cumpliera con creces con estos criterios para ser destituido y juzgado. Ahora mismo, ejerce como Ministro de Agricultura de Colombia un individuo al que se le han demostrado de manera pública y reiterada, aún en el Congreso de la República, faltas e inhabilidades tan claras y graves que no solo debe ser destituido, sino que el propio Presidente Santos debería responder ante las instancias disciplinarias como la Procuraduría, por nombrarlo, defenderlo y mantenerlo en su cargo teniendo pleno conocimiento de estas faltas e impedimentos. 

 

La destitución del Alcalde de Bogotá por el Procurador se da en una coyuntura específica y obedece a intereses particulares. De una parte, el proceso electoral para elecciones presidenciales y de congresistas está en curso. De otra, el proceso de diálogos entre las FARC y el Gobierno avanza. La alcaldía de Bogotá es un botín político-electoral. Se trata de un golpe a cualquier forma de oposición político-electoral al establecimiento. Un montaje para ahuyentar al electorado de respaldar una opción diferente al establecimiento de derecha representado por Santos-Uribe. De otra parte, la intención es consolidar el poder del Procurador en su afán de controlar las políticas de Estado y permitirle pasar de fiscal del proceso de paz a actor directo contra el mismo desde su cargo obstaculizando los acuerdos y los mecanismos para refrendarlos. Con este Golpe de Estado, Colombia queda, de facto, en manos de la derecha fascista que siempre ha inclinado en su favor y se ha servido de la institucionalidad. Un golpe que amenaza al continente.

 

La ciudadanía en Bogotá y en Colombia, sin importar que apoyen o no las políticas del Alcalde Petro, ha entendido lo anterior y expresado su respaldo al Alcalde. Lo urgente, en estos momentos, es exigir que se reconozca el hecho fundamental, el Golpe de Estado institucional y a su perpetrador y ante este hecho de gravedad suprema, se proceda a la destitución, encarcelamiento y juicio de quien cometió esta acción criminal y de traición al país. 

 

Paradójicamente, el hoy Alcalde Petro, en su momento, desde el Congreso de la República brindó el apoyo que requería Ordóñez para ser electo y re-electo Procurador cuando el país y su propio partido se oponían a esto. En manos del propio Petro estuvo el voto decisivo con el que Ordóñez llegó al poder desde el que hoy ejerce como golpista e inquisidor. En su momento, los cálculos oportunistas de Petro primaron sobre la defensa del derecho y de la democracia. Petro estaba en su derecho de respaldar al Procurador que quisiera. La historia le demuestra que se equivocó. Pero ni esa decisión justificaba que fuera destituido como congresista, ni su quehacer y una política particular frente al manejo de las basuras da lugar a la destitución. El pretexto para el golpe de Estado es insostenible. 

 

Autor: Pueblos en Camino

 

Finalmente, anexamos el articulo publicado hoy por La Silla Vacía en el que demuestran que a Gustavo Petro se le aplica una sanción igual o peor de la que se le ha aplicado a corruptos y criminales vinculados con graves violaciones de derechos humanos, incluyendo persecución y seguimiento ilegal a opositores. Gustavo Petro defendió como nadie a las víctimas de crímenes de Estado y su trabajo investigativo como congresista fue fundamental para exponer estos delitos del establecimiento. Hoy, el Procurador Ordóñez, lo pone en el mismo lugar de estos delincuentes a quien el valientemente investigó y denunció. Petro, no es un delincuente, pero Uribe y sus secuaces, que si lo son, lo señalan como tal. Es el odio de criminales en el poder el que da el golpe y determina las sanciones. En seguida la información y datos de La Silla. 

 

Así ha sido la vara del procurador