Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Nuevos ataques de la Policía, Defensoría y paramilitares contra Comunidad de paz

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz eleva un clamor de urgencia ante el país y el mundo por nuevos hechos de agresión que nos afectan:

Lo acontecido el 18 de noviembre de 2013 cerca a nuestro asentamiento de Arenas Altas no deja de producirnos profundos interrogantes e inquietudes. En primer lugar, la desaparición de siete personas a manos de una estructura paramilitar que había tenido una prolongada presencia en el lugar, llevó a descubrir también que las FARC había reclutado de manera escandalosamente irresponsable a cinco menores de edad a quienes les había entregado armas que ellos no sabían manejar.

Sólo uno de esos menores había vivido hasta pocos días antes en uno de los asentamientos de nuestra Comunidad de Paz, y voluntariamente decidió retirarse de nuestra Comunidad; los demás pertenecían a familias que no han hecho parte de la Comunidad.

El 18 de noviembre de 2013 esos cinco menores y además un adulto y otro menor que nada tenían que ver en el conflicto fueron privados de su libertad por los paramilitares y trasladados inmediatamente a uno de sus campamentos permanentes que, al parecer, fue el de Pueblo Galleta, en cercanías de Nuevo Antioquia. Los disparos y explosiones escuchados por algunas de las familias en la vereda, hicieron creer que su asesinato era inminente o ya se habría perpetrado contra civiles, lo que hizo que se activaran las alarmas acudiendo a nuestra Comunidad de Paz.

Nuestra Comunidad de Paz organizó rápidamente una peregrinación a la vereda de Arenas Altas con cerca de 50 personas pero no pudieron hallar a los victimarios. Al día siguiente varias familias de los menores fueron contactadas por instituciones del Estado para que se dirigieran hacia Turbo donde supuestamente los paramilitares iban a entregar a los menores.

Ya en Turbo, los familiares de los menores y algunos representantes de instituciones del Estado: Defensoría del Pueblo, Procuraduría Regional, Personería municipal y Bienestar Familiar se embarcaron en una buseta hasta el corregimiento de Currulao. Allí los esperaban unas lujosas camionetas escoltadas por hombres en motocicletas, todo al parecer perteneciente y coordinado por la estructura paramilitar.

En un paraje cercano a Nuevo Antioquia les ofrecieron caballos y motos para continuar por un camino de aproximadamente una hora hasta Pueblo Galleta donde los menores fueron entregados a las instituciones y familiares, pero los paramilitares acompañaron al grupo hasta el paraje de la carretera donde esperaban nuevamente las lujosas camionetas que los condujeron hasta Currulao donde de nuevo el grupo abordó una buseta hasta Turbo.

Allí los menores y sus familiares, acompañados por instituciones del Estado fueron conducidos hasta el Bienestar Familiar en Apartadó donde la Policía vigila por unos momentos al grupo, pero rápidamente la Policía desaparece y le deja el campo libre nuevamente a los paramilitares para que entren a amenazar a los menores y a sus familias; esto activa nuevamente las alarmas y el grupo regresa a Turbo y luego tiene que ser trasladado de urgencia a Medellín para su protección.

Todo este relato, corroborado con testigos, muestra a las claras que diversas instituciones del Estado entraron en contacto con los paramilitares y se dejaron escoltar por los mismos delincuentes hasta el lugar de reclusión de los menores sin que se produjera ninguna captura de miembros del grupo criminal. Tampoco se percibió persecución alguna a dicho grupo, no obstante haber asistido a su campamento que es de vieja data y que de ninguna manera era ignorado por las instituciones.

El accionar paramilitar en actividades que corresponden a la Fuerza Pública confirma una vez más su accionar conjunto así como la persistencia de esas estructuras con carácter contrainsurgente, algo que el Estado se ha empecinado en negar, engañando al país y a la comunidad internacional.

El sábado 21 de diciembre de 2013; hacia las 10:00 horas, mientras miembros de nuestra Comunidad se encontraban conmemorando el aniversario de un familiar en el cementerio de San José, fueron fotografiados y filmados ilegalmente por miembros de la Policía desde el búnker de dicha institución ubicado al frente del cementerio. Al ser conminados a mostrar las filmaciones, negaron rotundamente que las hubieran hecho. Se les recordó entonces que en muchas otras ocasiones han cometido el mismo delito y que lo han negado a pesar de haberlo hecho ante numerosos testigos. Se dejó constancia de que estaban actuando en violación de la ley.

El domingo 22 de diciembre de 2013, varios desmovilizados de las FARC se reunieron en un barrio de Medellín donde acordaron un plan para cometer una masacre en la zona de San José de Apartadó pues, según ellos, tienen todo acordado con los militares y paramilitares para perpetrar el crimen contra varios civiles del Corregimiento.

El lunes 23 de diciembre de 2013, se registró un tiroteo en el sitio la Antena, contiguo al casco urbano de San José.

El martes 24 de diciembre de 2013, tres funcionarios de la Defensoría del Pueblo irrumpieron en nuestro asentamiento de San Josecito perteneciente a la Comunidad de Paz, aprovechando que la casi totalidad de los miembros de nuestra Comunidad se encontraba en asamblea interna en otro espacio de la Comunidad.

Los funcionarios de la Defensoría tomaron fotos de nuestros espacios y además hicieron registros fotográficos de algunos miembros de la Comunidad que se encontraban allí, argumentando que, debido a que el presidente Santos recientemente había pedido perdón a la Comunidad de Paz, se consideraba que todo lo que impedía la interlocución con instituciones del Estado quedaba superado y así la Defensoría podía permitirse pasear por nuestros espacios privados sin autorización alguna.

Frente a esto es necesario aclarar que de las condiciones puestas por nuestra Comunidad en 2005 para reanudar nuestra interlocución con el Estado, hasta ahora sólo se ha cumplido una y a medias, pues el Presidente no presentó ningún plan para impedir la repetición de las agresiones, como se lo exigió la Corte Constitucional. Pero además, la ruptura con la Defensoría del Pueblo obedece a otras causas, como son el incumplimiento de sus obligaciones de defensa de una manera reiterativa frente a nuestra Comunidad de Paz y la selección de funcionarios absolutamente insensibles frente a las agresiones que el Estado ha perpetrado contra nosotros.

Esperamos que antes de concluir este doloroso año 2013 no tengamos que emitir una nueva constancia ante el país y el mundo.

Nuevamente agradecemos la gran solidaridad con la que grupos de muchos países del mundo y de nuestro mismo país nos han rodeado siempre y les manifestamos nuestros deseos de un venturoso año 2014.

Por: Comunidad de Paz de San José de Apartadó

publicado por Tejido de Comunicación -ACIN

Disiembre 30 de 2013