Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Antes de entrar en materia, queremos expresar a todos los organismos internacionales de tutela de los Derechos Humanos nuestra disposición y compromiso, en este nuevo año, para continuar trabajando con la esperanza de que el  Gobierno colombiano asuma el compromiso político de acabar con las sistematicidad de violaciones a los derechos humanos que continuamente denuncian las comunidades indígenas, campesinas y de afro descendientes en este país.

 

Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace Colombiane

Colombia Vive! Onlus

 

Corte Penal Internacional

Fatou Bensouda , Prosecutor

Exp. OTP-CR. 266/07

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

José de Jesús Orozco Henríquez, presidente

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Diego García Sayán, Presidente

Caso 12325

 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(OACNUDH)

Hanna Bertelman, Human Rights Officer

Claudia Gerez Czitrom, Human Rights Officer

Victoria Kuhn, Human Rights Officer

 

Oficina del Alto Commisionado de Naciones Unidas

 para los Derechos Humanos en Colombia

Todd Howland, Representante en Colombia

Juan Carlos Monge, Representante adjunto

Ursula Urdillo, Oficial  derechos humanos Dpto. de Antioquia

 

Narni, enero 20 de 2014

 

Asunto: Inicio del 2014 con denuncias de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en Colombia.

 

Antes de entrar en materia, queremos expresar a todos los organismos internacionales de tutela de los Derechos Humanos nuestra disposición y compromiso, en este nuevo año, para continuar trabajando con la esperanza de que el  Gobierno colombiano asuma el compromiso político de acabar con las sistematicidad de violaciones a los derechos humanos que continuamente denuncian las comunidades indígenas, campesinas y de afro descendientes en este país.

 

Seguimos insistiendo en que el Estado colombiano es el  responsable, en primer lugar,  de la protección de los derechos humanos, teniendo en cuenta los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios Internacionales que sobre la materia ha ratificado el país.

 

A continuación, entraremos a detallar las denuncias que nos han llegado de las comunidades que acompañamos para que, a través de ustedes, se pueda persuadir al Presidente Santos y a su equipo de gobierno de que es un deber jurídico, por los cargos que desempeñan, el prevenir las violaciones y tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político para que crímenes como los que a  continuación describiremos no  se sigan perpetrando.

 

Comunidad de Paz San José Apartadó

 

Como lo hemos expresado al Presidente Santos en carta que enviamos también con copia a los Organismos Internacionales, esperamos que el acto de retractación realizado por este mandatario el pasado 10 de diciembre trascienda la obligatoriedad impuesta por las órdenes del auto 164/12 de la Corte Constitucional, de manera que marque un hito para que en Colombia los servidores públicos realmente tengan la voluntad política y la convicción de que el respeto de los derechos humanos es la base de cualquier estado que quiera ser reconocido como democrático.

 

A pesar de nuestra ilusión por la solicitud de perdón expresada por el Presidente en diciembre pasado, nos encontramos que, pocos días después, la Comunidad de Paz continúa siendo víctima de acciones provenientes de miembros de la Fuerza Pública y hasta, contradictoriamente, de funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Remitimos aquí, tal cual hemos recibido la constancia histórica de dichas agresiones:

 

El sábado 21 de diciembre de 2013; hacia las 10:00 horas mientras miembros de la Comunidad se encontraban conmemorando el aniversario de un familiar en el cementerio de San José, fueron fotografiados y filmados  ilegalmente por miembros de la Policía desde el bunker de dicha institución ubicado al frente del cementerio. Al ser conminados a mostrar las filmaciones, negaron rotundamente que las hubieran hecho. Se les recordó entonces que en muchas otras ocasiones han cometido el mismo delito y que lo han negado a pesar de haberlo hecho ante numerosos testigos. Se dejó constancia de que estaban actuando en violación de la ley.

 

El martes 31 de diciembre de 2014, hacia las 11:00 horas, funcionarios de la Defensoría del Pueblo ingresaron sin autorización al asentamiento privado de San Josesito, haciendo caso omiso de las vallas que marcan el carácter privado del espacio y aduciendo que estaban allí porque creían que luego de la petición de perdón proferida por el Presidente Santos a la Comunidad de Paz, ya no existiría limitación o restricción alguna en la interlocución entre Comunidad e instituciones, desconociendo a la vez la privacidad de nuestros espacios de refugio y protección, frente a instituciones que sólo han sabido agredir, desconocer derechos e incumplir sus propias obligaciones legales.

 

Vale anotar que el 24 de diciembre, igualmente, tres miembros de la Defensoría del Pueblo irrumpieron sobre el lugar de vida y trabajo en  San Josesito y tomaron fotos de los espacios, además de registros fotográficos de algunos miembros de la Comunidad aduciendo la misma justificación del acta de perdón del presidente.

 

Entre el sábado 5 y el domingo 6 de enero de 2014 se escucharon detonaciones de artefactos explosivos en las veredas Mulatos y La Resbalosa. Se teme que haya habido  heridos o muertos como consecuencia de las explosiones.

 

El martes 7 de enero de 2014, hacia las 18:30 horas, se presentó un fuerte combate en el lugar La Antena, del corregimiento de San José, causando mucho temor en la población civil de la región.

 

El miércoles 8 de enero de 2014, hacia las 14:15 horas, en el lugar conocido como Tierra Amarilla, sobre la vía que comunica a Apartadó con San José de Apartadó, tres paramilitares vestidos de civiles y portando armas cortas, detuvieron el carro de servicio público que transitaba en ese momento con dirección a San José y preguntaron por GERMÁN GRACIANO POSSO, Representante Legal de la Comunidad de Paz, quien a última hora decidió no tomar el vehículo de turno en la terminal de transporte de Apartadó y que lo conduciría a San José.  Ese mismo día, en horas de la mañana, la Policía instaló un retén a escasos minutos del lugar. Al no encontrar a GERMÁN entre los pasajeros, conminaron a éstos a no hablar en absoluto sobre lo ocurrido si querían conservar sus vidas. Todo muestra que su propósito era desaparecer o asesinar al Representante Legal, cumpliendo así con numerosas amenazas proferidas en ese sentido. El lugar donde esperaron a GERMÁN es un lugar donde la presencia del paramilitarismo a lo largo de las últimas décadas ha sido intensa y donde sus retenes han llevado a la muerte o desaparición forzada de numerosos integrantes de la Comunidad de Paz.

 

Invocando el derecho al respeto de la Dignidad, de la Vida, de la propiedad privada y de la intimidad pero, sobre todo, reconociendo dichas acciones como agresiones cuya fuente es el abuso de poder, solicitamos a los Organismos Internacionales que persuadan al Estado colombiano  para que respete los límites que suponen los derechos humanos en la acción de gobierno.

 

Asesinado GILBERTO DAZA VEGA (CAUCA).

 

El sábado 28 de diciembre en la ciudad de Popayán falleció el concejal GILBERTO DAZA, luego de un atentado contra su vida en el casco urbano de Sucre (Cauca). El asesinato se produjo a menos de 100 metros de la estación de policía y en medio también de la presencia de efectivos de la brigada 29 de alta montaña.

 

Pasadas las siete de las noche fue atacado por un hombre armado que ingresó a su vivienda y le disparó en dos ocasiones sobre su cabeza. El hecho ocurrió mientras se encontraba junto con su esposa y tres hijos, dos de ellos niños. La familia de GILBERTO está en total desamparo con una profunda afección psicológica y económica.

 

GILBERTO desde el concejo municipal se caracterizó por realizar un ejercicio político muy vinculado con las organizaciones comunitarias en defensa del derecho al agua, los acueductos comunitarios, en las demandas de respeto al ambiente y ecosistemas frente a explotaciones mineras. Desde el concejo de Sucre se opuso a la privatización del agua como derecho humano y promovió la no privatización del acueducto.
Semanas antes de su asesinato, recibió amenazas a través de mensajes de texto. A él y al grupo Bienandantes que promueve el bien público y la defensa del agua, entre otros derechos, los habían señalado infundadamente como colaboradores de la guerrilla.


 

Acudimos a los Organismos Internacionales, para que de conformidad con todos los tratados ratificados por el Estado colombiano en materia de Derechos Humanos, se le solicite al Gobierno de Colombia explicar las medidas adoptadas por el Estado para la protección de GILBERTO, una vez se supo de las amenazas proferidas contra su vida y los señalamientos que sectores interesados en el negocio del agua y de la  minería realizaron contra él, catalongándolo como un sujeto vinculado con la guerrilla.  Igualmente,  que se pida explicación sobre  las medidas de atención humanitaria adoptadas por el Estado para garantizar el bienestar de su familia.  Con respecto a sus compañeros de trabajo y promotores de la gestión del Acueducto Comunitario, se informe sobre las medidas de protección adoptadas.  Así mismo, se promueva ante las autoridades colombianas la investigación penal de este crímen para que sean juzgados debidamente los responsables tanto materiales como intelectuales.

 

Amenazas contra  líderes de restitución de tierras en La Larga, Curvaradó y

contra  MARCO VELÁSQUEZ, integrante de CAVIDA (Cacarica).

 

Dos sujetos uno de ellos llamado Darío Correa, alias “El Monje”, amenazaron a MARIO CASTAÑO el pasado 24 de diciembre en el caserío La Madre del territorio colectivo de La Larga.

 

MARIO fue despojado de sus tierras luego de operaciones paramilitares en 1996 y sus predios han sido ocupados de mala fe por empresarios ganaderos. MARIO y otras seis familias más decidieron regresar a su territorio colectivo ante la ausencia de respuesta eficaz del gobierno para dar respuesta a sus demandas de restitución. Los ocupantes de mala fe desde el pasado 30 de diciembre han arreciado contra los bienes de supervivencia de Mario y su familia.

 

La otra amenaza se produjo contra EMILIO CABEZAS, líder comunitario de Apartadocito, territorio colectivo de Curvaradó. Un hombre mayor que se identificó como paramilitar proveniente del Magdalena medio, lo acusó de ser el financista de la guerrilla. Al mismo hombre que se identificó como paramilitar se le ha visto en conversaciones con el empresario ocupante de mala fe, Darío Montoya.

 

Integrantes de los consejos comunitarios de Curvaradó, Pedeguita y Mansilla, y La Larga, continúan viviendo sin garantías concretas para la restitución en derecho, a pesar de la existencia de una ley de restitución y de mecanismos anteriores. Esto evidencia la falta de acciones concretas y reales por parte del Gobierno  para propiciar la devolución de tierras robadas a través del accionar paramilitar en complicidad o connivencia con fuerzas del Ejército Nacional.

 

No obstante, la Corte Constitucional haya dictaminado Autos vinculantes para  el cese de operaciones empresariales de mala fe, en Curvaradó continúan desarrollándose con el uso de la violencia y el control social de paramilitares que operan en medio de la presencia de la fuerza pública. En efecto, en el Territorio Colectivo del Curvaradó, Comunidad de Llano Rico, se instaló una base militar en predios ocupados ilegalmente por el empresario Darío Montoya a quien en fallo de tutela del Tribunal Superior de Quibdó ordenaron el desalojo, tal como lo ha retomado la Corte Constitucional en los diversos Autos de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 relacionados con las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó.

 

El domingo 5 de enero, en el municipio de Turbo dos hombres se le acercaron a MARCOS VELÁSQUEZ, expresándole  que debía cuidarse de los paramilitares. Desde varias semanas, MARCOS VELÁSQUEZ está en alto riesgo porque la Unidad Nacional de Protección ha incumplido en suministrarle  las medidas de reubicación acordadas con él. No es la primera vez que éste afrodescendiente es víctima de agresiones, recordamos que el  24 de enero se cumplirá un año desde que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz le escribió una carta al Presidente Juan Manuel Santos y a su equipo de gobierno, denunciando las Afecciones a la vida e integridad de Marcos Velázquez, tratos crueles y degradantes a miembros de CAVIDA, violación al Derecho Humanitario por parte de unidades militares del batallón de Selva Nº 54, adscritos a la brigada 17.[1]  De igual manera,  en nuestra acción urgente  del 15 de mayo dirigida a los Organismos Internacionales denunciamos las agresiones sufridas por el mismo MARCOS VELÁSQUEZ el 3 de mayo del 2013 en  Turbo (Antioquia).  Esto lo recordamos con el fin de que ustedes, organismos internacionales de tutela de los derechos humanos, comprueben la sistematicidad de las violaciones contra los miembros de CAVIDA. 

 

 Amenazas  a  DANILO RUEDA, defensor de los DDHH y miembro de Comisión de Justicia y Paz.

 

En la ciudad de Neiva, el 16 de enero, se encontró en un buzón de correo postal de la familia de DANILO RUEDA un mensaje de advertencia que devela seguimientos y planes de atentado contra él.  Igualmente, según indicaron los familiares del defensor derechos humanos, se constató el movimiento recurrente de una camioneta en el lugar en donde fue dejada la advertencia. Durante su viaje a Neiva,  la Unidad Nacional de Protección no dio respuesta para facilitar la presencia del esquema de protección del defensor de derechos humanos en esa ciudad.

 

DANILO RUEDA es uno de los representantes de las víctimas a nombre de la Comisión de Justicia y Paz en el caso sobre la Operación Génesis, recientemente fallado por la Corte Interamericana contra el Estado colombiano, entre otros procesos de litigio internacional.

 

En la acción urgente enviada por la RETE ITALIANA el 16 de abril del 2013,  también denunciamos otras agresiones contra DANILO RUEDA y otros compañeros suyos, tales como interceptación de comunicaciones telefónicas y correos electrónicos y, montajes judiciales. Asimismo evidenciamos que también a Danilo Rueda le sustrajeron partes del expediente del  proceso sobre la Operación Génesis y de versiones de los paramilitares extraditados, aportadas a una Comisión del Senado del República en 2008.  Este nuevo incidente refleja la ausencia de garantías concretas y eficaces para la defensa de los derechos humanos, la promoción de los derechos de las víctimas y las búsquedas paz por parte del Gobierno colombiano, e igualmente, demuestra la repetición de agresiones y acciones denunciadas en otras ocasiones.

 

Hubiésemos querido comenzar este 2014 sin tener que afrontar las noticias que nos siguen llegando de Colombia. Confiamos que  los Organismos Internacionales de protección y defensa de los derechos humanos realicen las acciones permitidas por el Derecho Internacional a favor de la no sistematicidad y no repetición de violaciones a la dignidad humana en Colombia y, con respecto a los delitos denunciados, promuevan ante las autoridades colombianas el interés por investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables.

 

Agradecemos su amable atención,

 

Andrea Proietti

Presidente Rete Colombia Vive!

 

Con copia a:

Presidencia de la República de Colombia

Vicepresidencia de la República de Colombia

Ministro de la Defensa

Ministro del Interior

Ministro de Justicia y del derecho

Fiscal General de la Nación

Defensoría del Pueblo

Departamento de Policia Urabá

Comando de la Brigada XVII

Embajada de Italia en Colombia

Embajada de Colombia en Italia

 

[1] Ver en: http://justiciaypazcolombia.com/Bogota-D-C-24-de-enero-de-2013

 

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Rete Italiana di Solidarietà, Colombia Vive! Onlus  

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