Memoria Y Camino del Tejido de Comunicación

Nuestra tierra utilizada como campo de batalla

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo de nuevos hechos que desconocen nuestra dignidad y nuestros derechos elementales y continúan revelando los perfiles de un Estado que utiliza medios absolutamente ilegítimos y perversos para expresar la injusticia y la violencia que lo estructuran.

El lunes 20 de enero de 2014, hacia las 10:03 horas, un sujeto que se identificó con el nombre de “Alberto”, llamó desde el celular 3164201221 a un poblador de la vereda La Unión, donde existe un asentamiento de nuestra Comunidad de Paz, para pedirle que suministrara información sobre los movimientos de los líderes de la Comunidad, advirtiéndole que había recompensas monetarias atractivas para pagar esa información, invitándolo al tiempo a trabajar como informante que a la vez le hiciera seguimiento a los movimientos de la guerrilla en la región.

El sábado 25 de enero de 2014, miembros del Ejército Nacional quienes ya desde unos días antes habían acampado abusivamente en predios privados de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Mulatos, se robaron los productos de pan-coger de las familias allí asentadas, ademas de pisotear y destruir lo poco que aun quedaba, como verdadera banda de asaltantes y ladrones que en lugar de proteger derechos, como se los señala la Constitución, los violan y someten a infame pillaje a sus víctimas. Hasta ahora jamás el Estado ha respondido por esos hurtos ni reparado jamás a las víctimas y la justicia lo único que ha hecho es registrar esos hechos como “notitia criminis” sin jamás investigar ni sancionar a los responsables. Por su parte el Ministerio de Defensa responde que entregar los nombres de esos ladrones para que sean denunciados “atenta contra la seguridad nacional” y alegan que esa información es “de reserva nacional”, desacatando las sentencias de la Corte Constitucional que obligan al Gobierno a entregar esos nombres (Sentencia 1025/07)

El domingo 26 de enero de 2014, hacia las 14:00 horas, se registró un nuevo hostigamiento contra las bases de la Policía y del Ejército en el centro urbano de San José de Apartadó, bases ubicadas en medio de la población civil contra todas las normas de la Corte Constitucional, poniendo nuevamente en alto riesgo las vidas de los pobladores, quienes por ser domingo se hallaban haciendo el mercado semanal. El Gobierno Nacional continúa desacatando las órdenes de la Corte Constitucional en varias de sus sentencias, normas reforzadas pocos días antes de este combate, cuando el pasado 20 de enero la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado Ramiro Pazos Guerrero, volvió a señalar que es imperativo para el Estado “cumplir con los compromisos asumidos en los instrumentos internacionales”. El Alto Tribunal recordó que la jurisprudencia ha señalado claramente que en zonas en las cuales con frecuencia se vea alterado el orden público, las estaciones de policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña. La mencionada sentencia del Consejo de Estado reconfirmó nuevamente lo preceptuado ya muchas veces por la Corte Constitucional, afirmando: ““En efecto, debido a que en estos casos las personas enfrentan un riesgo real de sufrir amenazas o vulneraciones de sus derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante que lo obliga a ofrecer una protección efectiva a la población civil y a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones de peligro razonablemente previsibles”. En muy numerosas veces nuestra Comunidad le ha exigido al Gobierno Nacional acatar esas normas, pero ni siquiera responde y ningún ente de control del Estado es capaz de urgir el acatamiento. Realmente vivimos bajo una ilegalidad consentida al más alto nivel.

El martes 28 de enero de 2014, varias familias de nuestra Comunidad de Paz fueron nuevamente testigos de la fuerte presencia paramilitar en la vereda Playa Larga de San José de Apartadó. Esta vez iban vestidos con trajes civiles pero llevaban armas largas visibles e insignias con la sigla “AGC” (Autodefensas Gaitanistas de Colombia). La zona de Playa Larga está muy cercana al poblado de Nuevo Antioquia, que ha sido un enorme nido de los paramilitares desde hace casi dos décadas y donde la protección y articulación de la fuerza pública con ellos nunca ha tenido pudor alguno. Como lo comprobó nuestra Comunidad y numerosos acompañantes nacionales e internacionales en la peregrinación del pasado mes de octubre, el Gobierno ha trazado allí una nueva estrategia: retiró la base militar; retiró el gobierno civil (Corregidor); dejó todo en poder de la Policía, la cual afirma que sólo le compete vigilar el casco urbano sin ninguna incidencia en las áreas rurales; dio orden a los paramilitares de no usar distintivos dentro del poblado y así, en los “controles” de la policía ellos son “población civil sin ningún antecedente”, dado que los antecedentes judiciales están registrados en los “alias” y no en los nombres que figuran en los documentos legales. Así los paramilitares han podido continuar allí con un control absoluto del poblado, en convivencia “legal” con la Policía.

El viernes 31 de enero de 2014, hacia las 12:30 horas, se registró un nuevo y fuerte enfrentamiento armado en el centro urbano de San José de Apartadó, el cual duró hasta las 15:00 horas. Los maestros de la escuela tuvieron que suspender sus clases por quedar atrapados en medio de los disparos y explosiones. La presencia de bases de la fuerza pública (Ejército y Policía) en tan pequeño asentamiento, así como la intensa presencia paramilitar que utiliza el caserío para coordinar sus acciones con la fuerza pública, siguen atrayendo al actor armado contrario (la Guerrilla) para enfrentarse allí militarmente, convirtiendo este desangrado territorio en campo de batalla. Nuevamente se advierten las fatales consecuencias del contumaz desacato del Gobierno a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado que le han ordenado sin descanso retirar esas bases de la cercanía de la población civil para que ésta no siga siendo el “escudo” de la fuerza pública, configurando un permanente Crimen de Guerra.

El mismo viernes 31 de enero de 2014, hacia las 15:00 horas, un sujeto que se identificó con el alias de “COFLAS” y como “Jefe Paramilitar” en la región, afirmando que estaba acompañado con otro personaje que es Sargento del Ejército, hizo una llamada desde el celular 3146800209 a un poblador de la vereda La Unión, invitándolo a trabajar con ellos y ofreciéndole buenas recompensas monetarias si suministra información sobre los movimientos de los líderes de la Comunidad de Paz. A pesar de lo que esto significa como grave amenaza contra la vida y demás derechos de los miembros del Consejo de la Comunidad de Paz, sabemos que la “justicia” no hace nada aunque tengan los números telefónicos desde donde actúan los victimarios.

El sábado 1° de febrero de 2014, hacia las 11:10 horas, se registró un nuevo hostigamiento a la base militar de San José con una duración aproximada de 20 minutos. Nuevamente la población civil estuvo en alto riesgo y nuevamente hubo que lamentar la contumaz rebeldía del Gobierno ante su propia Corte Constitucional y su Consejo de Estado, desacatando las normas que podrían proteger la vida de la población civil.

El domingo 2 de febrero de 2014, hacia las 9:00 horas, se escucharon disparos de armas de fuego en dirección a los cultivos de pan-coger de las familias de la Comunidad de Paz del asentamiento La Unión. La ocupación abusiva e ilegal por parte del Ejército, de espacios pertenecientes a la Comunidad de Paz, para acampar allí, ha impedido al mismo tiempo a las familias desarrollar sus labores agrícolas ordinarias de subsistencia y hace presumir que los mismos militares están atacando a bala los cultivos, convirtiendo en campo de batalla el terreno de sustento de la vida.

En los ultimos dias se ha visto la permanente presencia del reconocido paramilitar “APOLINAR GUERRA GEORGE” motorizado y en ocaciones escoltado en los parajes de Caracoli y la Victoria en la carretera que de Apartado conduce a San Jose. Apolinar, ha trabajado conjuntamente con la Brigada XVII del Ejercito Nacional desde hace mucho años, en el 2005, la brigada XVII lo utilizo como un falso testigo para desacretitar y atacar a la Comunidad de Paz, testimonio que ha sido utilizado por el Alto Gobierno contra nuestra Comunidad de Paz, especialmente en el caso de la masacre del 21 de febrero de 2005.  Sin embargo hoy en dias, vive tranquilo protegido por la fuerza publica que lo ha utilizado contra la poblacion civil en la region.

Nuevamente agradecemos la solidaridad de tanta gente en Colombia y en tantos países del mundo, quienes repudian y censuran desde una ética de la vida las prácticas de muerte del criminal Estado colombiano. Por nuestra parte, el amor por la vida no nos dejará ceder ante los sembradores de muerte de este Gobierno.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
http://www.cdpsanjose.org