Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia

 

Narni, Abril 10 de 2014. En primer lugar queremos reconocer la labor de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH en lo referente a su último informe sobre Colombia.

Sus reflexiones corroboran lo que las comunidades que acompañamos denuncian cotidianamente.  La claridad con la que exponen la situación, sobre todo, en lo referente al  papel de las fuerzas de seguridad en relación con la violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y, el poco reconocimiento de los mismos frente a dichas violaciones, seguramente servirá para que las autoridades colombianas y, en general, las personas que hasta el día de hoy desconocen realmente la gravedad de la situación colombiana puedan tomar conciencia de la urgente necesidad de un cambio hacia una cultura política que tenga como premisa el reconocimiento de la verdad, la reparación y la no repetición.

Sin embargo, todos los esfuerzos que se realizan para revertir tal situación parecen inútiles, porque seguimos recibiendo graves denuncias y constancias históricas de las comunidades que acompañamos debido a violaciones que responden al mismo formato, con  los mismos responsables y las mismas dinámicas de las denunciadas sistemáticamente. Las respuestas de las autoridades colombianas, en su mayoría, también siguen siendo las mismas desde hace 12 años: informar sobre la transferencia de nuestras acciones urgentes a otras instancias que posteriormente remiten a otras instancias o bien, el envío de infinidad de radicados de casos que no pasan de la investigación preliminar.

No ha pasado un mes desde que escribimos la última acción urgente y por desgracia, nuevamente, debemos dar cuenta de los siguientes hechos:
 
CASO COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ
 
– El lunes 24 de marzo de 2014; en horas de la mañana se escuchó la detonación de un artefacto junto al casco urbano de San José de Apartado, al parecer un grupo de militares detonaron el artefacto junto a los espacios de recreación y deporte en el casco urbano de San José.
El jueves  26 de marzo de 2014; hacia las 16:00 horas efectivos militares entraron abusivamente a los espacios de la Comunidad en el asentamiento de San Josecito. A pesar de que se les pidió que se retiraran del lugar, amenazaron a los miembros de la Comunidad diciendo que ellos hacían lo que se les da la gana, que en vano ellos no cargaban el arma, que la autoridad son ellos y no una hp comunidad de paz.
El sábado 28 de marzo de 2014; hacia las 14:00 horas un grupo de militares detuvieron a dos miembros de la Comunidad de Paz, al momento que buscaban algunas bestias en los espacios de cultivos de las familias de la Comunidad. Los uniformados amenazaron a los dos integrantes de la comunidad anunciándoles que si daban un paso más hacia delante no respondían por sus vidas. La presencia militar en los espacios de trabajo, no son otra cosa más que una forma de obstaculizar las labores de campo que cotidianamente realizan los campesinos en los cultivos de pan coger y de subsistencia.

En las últimas semanas se ha visto el movimiento de maquinaria y material, el cual tiene como fin la construcción de un megacolegio escolar en el casco urbano de San José, proyecto dirigido desde el mas alto nivel del Gobierno, sin tener en cuenta que dichas instalaciones se vienen realizando justo al pie de la base militar.
En los últimos días la Comunidad de Paz de San José de Apartado, se enteró de las amenazas de los paramilitares a una familia de apellido MOLINA en la vereda Rodoxali vereda del corregimiento de San José a quienes obligaron a venderles una finca propiedad de la familia, bajo el terror y las amenazas los paramilitares compraron dicha finca la cual tiene una extensión de aproximadamente 300 hectáreas, a plena vista de las autoridades civiles y militares en la región quienes no hacen absolutamente nada ante dicha situación.   Dicha propiedad era del campesino Ismael Molina Correa quien perdió la vida el lunes 21 de enero de 2013, al pisar una mina en sitios donde constantemente los paramilitares acampaban.  
 

CASO CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ
 
Jueves 13 de marzo de 2014 en cercanías de la Zona Humanitaria del consejo comunitaria de Pueblo Nuevo, se presentó un contacto armado entre efectivos regulares y la guerrilla de las FARC. El enfrentamiento se prolongó por varios minutos y en el hecho murieron dos militares. En reacción los efectivos regulares al cruzar cerca de la Zona Humanitaria hicieron responsables del hecho a los afrocolombianos que habitan del Consejo Comunitario de Pueblo Nuevo. Nuevamente sin modificar su actitud, militares acusan sin fundamento a los integrantes del Consejo Comunitario de Jiguamiandó de ser cómplices y responsables de ataques de la guerrilla de las FARC. De igual manera, estructuras paramilitares que operan en Belén de Bajirá afirmaron que los como los militares estaban muy flojos, ellos tendrían que apoyarle en Jiguamiandó. En efecto, el domingo 23 de marzo se observaron, según algunos testigos, operaciones oficiales con la presencia de paramilitares.

– Lunes 24 de marzo de 2014 en Belén de Bajirá, hombres que se movilizan en motocicleta, al parecer paramilitares, abordaron a la hija de La lideresa, Liria Rosa García, para preguntar por ésta y por, el líder Raúl Palacios, al negarse a dialogar, los motorizados la intimidaron. Liria y Raúl son integrantes del consejo comunitario de Caracolí, Curvaradó.

Miércoles 26 de marzo de 2014  paramilitares estuvieron hostigando a los habitantes de la Zona Humanitaria del consejo comunitario de Camelias, Curvaradó. Entre los paramilitares estaban alias “perro negro ” y “el perro”. Los armados vestidos de civil se han movilizado desde la última semana en el puerto de Brisas de Curvaradó pese a la presencia permanente de la fuerza pública.
 

CASO ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA – ACIN (CAUCA)
 
– Lunes 3 de marzo de 2014 siendo aproximadamente las 8: 00 am, fue brutalmente asesinado el Comunero, docente y estudiante indígena EPIFANIO LATIN ÑUSCUE en la vereda la Mina territorio indígena del Cabildo La Cilia la Calera municipio de Miranda cuando se desplazaba a su lugar de trabajo ubicado en el Centro Educativo las Dantas vereda Cajones. Según la autoridad tradicional de este territorio, el comunero asesinado había sido víctima de constantes amenazas por miembros de la guerrilla de las Farc que operan en la región. El comunero presentaba señales de golpes en todo el cuerpo, perforaciones en el rostro y la cabeza con material contundente y señales de estrangulamiento. De este lamentable hecho queda un menor de 5 años de edad huérfano. EPIFANIO había sido amenazado por las milicias de las Farc por defender la autonomía, el plan de vida y el gobierno indígena, posición que defendía con valor en los debates.
 
Los señalamientos, el asesinato selectivo de líderes, autoridades tradicionales, sabios espirituales, amenazas, hostigamientos, persecuciones y toda clase de atropello son una constante por parte de todos los actores armados que hacen presencia en el territorio. Ante esta tragedia que enluta a la ACIN, las comunidades, las autoridades tradicionales, docentes y familiares, la ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA ACIN – CXHAB WALA KIWE, el CABILDO DE LA CILIA LA CALERA, el TEJIDO DE EDUCACIÓN ACIN, rechazan, condenan y repudian el vil asesinato cometido contra el docente indígena.
 
 – Viernes 14 de marzo de 2014.  Liliana Quiguanas de 26 años de edad era madre soltera de una niña de 7 años y un niño de 5.  Cuando Liliana salió a la tienda a buscar víveres para la comida, hacia las 4 de la tarde,  se inició un hostigamiento desde la vereda Gallinazas de Tacueyó hacia el barrio Belén del centro poblado, donde también se encuentra acantonado el Ejército, Liliana recibió el primer disparo en la espalda lo que le causó la muerte casi de manera inmediata. En lo que va corrido del año, dos mujeres Nasas han sido asesinadas por los grupos armados en Tacueyó, Viky Yuliet Soto de la vereda la Susana asesinada el 20 de enero y ahora Liliana Quiguanas.
 
Liliana desde finales del año 2013 se había desplazado de la vereda Buenavista del resguardo de Tacueyó hacia el barrio Belén del  centro poblado, salió de la vereda huyéndole a los hostigamientos que se dan en la vereda Buenavista, donde está ubicado el ejército de manera permanente, sentía mucho temor ya que su hijo de 5 añitos tenía que pasar por donde estaba el ejército para ir a la escuela, para protegerse de los riesgos del conflicto salió de su comunidad.
 
La autoridad de Tacueyó ha solicitado y exigido el retiro de la fuerza pública tanto de la vereda Buenavista, como del barrio Belén del centro poblado de Tacueyó, solicitud que no se ha hecho efectiva. Debido a estos hechos el cabildo hizo efectiva la exigencia del retiro definitivo de la fuerza pública del centro poblado de Tacueyó y también retuvo a tres milicianos quienes son investigados por generar daños y desarmonía en el territorio.
 
Estas comunidades exigen, de manera contundente, a la guerrilla de las FARC – EP detener toda acción intimidatoria y de violencia en contra de las comunidades y personas que laboran en la estructura de la ACIN.
 

Exige a los miembros de la Fuerza Pública respetar el ejercicio del gobierno indígena, las actividades humanitarias de la guardia indígena y el respeto a los territorios ancestrales y, exhorta vehementemente a los organismos humanitarios, de derechos humanos y órganos de control del Estado para que acompañen, se pronuncien y actúen contra el exterminio sistemático del que esas comunidades son víctimas.
 
Para finalizar, queremos presentarles el derecho de petición enviado por el Padre Javier Giraldo al Presidente Juan Manuel Santos el 13 de marzo del año en curso, en el que reitera la solicitud de ordenar  la entrega, sano y salvo, del joven BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, así como otras demandas expresadas en los 12 derechos de petición  que le ha dirigido el Padre Giraldo al primer mandatario y Comandante jefe de las Fuerzas Militares de Colombia desde el 3 de noviembre del 2010.
 
Frente a los hechos anteriormente presentados, solicitamos la colaboración de los organismos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos para que se realicen las acciones permitidas por el Derecho Internacional a favor de la no sistematicidad y no repetición de violaciones a la dignidad humana en Colombia.
 

Agradecemos su amable atención,
 Andrea Proietti

Presidente Rete Colombia Vive! A nombre de los miembros de la Red y de su  Consejo Nacional:
Abogado Francesco Tartini (Treviso), Giuseppe Coscione (Genova) y Simona Fraudatario (Roma).
 

 rte Penal Internacional
Exp. OTP-CR. 266/07
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso 12325
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia

 

P.D. El derecho de petición mencionado se puede consultar en http ://cdpsanjose.org/?q=node/309

Al responder citar fecha y asunto de la AU

 

Con copia a:
Presidencia de la República de Colombia
Vicepresidencia de la República de Colombia
Ministro de la Defensa
Ministro del Interior
Ministro de Justicia y del derecho
Fiscal General de la Nación
Defensoría del Pueblo
Departamento de Policia Urabá
Comando de la Brigada XVII