DENUNCIA PÚBLICA: ¿Cómo es posible que la institucionalidad de Medellín pretenda ordenar la totalidad de un territorio en el que ni siquiera tiene el control y desconoce sus dinámicas sociales y económicas?

 
EL NODO ANTIOQUIA DE LA COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS – CCEEU- Y EL PROCESO SOCIAL DE GARANTÍAS ANTIOQUIA
 
Ante los graves hechos de intimidación, constreñimiento y amenaza contra la vida de varios líderes y lideresas en la ciudad que actualmente están encabezando procesos sociales de seguimiento a la gestión y ejecución de megaproyectos implementados por la Alcaldía de Medellín en varias comunas de la ciudad: 
 
Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que mientras se formula y aprueba un plan de ordenamiento territorial (POT) en la ciudad, que define los usos del suelo y la forma de ocupación del área urbana y rural hasta el año 2030, en los barrios de Medellín, perviven y accionan grupos paramilitares, combos y bandas que controlan efectivamente la construcción y ocupación de viviendas, decidiendo quien puede habitar los territorios, controlando los negocios, extorsionándolos, impidiendo la libre circulación de los ciudadanos por el territorio, desplazando en áreas de intervención urbanística, controlando el valor de los lotes y arriendos; constriñendo a los líderes barriales, esclavizando sexualmente a niños y niñas entre otros hechos.
 
Denunciamos que en las últimas semanas, se han presentado en la ciudad serias amenazas que ponen en riesgo la vida e integridad de líderes de distintos barrios y comunas, coincidencialmente en sectores donde se ha proyectado o está en ejecución la construcción de obras de infraestructura importantes y justo en el tiempo en que la definición del Plan de Ordenamiento Territorial se encuentra en su recta final. 
 
Denunciamos que en los territorios donde se proyectan megaproyectos urbanísticos se acrecienta el control  territorial de los grupos armados ilegales y que éstos son muchas veces tenidos en cuenta para poder llevar a cabo las nuevas construcciones; mientras que frente a la comunidad, no solo no se garantiza la participación política como principio en el Estado Social de Derecho, sino que en ejercicio de este derecho se estigmatiza y se señala a líderes que preocupados por las disposiciones urbanísticas contenidas en el POT, expresan suspropuestas alternativas al amparo de normas superiores como la Constitución Política y apoyadas técnicamente desde la academia y políticamentepor las comunidades. 
 
En Medellín, los ciudadanos tienen que enfrentar y vivir día a día el conflicto urbano; quienes son  perseguidos tras los señalamientos de la institucionalidad; sometidos a la violencia de grupos armados y a la violencia institucional que no respeta la diferencia, no tolera el debate público abierto con las comunidades organizadasy desconoce la construcción democrática que debe privilegiar un instrumento como el POT.
 
¿Cómo es posible que algunos concejales de Medellín llamen a la participación democrática en pro del desarrollo equitativo, pacifico e integral en la ciudady a los ciudadanos que levantan su voz se les denominafascinerosos y pseudo-comunistas?, ¿Por qué ante los cuestionamientos y preocupaciones de los ciudadanos el alcalde de la ciudadlos tilda de “fuerzas oscuras de las comunas” o “enemigos gratuitos”?, ¿cómo es posible que la administración municipal haga planeaciones estratégicas en la ciudad a pesar del conflicto urbano que vivimos?¿Cómoexplicamos la ejecución de proyectos estratégicos en zonas que tradicionalmente han sufrido los impactos directos del conflicto armado, y donde la institucionalidad ha sido incapaz de brindarles seguridad a sus habitantes? ¿Cómo explicarnos que hasta el momento ni la Alcandía de Medellín, ni la Defensoría del Pueblo ni su Sistema de Alertas Tempranas hayan rendido cuentas sobre las acciones y responsabilidades emanadas del informe de riesgo 008 del 2013 y de la alerta temprana emitida por el Ministerio del Interior el 12 de abril de 2013, donde se le recomienda a la Administración Municipal intervenciones específicas sobre territorios de la ciudad mucho de los cuales hoy día son impactados por megaproyectos? ¿Cómo se está concertando el POT con esas comunidades? ¿Cómo van ls investigaciones para búsqueda y exhumación de cadáveres donde se ha denunciado o hay indicios de la existencia de fosas comunas, como lo recomienda dicha alerta temprana? 
 
Ante este panorama exigimos mayor atención por parte de la institucionalidad y la sociedad al conflicto urbano relacionado con el accionar de grupos paramilitares y bandas en Medellín. Es urgente un compromiso real de la institucionalidad en la protección y respeto de los derechos humanos de la población incluidos la libertad de expresión, la libre circulación y la libre asociación para la exigencia de sus derechos.
 
Exigimos acciones positivas, reales y verificables de parte de la institucionalidad que conduzca a la protección de los líderes barriales, comunitarios y sociales para el desempeño de su labor, y exigimos se abstenga de señalar, estigmatizar y poner en riesgo sus vidas.  
 
Exigimos a la administración municipal respeto a las comunidades organizadas y una acción más eficaz que logre controlar y desmontar las estructuras criminales que gobiernan la vida y ordenan los territorios en la  ciudad. 
 
Demandamos del Ministerio de Interior seguimiento a la Alerta Temprana emitida el 12 de abril a partir del informe de riesgo 008 del 2013.
 
Exigimos a la Alcaldía d Medellín, a la Defensoría del Pueblo, al Sistema de Alertas Tempranas una rendición de cuentas sobre los avances de las recomendaciones de la Alerta Temprana emitida el 12 de abril a partir del informe de riesgo 008 del 2013.
 
Con copia.
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA: 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co
comunicacionesvp@presidencia.gov.co
 
PROGRAMA  DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIH:
ppdh@presidencia.gov.co
 
JUAN CARLOS PINZÓN
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co 
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co 
 
JUAN FERNANDO CRISTO.
Ministro del Interior
Carrera 9a. No. 14-10 – Bogotá, D.C.
e-mail: ministro@minjusticia.gov.co
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820
 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN:
cap@procuraduria.gov.co
quejas@procuaraduria.gov.co
 
JORGE ARMANDO OTALORA
Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (+571) 640.04.91
Email:  secretaria_privada@hotmail.com,agenda@agenda.gov.codefensoria@defensoria.org.co
 
Defensor Delegado para la Prevención deRiesgos de Violaciones de DDHH y DIH. SAT
JORGE ENRIQUE CALERO CHACÓN 
Correo electrónico: sat@defensoria.org.co
 
Personería de Medellín
Rodrigo Arcila
Dirección: Centro Cultural Plaza la Libertad Carrera 53A No 42 – 101, contigua al Centro Administrativo La Alpujarra.Medellín, Colombia.
Tel: +57 (4) 3849999 Fax: +57 (4) 3811847
E-mail: info@personeriamedellin.gov.co
 
Sede Unidad Permanente para los Derechos Humanos
Dirección: Carrera 52 No 71 24 1er piso,
frente al Parque de los Deseos, cerca de la Estación del Metro Universidad de Antioquia, Colombia.
Tel: +57 (4) 3849999 ext. 304