Que el Concejo de la ‘Despensa Agrícola’ haya dicho “no” a la consulta popular minera marca el inicio de la defensa de los derechos de los cajamarcunos. El cabildante Gerardo Arciniegas, el único que votó por el sí, asegura que ahora los campesinos que sienten les quitaron un derecho constitucional buscarán otras medidas para hacer respetar y proteger su pueblo. 

 
Como un atentado contra la democracia es tildado por ambientalistas y algunos habitantes de Cajamarca que 10 de los 11 concejales hayan hundido la consulta popular minera. Desde ya estudian la posibilidad de instaurar tutelas, acciones populares, demandas al Estado y hasta buscar ayuda internacional.
 
Según Jimmy Fernando Torres, representante legal de Conciencia Campesina, con esta negativa el Cabildo le negó a la comunidad una de las opciones que tenía de manifestarse en contra o a favor de un proyecto a gran escala como el que pretende adelantar Anglogold Ashanti, por lo que tendrán que tomar otras medidas, en la cuales no se descarta un referendo por el ambiente.
 
“Vamos a buscar apoyo internacional para denunciar lo que está pasando en Cajamarca y Colombia en temas ambientales”, argumentó al señalar que los concejales desconocieron la ley y violentaron toda la esencia de la democracia participativa contemplada en la carta magna.
 
Evelio Campos, coordinador General de Ecotierra, por su parte, dijo que en 2016 con un nuevo alcalde y concejales volverán a  insistir con este mecanismo de participación ciudadana. 
 
“Cajamarca se ha distinguido por ser un pueblo gallardo, que se apega a lo legal; pretendemos hacer una nueva consulta el próximo año”.
 
Renzo García, ambientalista e integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima, agregó que  lo que viene de ahora en adelante es un incremento en los procesos de capacitación de las comunidades en los temas de impactos sociales y ambientales de la minería a cielo abierto, porque “sabemos que la población  seguirá movilizándose porque ha venido entendiendo que son mucho más importantes las actividades agropecuarias, la defensa del agua, la vida del territorio y la implementación de proyectos productivos que no amenacen los derechos de las comunidades y la naturaleza”.
 
Lo dicho por los ambientalistas concuerda con lo expresado por el concejal Gerardo Arciniegas, el único que le dio el “sí” a la consulta, hundida en una sorpresiva sesión adelantada el pasado viernes. Para el cabildante, con lo sucedido empieza la verdadera pelea por la defensa de los derechos de los cajamarcunos a vivir en un ambiente sano.
 
Defienden el “no”
 
Pese a las críticas generadas por haber votado negativamente, el presidente del Concejo, Ángel Bejarano, se mantiene en que fue una decisión acorde a la normativa, teniendo en cuenta las consultas a los organismos gubernamentales y haciendo un estudio serio y ajustado a la Constitución lo que le llevó a determinar que “no es competencia de nosotros, en ese orden de ideas, el concepto le corresponde al Presidente. Nos ceñimos a lo que dice la Ley 136 y a las autonomías que nosotros tenemos”.
 
Entre tanto, el concejal Ervin Valencia mencionó que su voto obedeció a los conceptos que siempre lo han convencido de estar en contra de esta consulta, para él promovida por un candidato a la Alcaldía irresponsable que se ha dedicado a través de las redes sociales a hacerle matoneo al Cabildo.
 
“Viendo todos los conceptos que me daban la Contraloría, la Procuraduría, el Ministerio de Minas y el mismo Gobierno nacional donde nos dice que esto es un proyecto de interés nacional y donde el único competente para convocar a una consulta popular es el Presidente, voté en contra, y vamos a enviarle este concepto y a pedirle al Mandatario de los colombianos que se apersone del tema y que si hay que hacer una consulta popular, que sea él el competente”.
 
“Yo tomé mi decisión basado en los sustentos jurídicos, y le pregunto a los señores ambientalistas ¿dónde acompañaron al Alcalde y a los concejales de Piedras, a quienes fueron y los involucraron en lo mismo que querían que nosotros cayéramos y nunca volvieron a prestarles un apoyo?”, acotó.
 
Cuestionan transparencia en el Concejo
 
Que la mayoría de los concejales de Cajamarca hayan dicho “no” a la consulta, bajo el concepto  de que la competencia para definir asuntos mineros la tiene el Gobierno nacional es para los promotores de la iniciativa, una falacia, porque dicho ente tiene la potestad de decidir si se hace o no una consulta de este tipo.
 
“Considero que es un error indiscutible cuando uno ve – en menos de cuatro minutos- que 10 concejales  sacan su postura y algunos de ellos casi que tienen que leer en que se ampara su negativa y realmente son argumentos precarios, ambiguos que no tienen ninguna justificación de peso”, comentó Renzo García.Mientras que el coordinador general de Ecotierra, Evelio Campos, sostuvo que la negativa por considerarla inconstitucional obedece a “cosas oscuras” y la injerencia que la multinacional ejerce en algunos miembros del concejo municipal, “que tienen convenios, hijos trabajando en la empresa, que han recibido ayudas y contratos en los invernaderos locales, por eso creemos que están impedidos para tomar una decisión acorde a las necesidades de la comunidad”.
 
“Si este mecanismo democrático fuera inconstitucional ya habrían demandado al Alcalde y concejales de Piedras y estarían en la cárcel el tribunal contencioso administrativo, el registrador nacional y departamental por haber permitido una consulta. Entonces creemos que fue una decisión negada por fuera de la normatividad existente”, refirió.
 
Sumado a ello, adujo que están hablando con asesores para que se abra una investigación frente al proceso adelantado por la Corporación municipal.“Tenemos los videos, los acuerdos y vamos a pedir las actas y los acuerdos preliminares, porque los concejales no llegaron al recinto a debatir si era viable o no, llegaron con un documento hecho en Ibagué el día anterior y de una vez 10 dijeron que era la proposición y aprobaron en cuatro minutos, es decir, que eso se venía cocinado”, dijo Evelio Campos.
 
No solo él cuestiona la transparencia en el actuar del cabildo, también lo hace el Representante Legal de Conciencia Campesina al poner de manifiesto unas inconsistencias antes y durante la audiencia en que se hundió la consulta, como fue una supuesta reunión sostenida por siete concejales en casa del exalcalde Plinio Valencia, quien estuvo presente durante la sesión definitiva, y la familiaridad evidenciada entre los concejales y funcionarios de Anglogold Ashanti.“Además de ello, desde un principio las organizaciones y universidades como Los Andes, El Rosario y Nacional les han traído expertos al Concejo para explicarles sobre la consulta popular y ellos hicieron oídos sordos a ese tema, pero sí escucharon a exministros traídos por exalcaldes, cogieron la línea que no era”.
 
A esto se suma que desde que el alcalde Luis Evelio Gómez presentó la solicitud al Concejo sobre la posibilidad de una consulta popular varios de los cabildantes se habían mostrado comprometidos con esa convocatoria, pero a último momento cambiaron su postura, de acuerdo con habitantes de la zona, lo que lleva a los ambientalistas a sacar sus propias conjeturas, y a algunos hasta a decir que la negativa se venía venir desde que la multinacional envío una carta al Concejo anunciándole que reduciría su presupuesto en un 50 por ciento, tras la incertidumbre que generaba el posible desarrollo de la consulta minera.
 
Y es que ni el concejal Gerardo Arciniegas, el ‘rebelde’ en este caso, comprende porqué sus compañeros dicen que este tema no es su competencia: “Yo voté por el sí porque la Constitución reza que es un derecho que tiene la comunidad de elegir por temas que los beneficie o perjudica en su región”.A la vez que agregó: “No sé cómo duran diciendo dos meses que sí era facultad la consulta y en los dos últimos días la Constitución se les cambió y dijeron que no era factible. Todo el tiempo hubo concejales que decían que iban a votar por la consulta y de un momento para otro cambiaron.
 
No sé si fue que les cambiaron la ley que leían y resultaron diciendo que no era válida y que era de autoridad del Presidente, o si fue que los dos últimos días cogieron la constitución al revés”.
 
Lo qué dice el concepto jurídico
 
EL NUEVO DÍA habló sobre el particular con Diana Rodríguez, abogada, economista e integrante principal del Centro de Investigación de Justicia en Bogotá.
 
Abogada, ¿los argumentos dados por el Concejo de Cajamarca al hundir la consulta popular son valederos? Los concejales tienen el derecho de votar por el no, pero es incorrecto decir que es solo el Gobierno nacional quien puede hacer consultas populares en temas de la minería.
 
Hay una norma muy clara que es el artículo 33 de la Ley 136 que dice específicamente que en casos de minería donde esta actividad amenace con hacer un cambio en el uso del suelo y cambiar las actividades tradiciones de un municipio, se deberá hacer una consulta popular, entonces esa norma dice claramente que no es facultativo la opción de los concejales de hacer una consulta sino que deberán hacerla. 
 
¿Entonces los concejales están facultados? Es muy claro que sí, ellos son por la Constitución los encargados de determinar los usos del suelo y además estas normas son específicas en decir que tienen la potestad para hacer una consulta popular en temas mineros.
 
¿Se apresuraron en la decisión? Tal vez se apresuraron y no quisieron o no se tomaron el  tiempo de indagar estas razones legales y constitucionales. Yo creo que si ellos deciden no votar por la consulta popular eso es una cosa, pero no votarla argumentando que porque es potestad del Gobierno nacional es incorrecto.
 
¿Fue un atentado a la democracia, como dicen los ambientalistas? Creo que lo que es muy claro es que en Cajamarca había un deseo de la comunidad de llevar a cabo una consulta popular, hubo marcha frente al Concejo, se habían manifestado muchas personas y organizaciones y no hacerla es no conceder lo que está pidiendo la ciudadanía, sobre todo porque dar la votación de esta semana no era con respecto a tomar la decisión de la pregunta sino darle la opción a los ciudadanos de manifestarse, que era lo que estaban pidiendo.
 
REDACCIÓN EL NUEVO DÍA
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