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Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no es efectiva

Agencia de Noticias UN- Tras dos años de vigencia, hay cuestionamientos sobre la aplicación y los resultados de esta ambiciosa normativa. Una de las críticas es que no cubre a todas las víctimas en 54 años de conflicto.

La ley, que fue expedida en el año 2011, era una medida esperada por muchos sectores para avanzar en la reparación y el reconocimiento sobre lo que ha ocurrido en el país acerca del desplazamiento de campesinos y agricultores en los centros rurales.

Javier Medina, coordinador del Equipo Tierras y Derecho al Territorio del Centro de Investigación y Educación Popular – Programa por la Paz (Cinep/Ppp), expresó al programa UN Análisis* de UN Radio que la ley reconoce los derechos de las víctimas, pero los limita a unos periodos de tiempo y a unas circunstancias fácticas muy específicas, de tal forma que la reparación que contempla solo puede ser desde 1985 y en el caso de la restitución solo desde 1991”.

De acuerdo con la mirada amplia del contexto colombiano, evidenciada en el Informe “Basta Ya”, la medida no cubre en su totalidad a las víctimas de un conflicto que lleva décadas (aproximadamente unos 54 años, incluyendo el periodo denominado “La violencia en Colombia” desde sus inicios).

Por esta razón, los expertos han considerado grave el alcance de la iniciativa, que tampoco coincide con el periodo de despojo de tierras, teniendo en cuenta que la actuación de los grupos paramilitares viene desde antes de 1991.

Al respecto, Martha Nubia Bello, profesora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia e investigadora del Centro de Memoria Histórica, señaló: “La ley es un avance significativo, en términos de explicitar y hacer un reconocimiento de los derechos de las víctimas, y de la existencia de un conflicto degradado”.

No obstante, señala Bello, tropieza con enormes dificultades para poder hacer realidad los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. “Por ejemplo, la misma institucionalidad que ha creado la iniciativa con limitaciones de orden burocrático, que hace lentos los procesos y las necesidades urgentes corresponden en plazos largos, además de un sistema de registro que no opera satisfactoriamente”.

Los expertos coincidieron en que los problemas más graves de la norma son aquellos en términos del contexto sociopolítico y socioeconómico que el país todavía mantiene.

Según ellos, la vigencia del conflicto armado, una criminalidad cada vez más compleja y que no da tregua, la tenencia y uso indebido de la tierra y las limitaciones a la participación política, entre otros aspectos, inciden en que la ley no se cumpla en su totalidad con los propósitos que se han trazado.

Óscar Useche, sociólogo, economista y profesor de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, precisó: “Existe la sensación de que las fuerzas de la guerra siguen muy activas, especialmente de aquellos que despojaron a los campesinos, porque se han creado los grupos antirrestitución, los cuales tienen un vínculo muy directo con los antiguos movimientos paramilitares y atacan a aquellas organizaciones campesinas que se han unido para que la restitución sea efectiva”.

Según estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica, en regiones como Córdoba, Montería y distintos territorios del país, las víctimas siguen manifestando las intimidaciones, persecuciones y asesinatos de varios reclamantes de tierras o voceros de diferentes organizaciones o grupos de víctimas que buscan la aplicación de la ley. Por ende, se cohíben a la hora de exigir el cumplimiento de la misma.

A su vez, Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, indicó que, de acuerdo con estudios realizados por su organización (uno sobre las primeras 150 sentencias que habían proferido los jueces de restitución de tierras y otro sobre 372 sentencias), se ha logrado la restitución del 1,7% de un total de 3.500.000 hectáreas que se deben reponer en Colombia. Igualmente, se sabe que el 70% de las 57 mil solicitudes registradas en la Unidad de Restitución están represadas por falta de microfocalización.

En cuanto a lo positivo, Vega agregó: “El 96% de los fallos han sido emitidos a favor de las víctimas, y hoy se discute un proyecto de ley solicitado por el Gobierno de Santos para que la restitución se pueda tramitar por vía administrativa”.

Por su parte, Carmen Palencia, presidenta de la Asociación Nacional de Víctimas por la Restitución y el Acceso a Tierras “Tierra y Vida”, reconoció que la ley es un gran esfuerzo para tratar de volver la tierra a la gente.

Sin embargo, precisó: “En cuanto a su aplicación consideramos que el proceso ha sido demasiado lento y no ha sido efectivo en lugares donde la ley podría darse de manera colectiva y mucho menos en casos de restitución administrativa. Estamos preocupados y lo hemos dado a conocer al Presidente, porque a este paso no va a ser lo que esperábamos los reclamantes, consideramos que van necesitarse unos treinta años más para la restitución total”.

Según esta Asociación, la restitución de quienes han terminado sus procesos ha sido incompleta, porque no se les ha brindado apoyo como exige la Ley, además de proyectos productivos, vivienda rural y seguridad de las personas.

Los victimarios todavía tienen ocupaciones del resto de la tierra y algunos restituidos no se atreven a regresar porque hay posesiones de quienes los despojaron y continúan merodeando e intimidando a los verdaderos dueños de las tierras.

Finalmente, Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), aseguró: “La actual normatividad es corta frente a lo que se necesita para garantizar los derechos de las víctimas; por eso, se debe hacer una evaluación de los instrumentos institucionales, porque hay un conjunto de leyes que en el contexto no pueden quedar olvidadas y debe haber una integración institucional”.

Bogotá D. C., may. 05 de 2014 –

*Escuche nuevamente el programa en el link: http://www.unradio.unal.edu.co/detalle/cat/un-analisis/cy/2014/cm/4/article/ley-de-victimas-y-restitucion-de-tierras-1.html.